N ° 6
Buenos Aires, febrero 26 de 1999.-
La seguridad personal y pública es cada día un problema mayor en nuestra querida Argentina, en especial en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor que sus dos gobernantes aspiren a reemplazar a Menem, porque tal vez, y solo tal vez, decidan ampliar su éxito en el favorecimiento del accionar de los delincuentes a todo el país.
La seguridad se ha transformando en un tema de debate y angustia para los ciudadanos. Para muchos políticos y jueces es todavía un tema de los derechos de los delincuentes solamente.
Lo delicado de este tema es que hace a la razón de ser del estado como institución jurídica política. No quiero aburrir a nadie con lecciones de filosofía política pero los más grandes pensadores de las corrientes liberales gastaron ríos de tinta explicando que el hombre dejaba su estado de naturaleza y aceptaba vivir en una sociedad organizada para asegurar sus derechos esenciales (vida, libertad y propiedad) por ello se acepta la existencia del estado como institución que asegura esos derechos frente a la agresión de otros.
¿Pero si el estado se hace cómplice a través de sus instituciones? ¿Si los órganos del estado (léase jueces y legisladores en este caso) favorecen la agresión de tales derechos y los desprotegen? Entonces no parece haber razón para continuar aceptando pagar impuestos que se destinan a cualquier cosa menos a la protección de los tres derechos esenciales del hombre libre.
Por eso el tema de la seguridad y la justicia hacen a la razón de ser la organización social. Por eso son temas importantes, y la gravedad actual es que cada vez más, los ciudadanos nos sentimos desprotegidos.
Jueces y legisladores son cabezas de dos poderes del estado, crean las leyes y las aplican. Son parte del problema y deben tomar conciencia de ello. Las leyes son para ser cumplidas, y la primera es la Constitución Nacional que consagra claramente los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada.
No puede ser que el derecho de defensa combinado con la morosidad de la justicia se combinen para que los delincuentes esten sueltos. Para que vuelvan a delinquir, a matar, a robar, etc. El derecho de defensa en juicio no fue establecido para dejar delincuentes libres y ciudadanos honestos indefensos. Su razón de ser es evitar sanciones arbitrarias, basadas en la venganza o en la mera voluntad del gobernante de turno.
Parte de la lentitud judicial se debe a falta de recursos dinerarios. Este punto tiene solución simple. Basta de gastos en llamados programas sociales y culturosos (por ejemplo costear serenatas en Buenos Aires, recitales, etc.) y pasen esas partidas al Poder Judicial.
Pero no alcanza, porque además hay que reeducar a los jueces. Deben volver a estudiar y deben aprender a como sus decisiones (sentencias) afectan a la organización de una república, a un sistema económico basado en las leyes naturales (el sistema de mercado abierto o capitalismo democrático). Si los jueces no entienden que un cheque sin fondos afecta todo el sistema de propiedad, que sube los costos empresarios, las tasas de interés, por ejemplo, no hay forma que el cheque sea un instrumento de la actividad económica regular. Y los ejemplos pueden seguir al infinito.
Hace unos días el Teniente Coronel (re) Nestor Cruces en un artículo de La Nación transcribía un artículo del Premio Nobel por Economía Gary Becker publicado a fin de año en Business Week (me lo perdí porque alguien en algún punto del sistema de correos se quedo con mí ejemplar pero.. cada vez me sustraen menos suscripciones)
Becker estudio algunas razones por las cuales la delincuencia había disminuido en los EEUU. No encontró nada excepcional salvo para nuestros jueces, legisladores y bastantes periodistas. La razón más importante para la disminución de la delincuencia fue que aumento el índice de detención y encarcelamiento de los reos.
Los partidos políticos (en USA) dan distintos argumentos para explicar porque disminuyo la delincuencia. Las realidades desmienten a ambos partidos. La experiencia norteamericana demuestra que la sociedad no está indefensa frente al delito y que este se puede combatir sin afectar garantías individuales (derecho de defensa en juicio).
La delincuencia se combate incrementando la captura de los delincuentes y dándoles justas sentencias de significativa prisión cuando se los encuentra culpables. La delincuencia no puede tolerarse bajo la falsa excusa de los sofistas modernos que pretenden hallar el problema en la “pobreza” (que jamás definen.) Las “reformas sociales” de laboratorio han fracasado, es la experiencia de detener y encarcelar delincuentes la que disuade a otros de delinquir, y evita que los delincuentes continúen su actividad.
No es una solución mágica pero aprender y condenar delincuentes es un principio.
Otras reformas posibles que llevarían a mejorar la justicia y la seguridad podrían ser:
· Juicio por jurados (democratizaría la justicia),
· Mayor presupuesto para cárceles y programas de reeducación,
· Mayor presupuesto para los fueros penales de la Justicia,
· Mayor presupuesto para las fuerzas policiales
· Denuncia del Pacto de San José de Costa Rica (beneficia delincuentes),
· Aumento de penas en delitos contra la vida, la libertad, la propiedad privada y del domicilio,
· Banco de datos sobre procesados excarcelados y mejoramiento del sistema.