N ° 20
Buenos Aires, junio 04 de 1999.-
El vapuleado impuesto a los automotores, barcos y aviones para financiar al Fondo Docente viola el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. Existen críticas por las valuaciones, porque se calcula sobre otros impuestos, porque hay quienes pagan con desigualdad (propietarios de autos de más $ 20.000, o quienes pagamos bienes personales, etc.).
Pero su inconstitucionalidad, al igual que muchos otros fondos específicos, deviene de su naturaleza confiscatoria. El Estado no tiene poder, ni capacidad legal para sacarnos nuestra propiedad y dársela a otros. No es Robin Hood, la Constitución se lo prohibe. El impuesto previsto por el Fondo Docente es que lisa y llanamente que algunos debemos entregar, el 1 o 1,5% de nuestros automóviles, o nuestro dinero para otros.
No es un impuesto que va a rentas generales, que paga servicios indivisibles. Es dinero que el Estado a través de una ley formal, pero ilegal e ilegítima en su contenido, le quita a unos para dárselo a otros. Y eso es confiscación. Prohibida en el art. 17 de la Constitución, aún en tiempos de guerra.
No se trata de los cálculos inflados, de un impuesto sobre otros ya pagados, etc. Estamos frente a una confiscación. Hoy es un impuesto, mañana podría ser la reforma agraria, o de nuestras viviendas, o de nuestros depósitos y ahorros. La excusa es sostener la educación pública y mejorar el sueldo de los docentes, pero la excusa no limpia la naturaleza confiscatoria del impuesto en cuestión.
También se viola el art. 4° de la Constitución Nacional, ya que los docentes son empleados provinciales y municipales, no de la Nación. Por lo tanto este impuesto está destinado a proveer gastos de tesoros provinciales y municipales. El Congreso Nacional es incompetente para proveer con impuestos a un Tesoro distinto del Nacional según la recta lectura del art.4° citado.
La orden del Ministro del Interior, Carlos Corach por la cual se confiscarían los automotores de quienes no hubieran pagado este impuesto es otra barbaridad. La privación de la propiedad, o del uso de ella, debe fundarse en una sentencia judicial donde exista el derecho de defensa en juicio (art. 17). El Poder Ejecutivo no tiene esas facultades. Debería el Ministro del Interior dedicarse a los homicidas, narcotraficantes y delincuentes, no a los deudores impositivos. La policía la pagamos para protegernos del delito no para que nos persiga por impuestos impagos, ¿O vamos a convertir a la Policía Federal Argentina en una KGB, Gestapo, etc.?
El impuesto es confiscatorio y encima la administración amenaza privarnos de nuestra propiedad. Leyendo nuestra Constitución no encontraremos un solo renglón, o artículo donde exista alguna autorización para confiscar la propiedad de un ciudadano y dársela a otro.
Se dice que el impuesto debe ser pagado porque es una ley. Que sea ley formalmente no determina que sea una conducta moral. Los nazis tenían muchas leyes para perseguir a los judíos que habían sido formalmente bien sancionadas. ¿Pero podemos decir que una persona decente debía cumplir leyes así? Siempre podemos preguntarnos si las leyes tienen un contenido moral, o no. Si se ajustan al espíritu y contenido de la Constitución.
¿Podemos decir que es moral aceptar que se nos confisque nuestra propiedad a favor de otros? Eso se llama comunismo o socialismo.
Nuestra libertad y nuestros derechos individuales, en especial el derecho de propiedad, están siendo violadas y acosadas desde los organismos creados para su protección. Los políticos se aprovechan porque la mayoría de nuestros ciudadanos ignoran sus derechos constitucionales y la filosofía que la fundamenta.
Durante décadas se han violado los derechos individuales por políticos en el afán de satisfacer sus visiones populistas, o por su ignorancia económica. La mayor parte de nuestro pueblo recién comienza a despertar y conocer sus derechos y la filosofía que dio contenido a la Constitución Nacional, por eso aún tolera este tipo de impuestos.
Esta vez los políticos cometieron un error. Con este impuesto pueden despertar un debate donde el pueblo podrá empezar a conocer más de nuestra Constitución y del alcance del derecho de propiedad. Mientras tanto reitero que no existe ninguna disposición de nuestra Carta Magna por la cual nuestros gobernantes (los falsos Robin Hood) puedan confiscarnos ni un céntimo.