N ° 32
Buenos Aires, agosto 27 de 1999.-
Desde hace algunas semanas el Juez Baños ha expuesto a la luz ciudadana la causa que se investiga por el nombramiento de “ñoquis” en el ex Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre para los imputados se trata de una perversa maniobra política y electoralista.
Al comienzo los involucrados señalaban al juez presionado por un grupo de radicales que habrían sido traicionados por Fernando De la Rua cuando asumió como Intendente de la Ciudad. Esos ex concejales serían los mismos que obtuvieron las cintas que demostraban que los hijos de don Fernando aprueban exámenes por teléfono, etc.
Ahora señalan que la Fiscal actuante y su esposo son militantes del Frepaso y que ello motiva esta persecución.
No sorprende a nadie que los imputados digan que es una maniobra política. Para los radicales que siguiendo al Frepaso han hecho de la denuncia penal una herramienta política contra el gobierno de Carlos Menem es una amarga píldora que ahora les toque a ellos estar en el banquillo de los acusados.
La razón de ello es que el primer imputado es su candidato presidencial Fernando de la Rua que tenía al jardinero de su quinta privada nombrado en el Concejo Deliberante y que una mujer que se acerco a pedirle remedios al Senado jamás los recibió, pero sus datos dejados para el “trámite” (vaya a saber cual) sirvieron para “nombrarla” y que alguien cobrara esos sueldos.
Para la ciudadanía era una sospecha fuerte que se usan “ñoquis” para financiar la política. Para políticos y periodistas es algo sabido y compartido. Claro que ya no resulta políticamente correcto y ahora todos se rasgan las vestiduras.
Pero estos indigestos ñoquis del ex Concejo Deliberante han generado una injusticia grave. El Juez Baños y la Fiscal cometen un error grueso al imputar y procesar a los ex presidentes del Concejo Deliberante o los secretarios administrativos. La comisión por omisión de los delitos imputados a Juan Trilla (un hombre de bien para cualquiera que lo conozca) y de Pico, etc. es una injusticia fruto de no animarse a imputar a quienes son los verdaderos culpables.
El presidente de un cuerpo legislativo no puede intervenir en la designación de los asesores y empleados de cada legislador, o concejal, porque significaría entrometerse en la vida interna de la política de otros pares. No puede imaginarse a un presidente de un concejo deliberante, o un parlamento, que pertenece al partido A decir si el legislador del partido B, o C, o Z, ni siquiera otro par de su partido, puede designar, o no, un asesor, o investigar cada nombramiento.
Significaría violar el funcionamiento de la democracia, por intromisión en los derechos de cada legislador. Por eso el procesamiento de las autoridades del ex Concejo Deliberante me parece injusto y arbitrario, contrario a derecho. Cada concejal o legislador debe ser responsable de cada nombramiento pedido y propuesto por él.
Para el futuro debería modificarse el sistema de designaciones de los cuerpos legislativos. Cada legislador debería recibir el dinero proporcional del presupuesto que le corresponde y decidir como gastarlo, así los empleados serían de cada uno de ellos, y se terminarían estas megacausas donde me temo al final todos terminarán afuera.
Tal vez haya que cambiar alguna propaganda electoral. Porque ahora no ni “ellos” tienen impunidad, ni solo “ellos” la pretenden. Y en cuanto a la causa penal por muchas consecuencias o motivaciones políticas que existan la investigación debe continuar hasta el fin en forma imparcial.
Finalmente un favor; que nadie se engañe en especial Juan Trilla es un hombre de bien que no merece esta injusticia. Tuve oportunidad de conocerlo cuando siendo Senador Nacional me vino a plantear una cuestión sobre temas de algunos empleados que dependían de mi en un ente público y desde que lo conocí supe claramente que estaba frente a un hombre que podemos no compartir políticas, o ideas, pero sin dudas es un hombre de bien.