N ° 12/2001
Buenos Aires, mayo 07 de 2001.-
“Tuvimos que retrasar el gobierno de unidad nacional porque debí hacerme cargo del Ministerio de Economía”, así Cavallo hablo a los inversores brasileños a quienes pocos días antes había tratado de golpistas.
Las palabras de Cavallo revelan la imagen mesiánica que tiene de sí mismo y su forma de ver la política y la vida misma. Para el Cavallo hay buenos (los que están tras él, lo toleran) y los demás somos malísimos. No existe la más mínima posibilidad de disenso que pueda ser intelectual.
Para aceptar el poderoso cargo que significa ser ministro de economía en un país como Argentina, Cavallo exigió que se dieran súper poderes, que muchos votaron pensando en él, pero en realidad se lo dieron al Presidente. Pero en cualquier caso se trata de poderes tan fuertes que pueden enmarcarse en una forma de “golpe de estado constitucional”.
En demostración que las instituciones constitucionales y legales para el gobierno de la Alianza son una incomodidad luego se lanzaron a una alocada carrera para remover a Pedro Pou de la Presidencia del Banco Central. Para ello Domingo Cavallo refrendo un Decreto en el cual se acusa de mala conducta política al Dr. Pou por haber propuesto y defendido la dolarización.
La excusa empleada en el citado decreto constituye una falsedad ideológica, además de la desembozada actitud de acumular todo el poder posible y los que no se pueda amedrentarlo.
Veamos el caso de la mala conducta política por haber propuesto la dolarización, la cual es bastante mejor que proponer una canasta de monedas, o una moneda convertible en un “promedio”, lo que por mucho que se mienta elimina la convertibilidad del peso en forma definitiva.
Cuando a finales de 1984 se produjo el default mejicano conocido como el Tequilazo o Tequila, Domingo Cavallo que también estaba a cargo del Ministerio de Economía realizó un viaje a New York y el 10 de enero de 1995 ante 300 inversores estadounidenses a los que quería tranquilizar respecto de nuestra capacidad para resistir el efecto Tequila, Cavallo afirmó que “será mejor dolarizar la economía que violar la convertibilidad”. (Noticias, 15/1/95).
La Argentina está soportando este tipo de hipocresía, desfachatez y desmemoria empelada con el objetivo de seguir acumulando un poder casi absoluto. ¿Cómo puede aceptarse que Fernando de la Rua remueva a Pedro Pou y designe ministro de economía a Cavallo, cuando ambos han tenido la misma conducta política respecto a la dolarización?
En cuanto a la capacidad de Domingo Cavallo para condenar a otros por aquello que él mismo puede haber defendido, demuestra una vez más su melomanía.
En ayuda de Domingo Cavallo han venido muchos legisladores radicales y políticos que hace diez años lo acusaban de haber desestabilizado al gobierno de Alfonsín en enero de 1989 provocando la hiperinflación. U otros como Raúl Baglini a quien el mismo Cavallo acusó de estar al servicio de Alfredo Yabrán cuando asistió al Congreso en 1995. Todos unidos para tomar el poder total y poder hacer política monetaria.
Y ciertamente nadie podrá sostener que un grupo de legisladores radicales que en su momento respaldaron las políticas económicas de Alfonsín, entre las cuales estuvo la creación de una moneda por decreto (el Austral) y la modificación de contratos por el mismo medio (desagio), todas las cuales terminaron en la hiperinflación y luego se opusieron a las privatizaciones, la reforma del estado y a la misma ley de Convertibilidad, sean capaces de evaluar y calificar a Pou. Losada, Baglini y esa banda están descalificados por sus conductas anteriores.
Continuando con la grave situación institucional anti republicana disimulada por el voto cada dos años el Congreso de la Nación se apresta a crear una comisión investigadora sobre cuestiones de lavado de dinero. Encabeza esta idea la Diputada Elisa Carrió que negocia ser designada presidente de la comisión investigadora a cambio de no presentarse como candidata a nada en la Capital Federal. Por cierto la chaqueña por algo no vuelve a su provincia.
La gravedad de la comisión investigadora no es menor ya que viola claramente la división de las funciones del poder establecida en la Constitución y tiene por objetivo repetir la ilegal conducta de la Oficina de Persecuciones y Encubrimientos (Oficina Anticorrupción en neohabla aliancista). Se procederá a investigar personas elegidas de antemano para ver que delitos se le pueden atribuir.
En nuestro régimen constitucional el Congreso solo puede crear comisiones para evaluar marcos de hecho y derecho con el objetivo de legislar. Pero en este caso resulta claro y explícito para todos que la Comisión Carrió – Gutiérrez tiene por finalidad perseguir e investigar personas en un marco que corresponde en todo caso al Poder Judicial.
En demostración del abuso institucional a la Comisión Investigadora se ha propuesto dotarla de facultades para allanar domicilios y secuestrar documentación, aun cuando se disponga que deben requerir autorización judicial, es un atropello ya que se podrá allanar a quienes se les pretenda atribuir un delito, difamar, etc. Y todo ello violando los derechos de defensa en juicio y otras garantías constitucionales.
La solicitud de tales facultades ha sido firmada por la Chacha Firmenich más conocida como Lilota Carrió.
El Senado de la Nación y la Procuración (titular del ministerio Público) han sido avasallados mediante los súper poderes y la creación de la Oficina de Persecuciones y Encubrimientos o Cheka.
Así paso a paso, desde su comienzo este gobierno ha ido avasallando toda institución que no controlara. El relevo del presidente del Banco Central de la República Argentina con argumentos mendaces introducidos tanto en el Dictamen de la Comisión Legislativa como en el decreto de remoción sin embargo no han merecido la atención de ningún fiscal, ni mucho menos de la Cheka que controla el hermano ministro del Presidente.
El Grupo Pravda Clarín mientras tanto tapa estas cuestiones inflando las persecuciones político judiciales, y recibió la favorable resolución del Secretario de Comunicaciones estableciendo la obligación pagar las llamadas de un celular a otro. Aun cuando de esta resolución debió suspenderse su aplicación por abusos, lo cierto es que ella beneficiaba claramente a CTI de la cual el Grupo Clarín es accionista.
De esa forma se pagan las campañas en la Argentina con resoluciones que conforman negocios mucho más caros para la ciudadanía que algunas contrataciones y por cierto dada su complejidad resultan muy difíciles de investigar.
Mientras tanto en Argentina, la prensa juzga y condena sin derecho de defensa, el Congreso investiga, el Poder Ejecutivo legisla y la Justicia hace política. Todo disfrazado como una república por el voto bianual. Pero ciertamente un golpe de estado institucional.