N ° 16
Buenos Aires, mayo 07 de 1999.-
Los políticos cuando no tienen coraje, o no saben, toman caminos discursivos e intentan demostrar que los ciudadanos olvidan puntos de vista importantes. Por suerte están ellos para advertirnos tales defectos.
Con el tema de la imputabilidad de los menores la izquierda y los sectores llamados “garantistas” señalan ciertos obstáculos para reducir la imputabilidad y encarcelar delincuentes menores de 18 años. Adicionalmente tratan de señalar que un endurecimiento de penas no traerá soluciones, ni es disuasivo. Y por fin como no podía faltar, alertan contra los potenciales peligros de volver a los excesos de la represión del proceso.
Quiero comenzar por el tema de los excesos del proceso y la posibilidad que se reiteren por endurecer penas. Es un sofisma comparar el terrorismo castrista y comunista, y el contraterrorismo de estado con reprimir delincuentes comunes. Es solo una argucia para no adoptar medidas claras y duras contra los delincuentes.
Pero por si carecen de memoria, en nuestro país a fines de los 60 y comienzos de los 70, el terrorismo y guerrilla fueron combatidos por vías judiciales y transparentes. Al momento de abrir las cárceles los políticos el 25 de mayo de 1973 prácticamente estaba desarticulada la guerrilla. Sus líderes y la mayoría de sus miembros estaban presos con sentencias ejemplares y habiendo tenido un derecho de defensa que ellos no les habían dado a sus víctimas.
Todavía nunca se midió, o investigo, cuanto tuvo que pesar en las mentes de los militares argentinos y muchos políticos desde 1975, el antecedente de la suelta de terroristas. La campaña de venganza iniciada por los terroristas entonces.
Lo que es seguro es que nada tiene que ver con la represión de delitos comunes.
En cuanto a que incrementar penas no va disuadir a los delincuentes es un error grave de apreciación. Pero por sobre todo es una afirmación no demostrada. Seguramente algunos delincuentes no dejarán de matar y robar por que existan penas más severas. Pero muchos otros se lo van a pensar muy bien, y seguramente no van a delinquir. En especial si las penas se aplican.
En cuanto a los tratados internacionales como la “Convención Mundial de los derechos del Niño” y el “Pacto de San José de Costa Rica de los Derechos Humanos”, Argentina no los necesita. Si dichos tratados impiden combatir el delito, asegurar la vida, el honor, la libertad y la propiedad de los ciudadanos argentinos hay que denunciarlos.
Nuestra amada patria ha sido precursora en la defensa de los derechos humanos, en proscribir y condenar la esclavitud, etc. Resulta inaceptable que para mostrarnos más “humanos” necesitemos de tratados como ellos. Tratados escritos por izquierdistas garantistas, que violan derechos individuales, como el de propiedad, etc.
Por cierto y lo veremos en la próxima newsletter esos tratados no tienen tango constitucional como se pretende. Es otro sofisma jurídico.