N ° 04/2005 - Año 6º
Buenos Aires, abril 08 de 2005.-
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El Gobierno ha decidido entregar a todos los que hubieran decidido exiliarse durante los años de la dictadura militar $75 por cada día de exilio. Se trata de una medida injusta, demagógica y fuertemente antipopular, si por popular entendemos cuidar los escasos recursos del pueblo argentino.
En las condiciones de quiebra nacional en las que se encuentra el erario público y frente a las dramáticas condiciones en las que se halla sumergida gran parte de la población, regalar ese dinero a quienes seguramente disfrutan de un pasar muy superior al promedio empobrecido del país constituye un despropósito y un desperdicio de recursos que la Argentina no está en condiciones de bancar.
La totalidad de esos exiliados, por otra parte, se ha dirigido a países muy lejanos de la aplicación práctica de las disparatadas teorías que ellos mismos decían defender. Ninguno ha elegido Cuba, los países de la ex Unión Soviética o una republiqueta africana en donde se ensayan dislates a costa de la pobreza miserable de su gente.
La gran mayoría de esos exiliados se refugió en países del primer mundo, en Europa (Francia, España, Italia), en Estados Unidos y en Australia. Allí ninguna de sus estrambóticas ideas ha tenido aplicación. Al contrario, esos países siguieron los modelos lógicos de desarrollo humano que han multiplicado la riqueza y las libertades públicas. Allí donde la afluencia económica acorta las distancias de la pobreza, las personas son más libres y más dueñas de sus personas y de sus destinos.
Ideas como las que muchos de esos exiliados defendieron a costa de la sangre de muchos argentinos no hacen más que entronizar a una cúpula privilegiada que concentra la riqueza en contra de la divulgación de los recursos, las libertades y la educación.
Parece profundamente injusto que un país que ha visto abortado su desarrollo y su despegue económico porque lamentablemente muchas de esas ideas tuvieron eco en una clase dirigente divorciada de la modernidad y del sentido común, que ha preferido alimentar el odio antes que la concordia, deba echar mano a sus escasísimos recursos para pagarle a quienes en parte fueron responsables de su fracaso y a quienes, mientras la enorme mayoría de la población sufría las consecuencias de la debacle en casa, disfrutaba de los beneficios de vivir rodeados del confort que sus ideas no contribuyeron a crear fronteras adentro.
¿Cuál sería entonces la compensación que correspondería reconocerle a los argentinos que se quedaron aquí?, ¿qué dinero pagaría las mutilaciones, las pérdidas materiales, las pérdidas humanas que muchos de esos exilados infligieron a la familia argentina?
La prédica de la división debe terminar en el país. Con ser suficientemente grave que se la aliente desde la palabra y desde la verborragia oficial, es mucho más serio que pase al terreno de los hechos y le saque recursos a la escuálida riqueza argentina para derivarla a bolsillos privados que, en su momento, no dudaron en ejercer la violencia, sembrar el caos y esparcir la muerte entre nosotros.
La enorme e ilegal represión que siguió a aquellos hechos y que muchos identifican como la causa de la fuga, no hizo otra cosa que profundizar el odio y el resentimiento de unos contra otros. Como testigos mudos de una violencia armada e inútil, los argentinos decentes siguieron tratando de trabajar y de mantener en pie lo que muchos habían tomado como un terreno para ensayar su laboratorio de guerra. Esos argentinos son los que hoy tendrán que pagarle a los laboratoristas.
¿Qué deberían decir aquellos que jugaron su futuro y el de sus hijos aquí?, ¿cuál es el concepto de justicia que justifique una medida esta naturaleza?, ¿cuál es la señal que recibe como ejemplo el pueblo argentino?, ¿hasta cuándo el Gobierno seguirá mirando hacia atrás sin resolver los problemas?, ¿por qué ha decidido meter sus manos en el dinero de todos para entregarle esos recursos a un conjunto de privilegiados?
El país sigue dando señales equivocadas a la honestidad y a los honrados. No son pocos los que hoy podrían estar sacando la conclusión de que para obtener una fuente de recursos del propio Estado argentino hay que propender a su desaparición