N ° 17/2001
Buenos Aires, julio 16 de 2001.-
Desde que asumió el gobierno de la Alianza sus dirigentes, con la complicidad del periodismo, viene recitando y repitiendo que la recesión lleva 30 meses (a hoy). Nadie dice que ellos llevan 19 meses de gobierno y mucho menos que esa información es falsa.
Durante el último trimestre de 1999 la economía había salido de la recesión y ya estaba creciendo lentamente, pero creciendo. No llevamos 30 meses de recesión, llevamos 19 meses, todos de la Alianza.
Como prueba de esta afirmación el propio Fernando de la Rua pocos días antes de asumir la presidencia del a Nación propuso firmar un acuerdo fiscal donde las provincias cedían al Tesoro Nacional el crecimiento de la recaudación impositiva que producía la reactivación.
Otra demostración de aquella situación es que desde las medidas tomadas por Domingo Cavallo luego del efecto Tequila que llevaron la desocupación al 16% este había caído a 12%. Desde la aplicación del primer impuestazo la desocupación subió hasta más del 17%. El éxito de la política progresista encarnada por la Alianza han sido ante todo 500.000 nuevos desocupados.
Existe una cuestión no menor entre ambos períodos de la recesión, ya que la de los últimos meses del gobierno de Carlos Menem fueron causadas por crisis de países extranjeros (Rusia, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas y Brasil).
La recesión aliancista fue causada por el primer impuestazo sancionado por el gobierno de Fernando de la Rua y Chacho Álvarez, por su exageración de la “herencia recibida”. Porque el ajuste y el déficit fiscal quisieron hacerlo pagar a la ciudadanía.
Este último ajuste puede resultar tardío y equivocado. Pero sobre todo revela porque la recesión es responsabilidad absoluta del gobierno de la Alianza. Tanto el Presidente de la Nación Fernando de la Rua, como su ministro de Economía Domingo Cavallo han señalado que es necesario ajustar las cuentas e ir al déficit cero porque ya nadie quiere financiarlo, porque el Estado se ha quedado sin crédito.
En otras palabras no creen que el déficit fiscal sea malo, sino que resulta malo no tener crédito para financiarlo.
Por eso durante 19 meses siguieron haciendo crecer el gasto, el déficit y endeudándose a tasas de interés irresponsables. La deuda pública cuando Carlos Menem dejo su gobierno era de U$ 123.000 millones, hoy supera los U$ 152.000 millones, lo que muestra a las claras que el ajuste lo seguimos pagando los ciudadanos y la administración de la Rua ha seguido el camino de Raúl Alfonsín.
El año pasado canjearon deuda de Títulos Brady para hacerse de los bonos del Tesoro de USA que eran su garantía, con la excusa de ahorrarse intereses en esos años, emitieron nuevos bonos a mayor tasa de interés. Después mintieron con el Blindaje y el Mega Canje.
Ahora quieren mostrarse firmes, cuando en realidad es que tienen la cara llena de piñas, el cuerpo amoratado de los golpes recibidos por su irresponsabilidad administrativa. Nos trajeron hasta aquí por oponerse desde 1996 a los recortes y reformas a la administración pública, cuyo monumento a la corrupción es la UBA, y ya en el gobierno siguieron con esa política irresponsable.
También demuestran no tener una concepción clara de las funciones y prioridades del estado. Les da lo mismo bajar el sueldo a las fuerzas de seguridad y a la justicia, que a los artistas amigos de Lopérfido, a los ñoquis, de Shuberoff, etc.
No debería recortarse ni un centavo al personal de las fuerzas de seguridad, ni de la justicia. No porque sean necesarios para reprimir, sino porque son las funciones esenciales y primarias del Estado.
Por otro lado en la Casa de Gobierno para anunciar el ajuste mientras el Presidente de la Nación acusaba a quienes habían aumentado el déficit y el gasto a pesar de las privatizaciones, las que criticaba también, de todo lo cual su ministro Domingo Cavallo fue principal actor, este le respondía diciendo que la culpa era de los jubilados de privilegio (don Fernando de la Rua lo es) y a la corrupción en la administración.
La pavada de la persecución a los evasores es una demostración de la concepción autoritaria del estado que encarnan los socialistas (incluyendo entre estos al mismo Fernando de la Rua)y los tecnócratas (cuyo máximo exponente parece ser Domingo Cavallo). Si todos pagaran todos los impuestos establecidos por las leyes argentinas no existiría ninguna posibilidad de tener empresas rentables, sino hay rentabilidad no hay actividad económica, ni creación de riqueza.
Pero aun más importante es que gracias a la evasión y elusión fiscal los políticos se están viendo obligados a reducir el gasto público. Como esta newsletter advirtió cuando propusieron el impuestazo, está siendo hora de arrojar el té, y eso sucedió en 1999. Es decir que junto a Carlos Rodríguez, Armando Ribas, la Fundación Atlas y otros pocos, lo que me honra, a finales de 1999 habíamos muchos argentinos proponiendo la revolución fiscal como herramienta de liberación de los ciudadanos.
Por eso entre las ideas rectoras de Argentina Days hay un lema de la revolución norteamericana justamente dirigido a la defensa de la propiedad y el rechazo a los impuestos del rey. En Argentina hay una monarquía disfrazada de democracia, que quiere llamar a los ciudadanos libres que resisten su opresión “evasores y delincuentes”. Delincuentes son los dirigentes que proponen robarle a algunos para otros, también quienes votan a esos políticos y luego se quejan porque ellos se quedaron con el botín. No les critican el robo, sino que no hayan repartido más.
Un párrafo especial merecen las propuestas de los llamados equipos técnicos de la Alianza, que en materia económica encabezan los reiteradamente fracasados Mario Brodherson, Juan Vital Sourruille y José Luis Machinea. Ellas empiezan por desalentar todo consumo e inversión, porque la proponer como partido de gobierno dejar de lado la devolución del dinero de alguno de los contribuyentes, la reducción de parte de los impuestos a las naftas, etc, demuestran que todo eso es transitorio, con lo cual el efecto buscado por el gobierno se ha de perder, ya nadie ha de consumir bajo el temor que el impuestos sea repuesto. Ya nadie ha de invertir porque sabe que no tendrá consumidores, y si tiene ganancias los políticos se las quitarán en nombre de la solidaridad popular.
Algunos podrían ver estas propuestas como un avance hacia la racionalidad, pero la verdad es que sigue siendo una demostración de anticapitalismo. Y ojo que esto no es para defender modelos de capitalismo prebendario como hacen algunos tecnócratas o reclama el corrupto dirigente empresarial de la UIA, Ignacio de Mendiguren. Corrupto porque se la pasa intentando robarle el dinero de los trabajadores y ciudadanos mediante una devaluación que además le permita vender más caro productos peores y sin competencia.
El plan de los técnicos de la Alianza se basa en la defensa a ultranza del impuestazo de Machinea, de la Rua y Chacho Álvarez. No quieren devolver el dinero del impuesto a las ganancias, quieren reponer la rebaja del impuesto a las naftas pero mantener el aumento del impuesto sobre el gas oil, “pedir” contribuciones extraordinarias a empresas que ganan dinero (en realidad piensan confiscar dinero).
Una propuesta que con argumentos demagógicos, hablando de los que menos tienen, en realidad demuestra el anticapitalismo de la Alianza. Solo quieren llegar a las elecciones para mantener sus empleos.