N ° 06/2005 - Año 6º
Buenos Aires, mayo 06 de 2005.-
Negociados y defraudación a escala mayorista: En la Inspección General de Justicia la dictadura ha designado al Dr. Ricardo Nissen quien se ha alzado contra la Constitución Nacional, las leyes nacionales y hasta las extranjeras. Con la típica excusa de combatir el lavado de dinero Nissen ha dictado resoluciones que modifican leyes, desconocen garantías federales a las provincias pero además ha montado algunos negocios mayoristas que merecerían una investigación penal urgente.
Para quienes no conocen mucho acerca de esta oficina burocrática del Estado Nacional ella se encarga de la registración de las sociedades civiles y comerciales. Es decir que todas sus regulaciones deberían exclusivamente dirigidas a las formas de presentación pero no al contenido de las sociedades. Ni mucho menos a como organizan sus capacidades, objeto, etc. que son libres y se hallan regulados por una ley nacional.
Para ello la IGJ se financia con una tasa anual que asciende por cada sociedad a $ 2.400-, la ley permite que una sociedad comercial tenga objeto múltiple, más bien no lo prohíbe, pero el Dr. Nissen sí ha prohibido esta cuestión. Así es que si antes un grupo de ciudadanos creaban una sociedad constructora, podía ser también inmobiliaria, financiera, etc. Desde Nissen deben hacer una sociedad por cada una de esas actividades.
En otras palabras ahora deberán pagar esa tasa anual por cada sociedad, además de los gastos de contadores, abogados y escribanos, papelería, etc. Ciertamente es una forma de promover un beneficio indebido a favor de esos terceros al hacer que los empresarios paguen en forma multiplicada cada uno de esos gastos y más allá de arruinar la competitividad de las empresas argentinas desde su nacimiento.
Una cuestión básica del capitalismo moderno ha sido desarrollar un sistema de derecho que permite la creación de empresas como un vehículo de acumulación de capital y desarrollo, donde el patrimonio de la sociedad queda separado de sus accionistas y directores. Cuando alguien contrata con una sociedad contrata con esa persona de existencia ideal y es el patrimonio de la sociedad el que debe responder por los actos de la sociedad.
Con la excusa burda y falsa de proteger a los terceros que contraten con las sociedades comerciales Nissen ha dispuesto que obligatoriamente se deba contratar un “seguro de caución” para cubrir la responsabilidad de los directores ante terceros por sus actos como directores de la sociedad. Pero sucede que cuando un directorio actúa como tal es un órgano de la sociedad y es esta la que asume las responsabilidad, no cada director.
Pero para Nissen ahora los directores deben tener esta suerte de seguro de terceros. Otro costo innecesario e ilegalmente creado por Nissen.
Es bueno saber que por ejemplo en los EE.UU. los seguros de los directores son para cubrirlos de reclamos de los accionistas de sus propias compañías por mal desempeño y ello cuando cotizan en bolsas de valores.
Pero podrían preguntarse porque denuncio estas reglamentaciones como un negociado de guante blanco y lapicera estatal y es entonces bueno simular una cuentita, si existen por ejemplo 10.000 sociedades bajo la IGJ y cada una tiene 4 directores, Nissen ha creado un “mercado de pólizas de caución de directores” de unos $ 40.000.000 anuales y para siempre. Dinero que hemos de pagar todos a los aseguradores para cubrir un riesgo jurídicamente inexistente.
Según algunas estimaciones en la ciudad de Buenos Aires habría registradas más de 150.000 sociedades es decir que el “mercado” creado por Nissen a favor de las aseguradoras podría alcanzar los $ 500 a 600 millones anuales.
Más que crear un mercado podríamos decir que ha inventado un negociado fantástico, al darles ese ingreso a las aseguradoras.
