N ° 06/2002
Buenos Aires, junio 25 de 2002.-
La organización de piqueteros, integrada por un importante número de activistas, el 26 del corriente cortó rutas, quemó autos, destruyó negocios, causó daños a la propiedad privada y pública, lesiones de distinta gravedad a personal policial, incitación a la rebelión, destitución de las autoridades, es decir todas conductas que tipifican "prima facie" delitos previstos en los artículos 89, 183 y siguientes,190 y siguientes, 211, 213 y bis, 226, 229 del Código Penal, con todos sus agravantes pues con motivo de tales desórdenes murieron dos personas, casi un centenar de heridos, en un estado de conmoción alarmante.
Por lo menos dos diputados, Zamora y Carrió, han participado de hechos de tal gravedad, encontrando supuesta justificación en el estado de colapso que vive el país, aprobándolos, acusando al gobierno de haberlos causado u organizado, responsabilizando a las fuerzas del orden por la represión.
Si somos hombres de derecho, creemos en la Justicia, y deseamos para la Argentina el Imperio de la Ley, única forma de vida civilizada, no podemos mantenernos en silencio en la emergencia!
Radicaremos la denuncia correspondiente a fin de deslindar las responsabilidades consiguientes.
No podemos eludir algunas preguntas inquietantes:
¿Dónde y para qué están los Fiscales? ¿No ha sido imprudente la manifestación pública del Presidente en el sentido de que si no lo fuera, sería "piquetero"? ¿La impunidad parlamentaria cubre hasta la participación y apología de los delitos? ¿Tomó intervención algún Juez del Crimen?
¿Quién dispuso la libertad de los detenidos? ¿Están registrados sus nombres, antecedentes, se les ha recibido declaración?
Si no hay respuesta a tales interrogantes, tampoco la hay para quienes, como el informe CATO, atribuyen no vivir un Estado de Derecho.
Es a nuestro juicio gravísimo ver mezcladas a las Instituciones de la República o a quiénes debieran resguardarlas de estos episodios que constituyen un bochorno inaceptable para el sentir ciudadano.