N ° 06/2002
Buenos Aires, junio 25 de 2002.-
Con prisa y sin pausa avanza la ley de defraudación impulsada por el Grupo Clarín y otros deudores mediáticos. Derogada la delictiva ley de quiebras de enero, que este mismo desgobierno había sancionado en pago de favores propagandísticos y económicos a algunos grupos empresarios, el Grupo Clarín, promotor de la devaluación, pesificación, de la Alianza UCR-Frepaso, de la Alianza Mazorquera Bonaerense, de la diputada desCarrio, etc., ha vuelto a la carga en procura de defraudar a sus acreedores.
El proyecto de ley pretende limitar la participación de capitales extranjeros en los medios de comunicación, prohíbe la aplicación del cram down -mecanismo que permite a acreedores hacerse cargo de las acciones de empresas cuyos accionistas se niegan a capitalizar y con su gestión han quebrado.
La iniciativa fue aprobada, hace 20 días, por el Senado. En el exterior hay una firme oposición a la iniciativa considerando las graves situaciones financieras de Grupo Clarín y Supercanal Holding, que son los impulsores de la iniciativa. Ambos han conseguido arriar a las familias Fontevecchia (Perfil), Saguier (S.A. La Nación), además de los Ávila (América 2).
La firme oposición debería ser de los argentinos, porque la ley busca confiscar derechos, viola tratados de protección de inversiones, es una verdadera estafa. Y encima para defender una verdadera mafia empresaria.
Los senadores nacionales fueron muy diligentes para aprobar iniciativa de José Luis Manzano, Héctor Magnetto, Daniel Vila, etc. Ninguno de los ocho senadores rebeldes del PJ quiere entrar en conflicto con los medios de comunicación por lo cual también apoyaron el delictivo proyecto de ley.
Clarín, sus directivos, presionan a legisladores cobardes y desleales con la nación y la constitución que han jurado cumplir. Algunos con el ostracismo, a otros con prensa negativa, pero en cualquier caso el proyecto de ley que aprobó el Senado y Diputados está apurando aprobar es un proyecto defrauda torio de los derechos de los acreedores de quienes hayan prestado dinero a empresas cuyo objetivo es ganar dinero, además del no escrito de hacer negociados con el estado, obtener prebendas y privilegios.
Los legisladores están protegiendo el dinero que los directivos de esas compañías se han pagado a sí mismos, las obras de arte, sus lujosas casas y apartamentos en ciudades extranjeras y aquí, sus cuentas bancarias, su champagne y su foi grass. Pero para protegerlos se convierten en cómplices de la defraudación.
Clarín ni siquiera disimula su objetivo, hace dos días publicó un artículo en defensa del proyecto firmado por la funcionaria progresista, Silvia Fajre, quien se desempeña como Subsecretaria de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad en defensa de que el Grupo Pravda Argentino, perdón Clarín, siga manipulando conciencias a voluntad, corrompiendo instituciones y además goce de la mayor impunidad.
Silvia Fajre, afiliada al Frepaso, es esposa de Ricardo Kirschbaum. ¡Uops! Nada menos que el Prosecretario General de Redacción del diario Clarín, un devoto admirador del ex "estadista" por ocho meses, Carlos Chocho Álvarez y la diputada Alicia desCarrió
Esto explica también por qué en Clarín nunca se critica la gestión de Aníbal Ibarra. Ni el otorgamiento de inmuebles con criterio "social y popular" a punteros políticos, que sería un buen tema para Telenoche Investiga, perdón “investiga adversarios de grupo Pravda”, pero claro los terrenos municipales donde está el edificio de Canal 13 / Artear también fueron otorgados como "patrimonio cultural".
Una vez más se está gestando un saqueo legal en el Congreso Nacional, pero no son los legisladores los únicos culpables, también están los instigadores, corruptores de costumbre detrás. Una vez más los argentinos serán engañados con supuestas conquistas culturales, sociales, que no son otra cosa que asegurar la expoliación de algunos pocos a otros, y que las inversiones busquen otras tierras.