N ° 38
Buenos Aires, octubre 10 de 1999.-
El buque casino desato la polémica entre las autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires. Estas últimas alegan que por su constitución les corresponde la jurisdicción sobre el Río de la Plata y el monopolio del ‘juego’. Olvidan que la Constitución Nacional está por sobre la local. Es grave que Fernando de la Rua (quien según parece va a ser el próximo presidente) esté generando un conflicto institucional por partidismo y electoralismo.
Un reconocido constitucionalista como Gregorio Badeni, que ha cuestionado publicamente a la administración de Carlos Menem en numerosas oportunidades, descalifico duramente la actitud de las autoridades porteñas.
El argumento más importante del gobierno porteño es que por el artículo 50 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires “La ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión..........”
¿Porqué entonces han admitido la continuidad de la concesión del Hipódromo de Palermo? Las carreras por apuestas no parecen ser ni juegos de azar, ni destreza. Tal vez porque corren los caballos de Melchor Posse.
Los juegos de azar y destreza son actividades lícitas, por lo tanto mal puede aceptarse que la Ciudad pretenda monopolizarla. La Constitución Nacional (art.14) garantiza a todos los ciudadanos desarrollar actividades, industrias lícitas. Ni siquiera la ya vieja monopolización en el ámbito nacional es constitucional, si el juego fuera una actividad restringida al ámbito estatal los constituyentes hubieran expresado que era una de las fuentes de rentas en el art.4, como pusieron las rentas postales.
Igualmente hay que señalar que la Constitución porteña sancionada hace solo 3 años es un mamarracho y su artículo 50 muestra que piensa la Alianza de las privatizaciones. Ni siquiera la admiten por vía de concesión.
¿Si el juego es ‘malo’ porqué el estado se reserva el monopolio? La furia antimenemista dio amplia mayoría a la Alianza en la Asamblea constituyente porteña. Tengo claro que los porteños aun ignoramos el desastre allí aprobado, del cual el art. 50 es el botón de muestra.
Crearon el Estado Jugador. Ya tuvimos el telefónico, el petrolero, etc. pero algunos parecen no haber aprendido. ¿Cual es la razón para prohibir esta actividad por el sector privado? Ninguna, porque si es malo el juego por sí mismo, peor es que el estado sea el regente del juego.
Un ejemplo claro en igual sentido es la experiencia de la provincia de Misiones. Los primeros gobiernos de la democracia fueron radicales y explotaban los casinos provinciales a pérdida. Subvencionaban el juego. En 1991 resulto electo Ramon Puerta y privatizo todas las empresas del estado y actividades ajenas a sus funciones, el radicalismo se opusó a privatizar los casinos provinciales que perdían plata.
Volvamos a la prohibición de los casinos en Buenos Aires. Toda prohibición de actividades comerciales, industriales, etc. lícitas en cualquier lugar y momento de la historia ha traído corrupción y mafias. La consecuencia directa de prohibir la existencia de casinos en la ciudad de Buenos Aires ha sido la existencia de casinos y garitos ‘clandestinos’.
Para ser clandestino y operar todo grupo capitalista necesita corromper a alguien, o a muchos. Cuando en los EE.UU se sancionó la Ley Seca prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, nació la mafia de Al Capone. La mafia existía, pero la prohibición la reforzó, le dio un negocio multimillonario cuyas rentas permitieron a Al Capone corromper a casi toda la estructura estatal y policial de muchas ciudades y estados.
Lo mismo pasa con la droga cuya prohibición ha traido un problema más grave que el propio consumo de la droga. La mafia de los narcotraficantes es mucho más dañina. Su poder económico corrompe todo, y lo que no lo mata.
Las otras razones argumentadas en cuanto a los perniciosos efectos del juego resultan propias de socialistas. De aquellos que creen que necesitamos de “su protección” para no jugar. Lo cual me lleva a pensar para que existe al mayoría de edad, o como nos dejan votar en las elecciones a ciudadanos que no sabremos conducirnos porque exista un casino. Si somos tan inimputables mejor no nos dejen votar.
Ya estamos grandes por favor de paternidad estatal hemos tenido demasiado.
La Alianza se hace la “moralista” con el juego, cuando ha permitido la prostitución en las calles.
Ni que hablar de los empleos que se generan por la inversión de una compañía privada que pagará un canon por explotar el buque casino y los impuestos que correspondan. Mientras el juego clandestino no paga ni canones, ni impuestos, usa esos márgenes para corromper. La “prohibición” genera además dos efectos negativos adicionales ; quienes quieren jugar viajan a Colonia y dejan su dinero en Uruguay y además hace aparecer a los jugadores de un casino como unos depravados.
No existe una sola razón para que el Estado sea el explotador del juego, salvo que los políticos socialistas se sienten nuestros tutores. Hoy con el juego, mañana con nuestra libertad y patrimonio. Pero como describi antes brevemente lo más grave de esta conducta autoritaria es que causa corrupción de instituciones necesarias como la policía, la justicia, etc.
La política de prohibir actividades lícitas trae corrupción, mafias y evasión de impuestos. Derogar el art. 50 de la Constitución porteña sería un buen primer paso en la lucha contra la corrupción. Pero la Alianza cree en el Estado Empresario y Jugador.