N ° 23
Buenos Aires, junio 25 de 1999.
La salud pública y la educación son temas sensibles a toda la población.
Los políticos los explotan y se la pasan prometiendo mejoras. Pero tras todas
las actitudes existe una oculta, la de los primeros beneficiarios del sistema;
los directores, médicos, proveedores y otros vinculados a la gestión del
sistema de salud pública.
La semana pasada cuando Aldo Rico con sus groseras formas desnudo el tema
en el hospital municipal Larcalde de San Miguel la gran mayoría del periodismo
se dedico a atacar la supuesta privatización del hospital, el supuesto
patoterismo de Rico y a presentar a los médicos del hospital como sacrificados
discípulos de Hipócrates.
Mientras el pueblo de San Miguel en Hora Clave y en radios se pronunciaba
a favor de la actitud de Rico, denunciando que los médicos del hospital derivan
los pacientes que tienen cobertura a sus clínicas, o a clínicas privadas a
cambio de retornos, que los medicamentos y otros elementos del hospital se
venden en farmacias vinculadas bien conectadas con los directivos y médicos del
hospital, que se compran a pedido de los mismos médicos medicamentos que no se
utilizan (obviamente para revenderlos o utilizarlos en sus clínicas privadas),
que se inventan guardias y horas extras, etc.
Los medicamentos se compran en base a vademécumes escritos por los médicos
del hospital que los funcionarios deben aceptar, pero que no responden a las
patologías tratadas en los hospitales. Y todo ello sin entrar en la corrupción
de las derivaciones a clínicas a cambio de retornos, de la venta de los
medicamentos a farmacias, de los horarios reducidos de trabajo.
Los gobiernos deben bancarse que los médicos de hospitales públicos y
periodistas desinformados repitan que en los hospitales faltan medicamentos y
demás elementos. Claro que jamás alguien se fija quienes hacen los vademécumes,
como los medicamentos no se entregan o se venden afuera, etc. Los políticos no
se animan a tocar este tema porque temen que los pacientes y personas más
humildes queden rehenes de la pelea política. Estas verdaderas mafias
hospitalarias en la gestión de la salud pública, y de algunas obras sociales
sindicales, saben que tienen ese poder.
Además los gobernantes sufren el acoso de jueces que en general ignoran
todo sobre salud, protocolos médicos, y administración. Jueces que los imputan
cuando dejan de comprar algún medicamento pedido por algún médico, sin
importar si los medicamentos corresponden a protocolos aceptados, son realmente
necesarios, o no.
Para el periodismo es más sencillo el sensacionalismo de presentarse en
un hospital y mostrar a médicos “denunciando” que faltan los medicamentos,
etc. y se quedan con el facilismo de que no se compran por maldad.
Los médicos saben que pueden jugar con la salud de pacientes, con los
sentimientos lógicos de familiares y ciudadanos que ignoran la trastienda e
incendiar a los funcionarios públicos de turno. Por eso Rico tiene razón en
desnudar y atacar la mafia hospitalaria. Mí duda es si la solución no
reemplazará un problema por otro. La solución es introducir mecanismos de
gestión privados, auditables y que aseguren que la gente recibirá los
servicios.
El sistema necesita un cambio drástico. En beneficio de los que
necesitan esa atención, de los verdaderos médicos y enfermeras que trabajan
realmente a quienes podrían pagárseles mejores salarios, etc. Pero lo que es
ineludible es que hay que prepararse para una pelea donde las mafias
hospitalarias y de la salud pública” darán una pelea con falsedades y
tomando de rehenes a los pacientes.
No exagero, hace dos años un pariente mío tuvo un accidente de tránsito
en la provincia de Buenos Aires y fue internado de urgencia en un hospital
provincial en La Matanza. Los médicos estaban de paro y recorrían atronando el
hospital con batucadas sin importarles un bledo que pasara con los enfermos. Era
difícil aguantar tanto batifondo para mí que estaba sano, no quiero imaginar a
los enfermos. A mí pariente finalmente logré al menos trasladarlo porque de
atención médica ¡Minga! Lo único que debo agradecer es haberme salvado de
una fenomenal paliza cuando enfrente a los “médicos” protestando con su
batucada.
Estudié y evalué hace un año por cuenta de una gobierno provincial la
gestión de compra de medicamentos en sus hospitales públicos. La mayor parte
de las compras de medicamentos que pedían comprar los médicos no respondían a
ninguna patología hospitalaria. Gobernador y Ministro no podían saber que los
vademécumes eran erróneos. Es una cuestión técnica. Los investigadores de
campo, al igual que descubrí luego en otros conflictos públicos en la salud de
muchas provincias, me contaron como se derivaba a clínicas privadas todo
paciente con cobertura social sin que se recuperara la atención dada en el
hospital público.
Era
un cuento perverso que no podía comprender, hasta que descubrí que la mayor
parte de hospitales, farmacias y obras sociales están en manos de los mismos médicos
y farmacéuticos que integran las monopólicas asociaciones profesionales de
cada provincia.
Por
eso para cambiar esta verdadera usurpación de la salud pública se necesita
también persistir en desregular las actividades profesionales y buscar sistemas
de auditoría fiables, o de tercerización fiables. Además de ello es vital
enseñar a jueces y periodistas para que no sigan equivocándose por falsas
sensiblerías.