N ° 26
Buenos Aires, julio 16 de 1999.-
Un sucinto relato de casos judiciales nos demuestra los doble estándares morales de nuestros jueces. Son casos donde el sentido común indicaría resultados distintos, o iguales reglas para ponderar un acto. O tal vez ‘resulta políticamente correcto’ cambiar la moral judicial según la persona, los medios de prensa y el gobierno de turno.
| |
| |
| |
|
En el número 6 de Argentina Days relate el caso del buque Nobistor que partió de Buenos Aires cargado de armas destinadas al Ministro de Defensa en el exilio de Ghana. Es decir armas destinadas a montar una revolución. Sucedió en una época que los medios de comunicación o eran estatales en su gran mayoría (radios y televisión), o en gráfica (diarios, revistas) dependían de la publicidad del estado. Eran los tiempos de Caputo, Sourruille, Jaunarena y Alfonsín.
Se ignora si existió investigación judicial. Por contrabando, falsedad ideológica, o los delitos que comprometen la paz de la Nación (art. 219). Solo se sabe que el Gobierno del Dr. Alfonsín logro ocultar el caso y acepto que el buque y armas fueran confiscados por el gobierno de Brasil a cambio de liberar a los argentinos que tripulaban el Nobistor.
Ahora el Juez Urso ha procesado al embajador Fernando Petrella, actual embajador ante Naciones Unidas por ocultar información en la causa de “contrabando de armas y falsedad ideológica de los decretos de la venta”. Ante todo quien conocen al embajador Petrella (ex Viceministro de RREE) sabemos que es un hombre de bien y honesto. Por eso el procesamiento nos sorprendió.
También está procesado otro hombre de bien, de indudable moral, como es Oscar Camilion ex Ministro de Defensa. Cualquiera que lo conoce sabe que es imposible imaginarlo a Oscar Camilion contrabandeando armas o impulsando un decreto falso.
Pero que luego de tantos años de investigación el Juez Urso solo haya procesado a Camilion y Petrella, sin todavía determinar si existió delito en esas exportaciones resulta difícil de digerir. Que este buscando indagar a los otros ministros que refrendaron los decretos y mientras tanto al Jefe del Ejército no lo haya indagado es otra muestra de la sinrazón de la investigación.
Para ser claros en el caso de las armas se exportaron entre 5.000 y 6.000 toneladas de armas, tres grupos de artillería completos. El General Balza es general de artillería, resulta difícil imaginar entonces que si hubo algún delito en tales exportaciones no haya tenido que ver en ello.
Un comentario no judicial es lo mal que funcionan nuestras carreras de mérito en la administración pública. Jeremy Moore y Julian Thompson dirigieron las fuerzas militares británicas en Malvinas en 1982, triunfando, pero un año después pasaron a retiro. Norman Schwarzkopf y Colin Powell dirigieron la Guerra del Golfo y triunfaron, pero una año después pasaron a retiro. Martín Balza era quien dirigía la artillería en Malvinas en 1982, donde fuimos derrotados, se le ‘fueron’ 5.000 toneladas de armas, tres grupos de artillería y sigue dirigiendo el Ejército Argentino.
Volviendo al tema judicial es claro que si las ventas de armas a Croacia y Ecuador fueron delito, mucho más lo era exportar armas a un grupo revolucionario como fue el caso del Nobistor. La diferencia es que jamás se investigo el caso del Nobistor y las ramas enviadas a Ghana para hacer una revolución. Que si existieran razones para procesar a Camilion y a Petrella, mucho más debería haberlas en el caso de quien dirige el Ejército Argentino.
Al ex juez Trovato lo condenaron a seis años de prisión por cohecho calificado. En otras palabras coima agravada por su calidad de juez. A la persona que lo coimeo a solo dos años. Para los jueces del Tribunal Oral y para la opinión periodística y políticamente correcta esta sentencia es ejemplar.
Para ser ejemplar deberían jueces, periodistas y opinadores considerar con la misma regla al coimeado y al coimero. Porque es grave que un juez acepte una coima, pero también pagársela. No puede haber un 200% de diferencia en la graduación de la pena y pretender que estamos ante una sentencia justa.
Es más desde el punto de vista ejemplificador con esta sentencia quienes pagan coimas podrán estar más tranquilos, Ahora saben que los funcionarios van presos y ellos no, que a los funcionarios les darán pensa del 200% más que a quien las paga. Mientras haya quienes pagan coimas y ello sea un delito cuya condena sea menor que la de quien la recibe, difícilmente triunfe en la lucha contra la corrupción.
Finalmente el Juez Leiva de Mendoza tiene procesado y pedida la captura de Raul Moneta y otros directivos del Banco de Mendoza por ‘subversión económica’. Delito creado para combatir la subversión y el financiamiento del terrorismo. Claramente para cualquier persona media que utilizara su cerebro razonablemente este delito no es aplicable a los directivos del ex Banco de Mendoza.
Además el delito de subversión económica podría ser aceptable en un régimen constitucional y económico filonazi o soviético. Pero en una democracia republicana y liberal, donde la economía se ha encaminado hacia un libre mercado (falta mucho para alcanzarlo, pero encaminados al fin) pretender aplicar esta figura delictiva es un dislate jurídico. El delito de subversión económica se halla establecido en una ley llamada de Actividades Subversivas (N° 20.840 de 1974).
Ahora la llaman ley de Seguridad Nacional, ya que durante el gobierno radical en 1984 por la ley 23.077 (defensa de la democracia) se derogaron los artículos que reprimían el terrorismo y se dejo subsistente solo las figuras de subversión económica. Clara demostración de la naturaleza socialista y por lo tanto autoritaria de la figura penal en cuestión, y por lo tanto contraria a la Constitución Nacional.
El Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la nueva Constitución de 1994 cuya naturaleza es corporativa y antidemocrática. Suena duro pero es así, porque los abogados y jueces tenemos doble voto, somos los únicos que podemos elegir a algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ello viola la igualdad ante la ley e introdujo un organismo de corte fascista en el sistema institucional de nuestro país.
La selección y remoción de jueces importa a todos los ciudadanos, los abogados y jueces no tenemos porque tener doble voto (eligen legisladores y luego votamos de entre nosotros representantes de abogados y jueces). Ello ha quitado sinceridad al sistema. Y nuestra Constitución de 1853 tiene tal conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la justicia que mando establecer el juicio por jurados. Institución que hasta hoy permanece sin cumplirse.
Para demostrar lo anterior el mismo Consejo de la Magistratura ha aprobado un reglamento por el cual los aspirantes a cargos judiciales tendrán ventaja si trabajan en la Justicia respecto de quienes trabajan en el sector privado. Es decir que la igualdad ante la ley, la idoneidad para ocupar cargos públicos y el espíritu liberal de la declaración de Derechos y garantías de nuestra Constitución una vez más han sido violadas por jueces, legisladores y otros miembros del Consejo de la Magistratura. Los abogados votaron en contra de tal prebenda.
Los nuevos nombramientos serán más de lo mismo, se ha postergado renovar la justicia. Pocas esperanzas tendremos los ciudadanos de tener una mejor justicia si todo sigue en las mismas manos.