N ° 5
Buenos Aires, febrero 19 de 1999.-
Durante los últimos meses hemos visto recrudecer una nueva forma de oposición por parte de la Alianza UCR-Frepaso, la oposición a través de los jueces en lo contencioso administrativo.
En el programa Hora Clave la Diputada Elisa Carrió de la UCR una vez mas abuso de la generosidad argentina, que se expresa cuando los argentinos toleramos que los radicales dicten clases de como administrar. La obesa diputada (¿porque no le habrá dicho Alfonsín también a ella cállate gordita que a vos no te va tan mal?) sostenía que las cláusulas que fijaban un monto determinado de indemnización en el tema Pami son un “”negociado”.
Los radicales son campeones de otro negociado... las rescisiones sin causa y los juicios que años después pagamos todos los argentinos. La patria pleitera dirán algunos, y mis colegas se quejaran. Pero no es esta la cuestión.
Nuestra historia tiene numerosos ejemplos de anulaciones sin causa (salvo las patrióticas -¿y éticas?-) del radicalismo. Anulaciones que no tenían previstas indemnizaciones, porque a nadie se le ocurría entonces que podía venir un gobierno a derribar proyectos que requerían inversiones de suma importancia. Gobiernos que desconocieron la continuidad contractual y sembraron la inseguridad jurídica, y el consiguiente atraso. Gobiernos radicales.
Pero vayamos a los ejemplos.....
El Presidente Illia anulo los contratos petroleros de la administración del Presidente Frondizi. Las indemnizaciones alcanzaron miles de millones de dólares de entonces. Claro que como fueron dispuestos judicialmente varios años mas tarde quedo disimulada la irresponsabilidad del gobierno radical.
Al comenzar nuestra democracia en 1983, el Intendente designado por Alfonsín, el Dr. Saguier intervino Parques Interama S.A. y resolvió los contratos. Hoy el Jefe de Gobierno de la ciudad. Dr. de la Rua (igualmente radical) pretende que la Nación se haga cargo del resultado del juicio que entablaron los accionistas de Parques Interama porque la sentencia judicial se estima resultara contraria al estado en un monto de entre 800 y 1200 millones de dólares.
Por eso es que creo que la Diputada Carrió solo puede hablar desde la impunidad de un fuero (lo que por cierto no contesto en el programa y se negó a dejarlo para estar igual ante la ley que sus acusados) y de la generosidad de nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo azotado por el fenómeno inflacionario no ha podido ver las consecuencias de los desatinos y anulaciones contractuales de los gobiernos radicales. Pero por cierto debemos pagar igual.
Los miles de millones de dólares que costaron sus anulaciones, los años de atraso por desconfianza a invertir en el país (por la falta de seguridad jurídica que da la llegada de un gobierno radical), no son fáciles de medir, ni de recordar para todos.
Por eso es que creo mucho mejor dejar claramente fijado en un contrato cuanto podría costarle al Pami una rescisión sin causa de un contrato. Por lo menos no habrá nada mas que pagar y se sabrá porque. Porque si hay causa, la rescisión no se indemniza Sra. Carrió.
Para terminar con esta parte mi conclusión es que toda rescisión sin causa cuesta dinero. Es una indemnización legitima. Las mas caras fueron las no determinadas de antemano, las que hicieron los radicales y pago el pueblo tiempo después, cuando como Sobremonte ellos ya estaban lejos y nadie podía ver su responsabilidad en el daño.
Pero en términos legales y políticos el tema del Pami me lleva a dos reflexiones adicionales.
Claro que el dislate de la Diputada no termina ahí. El Pami es una obra social no es un organismo estatal. Los diputados no tiene porque meterse en ella, tampoco el ejecutivo y el judicial. Dicho sea de paso los diputados no dan tratamiento al proyecto de ley que reforma la ley de creación del Pami y permitiría que los jubilados y pensionados elijan al presidente de la obra social, ya que eligen al resto del directorio.
En 1986 los radicales estaban tan preocupados por los jubilados que por decreto congelaron las jubilaciones. La llamada emergencia previsional” llevo a que las jubilaciones fueran de U$ 50- al momento de irse los que no sabían, no quisieron, ni pudieron (Alfonsín dixit en confesiones a Ambito Financiero en 1990). Los juicios que los jubilados hicieron costaron miles de millones de dólares que debió pagar el gobierno del Dr. Menem, por eso existen los Bocones previsionales. En el facilismo periodístico la culpa queda para Menem y la deuda para los argentinos. Los jubilados se jorobaron sino es que algunos además se murieron, y algunos abogados legítimamente ganaron dinero que también pagamos los demás argentinos.
Por eso si se trata de anular contratos sin causa, de administrar patrimonios públicos, cabe hacer memoria de las nefastas consecuencias de la ética administrativa del radicalismo. Porque verdaderos negociados judiciales resultaron las anulaciones contractuales sin causa y su soberbia administrativa.