N ° 22
Buenos Aires, junio 18 de 1999.-
Esta semana el gobierno de la ciudad comenzó a mostrar las obras de su gestión. Eligió como muestra las nuevas estaciones de subterráneos de la línea D. Estas obras fueron licitadas y contratadas en 1987 por la administración de Facundo Suarez Lastra. La entonces estatal Subterráneos Buenos Aires estaba dirigida por Nicolás Gallo.
Si la memoria no me traiciona estas obras de la extensión de la línea D debían concretarse en un plazo máximo de 4 años. Es fácil comprender que el retraso de 8 años es para el radicalismo motivo de orgullo. Y no son ajenos a las causas del retraso, porque ya en el momento de adjudicar era claro que se trataba de un importante negociado. Pero la prensa televisiva y radial era estatal, los mayores anunciantes eran empresas de servicios públicos estatales y el propio estado nacional. Por lo tanto todo queda silenciado.
Igualmente jamás se aclaro nada de la muerte de dos obreros que fallecieron cuando se derrumbo parte del túnel en construcción. Igual que tampoco sabemos nada de los muertos en los recitales de Lopérfido, los tres jóvenes ahogados en el Lago de Palermo, y el ahogado en la boca de tormenta.
Cuando se adjudico la obra de extensión de la línea D al consorcio liderado por Roggio S.A. el único antecedente que tenían las empresas oferentes en construcción de túneles en zonas de tierra blanda se había desmoronado a los seis meses.
Subterráneos Buenos Aires (SBASE) debía contratar una consultora que auditaría los planos a presentar por los constructores. Como resultaba ganadora una consultora distinta de la “esperada” se anuló dicha licitación y se encargo al departamento de ingeniería de SBASE hacer esas tareas. Dicho departamento tenía solo dos ingenieros, que trabajando sin descanso formularon algo así como 1500 observaciones. Cuando las respuestas a ellas llegaron se les dio licencia y las respuestas quedaron validas en forma tácita ya que venció el plazo en el cual SBASE debía expedirse.
El consorcio de Roggio S.A. y Sánchez Granel S.A. tampoco cotizó el desplazamiento de las interferencias (mover caños de electricidad, gas, alumbrados, sanitarios, aguas corrientes, etc.) que constituyen alrededor del 50% de la obra.
Como última anomalía gruesa cabe destacar que en el precio cotizado se establecía un pago adelantado del 14% para construir los obradores. Esto hacía que por sí sola fuera la oferta más cara en términos financieros. Ello sin perjuicio de ser risible que los obradores costaran el 14% de la obra, salvo claro está que los obradores fueran la obvia mordida.
Como puede verse una joyita de proyecto y obra, financiada con un impuesto que establece una sobretasa en el impuesto inmobiliario a los vecinos de la ciudad para extensión de subterráneos. Sobretasa que los alcanzados han debido pagar por varios años demás gracias a la ineficiencia y corrupción.
Por eso cuando inauguran cada estación siento que De la Rua se está burlando y abusando del desconocimiento de los ciudadanos.