Por supuesto el ex Superintendente de Seguros, hoy Jefe de Gabinete Alberto Fernández no parece haberse dado cuenta del negociado creado a favor de las aseguradoras. Ni la Cheka de Persecuciones y Encubrimientos a cargo del inefable es belicista, Abel Fleitas Ortiz de Rozas se dedica a investigar como se ha hecho para generar un negocio “hormiga” donde unos pocos se llenan los bolsillos a costa de las hormigas.
¿La competitividad de las empresas argentinas? ¿A quien le importa? Otro aumento del costo argentino, otra forma de llenar los bolsillos de algunos a costa de los demás.
Un buitre llamado Estado Nacional: En el año 2002 en forma complementaria a la confiscación de las reservas de dólares depositadas en Banco Central y la declaración de inconvertibilidad del peso, el gobierno realizo una fuerte devaluación e impuso impuestos a las exportaciones, las conocidas retenciones.
Dichos impuestos que son una confiscación a los exportadores en el caso de productos primarios deberían ser además provinciales ya que en todo caso provienen de la explotación del recurso natural tierra. Pero analizar cuanto significan del ingreso del Estado nacional hace polvo el mito de la prudencia fiscal del Kirchner, ya que desde el año 2002 al año 2004 solo por retenciones a sus exportaciones al sector agropecuario le ha sido quitada la friolera de U$ 8.848 millones.
Tal vez alguno dirá que los del campo ganaron mucho, pero lo cierto es que la sumatoria de impuestos que afronta un productor de soja hace que por ejemplo en la actualidad el Estado Nacional embolse unos U$ 230 por hectárea mientras el productor con todos sus riesgos obtenga unos U$ 63 por todo ese esfuerzo e inversión.
Si el ejemplo lo hiciéramos con el girasol el Estado nacional se apropia de U$ 160 por hectárea mientras los productores reciben solo U$ 33.
Y en el caso del trigo un productor con las retenciones al precio actual pierde unos U$ 41 por hectárea, mientras es el estado se lleva el 20% del precio de exportación. Por supuesto que pronto empezará la solución estatista y corrupta del mercantilismo kirchnerista, algún subsidio cuyo reparto permita alguna devolución, créditos subsidiados desde el Banco Nación que también permiten devoluciones. Y este claro que me refiero a devoluciones a los funcionarios que intervienen.
Pero cuando revisa las cifras más allá de las conocidas soluciones corruptas al problema que crea la propia voracidad fiscal del Estado viene a los labios la pregunta obligada.
¿Quién es el buitre?
Discriminación a las personas naturales, los heterosexuales: Aunque Rodríguez Zapatero y muchos otros equivocados quieran decir el matrimonio entre personas heterosexuales es una discriminación a los homosexuales, lo cierto es que se trata de personas con distintas conductas. Los heterosexuales se ajustan a la naturaleza o desde una visión cristiana a la creación de Dios, porque por algo son distintos sus sexos y complementarios.
Lo natural es que hombre y mujer se unan para formar una familia, no hay forma que un hombre sea madre. Pueden hacer todas las leyes escritas que quieran los hombres y los homosexuales, pero no hay forma en que un hombre sea madre. Y el matrimonio, la relación madre y padre con un hijo es lo natural. Por eso pretender que el matrimonio sea la misma institución para quienes mantienen su condición natural, la heterosexualidad con quienes han adoptado un gusto distinto es discriminatorio de los primeros. Y permitir que al ser esposos dos homosexuales por eso puedan ser padres adoptivos es un atropello a los niños a ser adoptados por aquellos.
Y no se trata de oponerse a que los homosexuales formen alguna unión para “ordenarse legalmente entre ellos y ante las intromisiones que el estado suele hacer en la vida privada” sino de mantener nuestras diferencias. Cuando digo que estoy casado no quiero ser confundido, me he casado con una mujer. Si un homosexual dice que esta casado no es igual y debe ser respetado en su derecho a que todos tengan claro que su pareja es otro de su mismo sexo, no del sexo naturalmente complementario.
Gobernar no es legalizar cualquier cosa, ni de cualquier manera.