N ° 07/2001
Buenos Aires, febrero 26 de 2001.-
21-02-2001 Una investigación realizada por Infocívica -agencia avalada por Poder Ciudadano- determinó que Fernando De la Rúa firmó 1328 decretos que no fueron publicados en el Boletín Oficial, durante su gestión en el gobierno porteño. La mayoría de las resoluciones disponían la contratación de servicios, obras, personal, y gastos por viajes por al menos 23.675.949.
Una parte de los decretos contiene designaciones de personal de planta permanente o transitoria por tiempo indeterminado por montos de $6.893.124 por año. Mientras que cinco normas modifican partidas presupuestarias por un total de $ 15.456.390. Otra porción importante de los decretos hacía referencia a gastos que no eran consignados directamente. Y un último grupo, corresponde a declaraciones de interés para la ciudad, designaciones de ciudadanos o visitantes ilustres entre otras disposiciones que no involucraban gastos o movimientos de dinero.
Ninguno de estos decretos fue publicado en el Boletín Oficial, tal cual dispone la ley, y según pudo comprobar un equipo de investigadores que chequeó la información en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Cuidad de Buenos Aires.
En rigor, todo había comenzado con un pedido de informes realizado por la legisladora porteña Marta Oyhanarte, quien le relató a data54 la falta de colaboración que tuvo el gobierno de la Ciudad, hasta que asumió la nueva Subsecretaria legal y técnica, junto con el actual jefe de gobierno, Aníbal Ibarra.
"Al pedir el informe me dijeron que era técnicamente imposible, ya que el listado de decretos ocupaba 13 biblioratos, que todos eran de alcance particular y que ordenarlos les iba llevar varios días", explicó Oyhanarte.
A pesar de que según indica la constitución al hecho de no publicar los decretos puede corresponderle como pena que sean declarados nulos, Oyhanarte argumentó que junto con ONG's estudiaron esa posibilidad, pero que es "jurídicamente muy cuestionable".
En tanto, la investigación cita la opinión de la actual subsecretaria Legal y Técnica de la Ciudad, Alejandra Tadei, quien consideró que es de fundamental importancia publicar los decretos por tratarse de "una obligación que tiene que ver con la forma republicana de gobierno". Sin embargo, opinó en relación a la omisión de la gestión anterior, que no hay "efectos jurídicos que hayan causado daño". La funcionaria se mostró reacia a publicarlos luego del tiempo transcurrido porque entiende que la mayoría son disposiciones cuyos efectos caducaron, aunque anticipó que si recibe una exigencia de publicación por parte de la Legislatura, lo haría.
Entre las normas hay 233 que aprueban contratos de locación de servicios o que designan personal por un plazo estipulado por un total de $22.944.809. Otras 12 asignan a particulares trabajos de locación de obras por $379.100, mientras que 116 asignan gastos por pasajes y viáticos de funcionarios por $352.040.
Asimismo, de la lectura de los documentos, surgen designaciones en planta permanente o transitoria pero por tiempo indeterminado por un total de $6.893.124 por año, lo que significa $574.427 mensuales. Cinco decretos aprueban modificaciones a los presupuestos municipales de 1996 y 1997 por montos que oscilan entre los $9,469.160 y los $3.300.280.
Aproximadamente la mitad de los decretos incluía la orden de publicar su contenido en el Boletín Oficial de la Ciudad, por lo que la irregularidad se hace más explícita.
EL MARATÓN DE LOS DECRETOS
La fiebre de decretos no publicados alcanzó su pico más alto el 30 de diciembre de 1997, cuando De la Rúa dictó 201 disposiciones que no llegaron al Boletín Oficial.
El decreto 2087 del 30-12-97 adjudicó la provisión de equipamiento informático para la Secretaría de Educación a las firmas Vertex y Exo por un total de $836.076 luego de una licitación en la que habían participado 6 empresas. Uno de los oferentes presentó una impugnación, que luego fue desestimada por la Procuración General.
El decreto 2143, de la misma fecha, aprobó tres contratos suscriptos por la Dirección General de Bibliotecas. Uno con Graciela Filippi para realizar una encuesta del clima social-laboral entre el 10-12-97 y el 30-12-97 por un monto de $3.000 por los 20 días de trabajo. Otro con Paula Levy para confeccionar atriles artísticos entre el 22 y el 30 de diciembre del mismo año, ganando $1.800 por el trabajo, y el último con Martín Caldeiro para que se desempeñe como asistente de difusión de las actividades culturales por el mismo período de 8 días y con una retribución de $1000.
Dos meses antes, la misma dependencia municipal contrató a Guillermo Pisani para realizar una "encuesta de asistencia" entre el 31-10 y el 9-11-97 por $2000, a Claudio Safe para asistir en Sonido e Iluminación en el mismo lapso pero por $5500 y a Axel Savransky para trabajar en el diseño y producción de elementos de señalización entre el 13 y el 31 de octubre por $5409. Los tres convenios fueron aprobados en el hasta ahora reservado decreto 2159, firmado el 30 de diciembre de 1997.
En el resto del mes de diciembre se dictaron otros 89 decretos que no se hicieron públicos, por lo que el total de disposiciones no publicadas en ese mes de 1997 ascendió a 290, más de un 21% de total encontrado en cuatro años.
El 29 de abril de 1997 se designó a los entonces Subsecretario de Acción Cultural, Darío Lopérfido y a la Directora General de Promoción Cultural, Cecilia Felgueras, para coordinar las actividades del Primer Festival Artístico Buenos Aires en Porto Alegre, realizado entre el 7 y el 11 de mayo, asignándoles una partida de $46.720.
Nueve meses más tarde, se aprobó a través del decreto 1287 un contrato entre la Secretaría de Promoción Social y Roberto Campitelli para trabajar como "Coordinador de Implementación y Alternativa Profesional para una Modificación de la Cultura, Estructura y Funciones de la Gestión Social" por un salario mensual de $6000.
La Dirección General de Policía Municipal suscribió un contrato de locación de servicios con Elvira Castaños de Petracchi para trabajar del 15-9 al 14-11-96 por un total de $2400, que fue aprobado por la Jefatura de Gobierno el 24 de octubre. El mismo día, Lilita María Petracchi se vio favorecida por la aprobación del convenio que la relacionó con la Secretaría de Promoción Social para desempeñarse como Coordinadora en los Centros de la Mujer de julio a diciembre de ese año por $1000 mensuales.
El 26 de agosto de 1998, Braulio Feliú fue formalmente contratado "para la articulación de una agenda barrial para Liniers y Villa Lugano", con una asignación de $3200 por mes.
El decreto 628 del 16-11-97 le asignó a Guillermo García la suma de $ 5.392 para cumplir "con diversas gestiones oficiales inherentes a la misión encomendada" durante el viaje a Londres que efectuó el Jefe de Gobierno junto al Secretario de Haciendas y Finanzas y al Subsecretario de Educación.