N ° 34
Buenos Aires, septiembre 10 de 1999.-
En los años 70 la llamaron el Gran Acuerdo Nacional. En los 80 Alfonsín quería un pacto de la Moncloa en Argentina. Los años 90 Menem nos dejo descansar. Ahora Duhalde nos propone una nueva concertación y la Alianza le responde con su proyecto de concertación. Mientras Menem y su gabinete anuncian que vetarán cualquier ley ómnibus de tal tipo.
Cada vez que existe una crisis económica desde la aparición en la historia de las doctrinas socialistas los políticos proponen como solución, por lo general, “concertaciones, acuerdos sociales, New Deal, etc.” Es una forma de aumentar el poder de las burocracias y los políticos, de asegurar privilegios a empresas y sindicalistas, etc. Es decir exclusivamente a cuantos se sienten a concertar.
Los únicos que no estuvieron, ni estarán en tales acuerdos son los ciudadanos, contribuyentes, o consumidores, de cualquier forma que nos veamos. Es decir que nos dejan afuera a quienes deben pagar esos acuerdos. Entonces después quienes deben pagarlo se comportan de una manera distinta a la planificada en la concertación, y esta fracasa. Es que nunca en la historia una concertación venció al mercado.
Esos acuerdos nunca fueron solución, pero siguen siendo propuestos. Lo que más llama la atención es que muchos ciudadanos se ilusionan con ellos. Ilusión que luego será la medida de su enojo, desilusión con los políticos a quienes han dado su voto para concertar. Frente a una nueva discusión pública para una nueva “concertación”, la ciudadanía no tiene ningún motivo para esperar que ella sea una solución.
La solución es una economía de mercado. Son las restricciones a la propiedad privada, a manejarse por incentivos los obstáculos al progreso. La globalización es un hecho, como el descubrimiento de América, de nada sirve discutirla. Nos guste, o no, es así.
En el marco de la globalización la competitividad está dada por el menor lastre que cada empresa tenga. Es decir menos impuestos y menos regulaciones. Las regulaciones implican costos adicionales, socios no queridos (funcionarios, burócratas, sindicalistas, etc.), los altos impuestos son el costo del estado sobredimensionado. Es decir el estado dedicado a funciones que le son ajenas, a destruir los incentivos, etc.
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Un subtítulo de la “concertación” convocada por Eduardo Duhalde es el tema impositivo. La rebaja de impuestos sí es posible, todos los economistas y opinadores que se preocupan por el déficit fiscal, deberían pensar que él ya está y es con este IVA del 21%. Es como el análisis de Clarín sobre el Plan Canje la semana pasada sosteniendo que el Estado había “perdido” 100 millones de recaudación, cuando debería haber calculado cuanto cobro gracias al incremento de las ventas.
El otro subtítulo es el tema de jueces y procedimientos especiales para “perseguir evasores y cobro de impuestos”. A lo cual De la Rua se sumo con el spot publicitario de respuesta. Es una vergüenza que los dirigentes políticos crean que deben existir “jueces” a favor del estado, o que se puede montar un sistema tributario represivo.
Los jueces están, o deberían estar, para dictar justicia, y no puede haber justicia si no hay igualdad ante la ley y se pretende que los derechos del estado están por sobre los de los ciudadanos. Los jueces no están para defender al estado, para eso están sus abogados. Y los sistemas de impuestos exitosos son aquellos donde los ciudadanos pagan voluntaria y pacíficamente.