N ° 22
Buenos Aires, junio 18 de 1999.-
Brutalmente esta semana Aldo Rico desnudó la existencia de mafias médicas en la salud pública. Cuantos actúan en el sector salud conocen la existencia de ellas en las provincias y ciudades del interior. Básicamente en los hospitales públicos y obras sociales atienden mal, niegan la existencia de medicamentos y derivan a clínicas privadas que ellos mismo poseen.
Muchos políticos pagan el precio de esa mala atención sanitaria. Pero quienes más sufren son quienes la necesitan. Propietarios de farmacias venden los medicamentos y productos que se compraron con fondos públicos para hospitales. Porque médicos y directores de hospitales los venden a esas farmacias. Existen falsas guardias, horas extras, préstamo de legajos para incrementar los honorarios de guardias, etc.
Por años esas conductas han sido toleradas. Los médicos gozan además de una relación con la población por la cual se convierten casi en los brujos de la tribu. Son, al igual que los docentes, un tabú intocable. Y estas mafias dañan a miles buenos y sacrificados médicos que ejercen honorablemente su profesión.
Rico cansado de ello desnudó el tema. Lo hizo en forma brutal, exagerada, pero a la vista de la inmediata reacción del gremio de los médicos, la Alianza y hasta Hebe de Bonafini, solo se les adelanto. Jamás la izquierda va a aceptar que Aldo Rico pueda ser un intendente popular, que no es corrupto, y que ni siquiera puedan ligarlo a la represión del Proceso.
Todos se pusieron a denunciar la privatización del hospital, Rico la negaba, y remarco que no existe proyecto alguno al respecto. Pero igual el coro izquierdozo sigue hablando de la privatización. Lamentablemente para los vecinos de San Miguel ni siquiera Rico propone la privatización, porque la mayoría de los sectores donde nos quejamos de corrupción, malos servicios, curros diversos, etc. son aquellos donde se sigue administrando desde el estado, sin confiar a la eficiencia del sector privado.
Una vez más una jueza se entrometió en una decisión no judiciable, como es la reforma administrativa que Rico pretende realizar en el hospital Larcalde. A pedido del gremio y de los concejales minoritarios dicto una medida de no innovar pretendiendo que no pueda ser modificada la administración del hospital.
Quienes plantearon la demanda no son dueños del hospital, son meros empleados. La medida excede las facultades de la justicia, este poder no puede entrometerse en la decisión sobre como se lleva la política de la administración pública. Cambiar esas políticas es resorte del pueblo con el voto.
La jueza está sentando un precedente muy grave, porque hoy le toca a un intendente, mañana podría ser un gobernador, un presidente, y ¿porqué no? También a las empresas privadas.
La próxima semana voy a profundizar este tema de cómo los jueces, gremialistas y políticos sin votos se han aliado para obstaculizar las reformas que todavía necesitamos.