N ° 13/2001
Buenos Aires, mayo 21 de 2001.-
Un brillante trabajo de la Licenciada Carlota Jackish sobre la dimensión y gasto de las legislaturas provinciales y las prédicas de Carlos Rodríguez han llevado a una campaña donde se sostiene que sobran políticos y como conclusión se reclama la reducción de ellas a la mitad.
La campaña extrae una conclusión falsa del trabajo de Carlota Jackish, porque lo que demuestra el mismo es que legislaturas de menor número de miembros pueden gastar mucho más que otras mayores. En especial en las comparativas con extranjeras demuestran como no es un número menor de legisladores lo que hará que sean más eficientes.
La conclusión es que debe bajarse el gasto político. Ahora gasto político no son exclusivamente las legislaturas. Es por ejemplo los recitales de Laperfida y Ruckauf, las zapatillas firmadas de Ruckauf, los planes de empleo para los militantes de Franja Morada, los 1.600 ñoquis nombrados por Graciela Fernández Meijide, etc.
En realidad convendría hacer un poco de historia acerca de la existencia de los parlamentos, congresos para intentar encontrar un freno, un límite al poder de los reyes. Los pensadores liberales republicanos, es decir quienes además de pensar en la división de poderes, pensaron en crear un reinado limitado en el tiempo y el poder, llamaron a ese cargo presidente, pero todos pensaron en el poder legislativo como un freno al poder ejecutivo.
Es más los congresos representarían al pueblo y en especial debían ser quienes con la sanción de leyes reglamentarias impidieran que el Estado a través del poder ejecutivo (el rey o el presidente) violaran, avasallaran los derechos individuales. Un especial límite para esos pensadores estaba dado porque los órganos legislativos debían contener el gasto público y los impuestos (o el endeudamiento que son impuestos futuros) como mecanismo de limitación del poder.
Por eso el problema actual no está en cuanto gastan el Congreso, sino en que lo gasta, porque desde la aparición del socialismo y su vertiente constitucional, llamado el “constitucionalismo social, los cuerpos legislativos se convirtieron en los cómplices del poder ejecutivo. Abandonaron su función esencial y se convirtieron en quienes convalidan y dan respaldo al crecimiento del estado y los poderes de la burocracia político estatal en la usurpación de los derechos de las personas.
Todo comenzó a necesitar autorizaciones estatales, el mismo estado asumió roles extra constitucionales como quitarle dinero a unos para dárselo a los favoritos de turno, etc.
Por eso la cuestión de hoy no tiene solución por la reducción lisa y llana de la cantidad de legisladores, sino por reestablecer el mecanismo por el cual nuestros representantes dejan de ser quienes dan “cobertura legal” a los abusos estatales.
Mejor solución que reducir el número de legisladores sería establecer mejores mecanismos electorales, que eviten la férrea disciplina partidaria, un sistema de control y tope de sus gastos.
Tener el 50% de congresistas seguramente terminará teniendo un efecto contrario al buscado. No bajarán el gasto, sino que serán doblemente más ricos, o mejor pagados.
La segunda consecuencia no querida, pero que no tardará en suceder, será la creación de un cuerpo mucho más cerrado y difícil de controlar. Podríamos poner un congreso unicameral de 50 legisladores y al poco tiempo la más absoluta omertá les permitiría actuar con mayor discrecionalidad que la actual. Porque habría menos peligro de un out sider que no entre en los acuerdos políticos y partidarios.
No existirían ni un Alberto Albamonte, ni una Lilota Carrió, etc. Seguramente al poco tiempo tendríamos más un senado que unos representantes.
No se trata de menos políticos, ni menos legisladores, sino de lo que no deben hacer los legisladores y lo que sí deberían hacer. Los legisladores no deberían votar poderes extraordinarios, presupuestos enormes con gastos inconstitucionales, ni mucho menos impuestos y más impuestos.
Los legisladores deberían volver a representar al pueblo, pero no como una masa, sino como ciudadanos individuales a quienes deben defender del avance del poder estatal. Y mejor muchos con menos gasto, porque así es más difícil que existan acuerdos corruptos y votaciones arregladas. Todos sabemos que siempre es más fácil arreglar con unos pocos que con todos.