N ° 01/2005 - Año 6º
Buenos Aires, 20 de enero de 2005.-
Es la pregunta que me nace y me quema cada vez que escucho a los Santiago Montoya y demás funcionarios, periodistas pregonar el maltrato y persecución a los contribuyentes.
¿Hasta cuando vamos a tolerar la inmoralidad del sistema tributario argentino, de las provincias y la de los gobernantes?
¿Hasta cuando funcionarios que son nuestros empleados se permitirán abusar de los ciudadanos, con intimidaciones, violaciones de nuestros derechos de transitar, salir del país, y de nuestro tiempo de vida?
Ya no solo son las colas para pedir la boleta del impuesto, también ahora por arbitrio de Felpe Solá y su secretario de ingresos públicos, Montoya, con la colaboración del gobierno nacional, miles de argentinos –mujeres, niños, ancianos, bebes, etc.- debieron soportar horas al sol demorados para que el Montoya y Solá continuaran la delictiva campaña de intimidación pública de supuestos deudores bonaerenses.
Y señalo que la campaña es delictiva porque las amenazas tienen por fin alarmar, amedentrar, a tolerar algo contra la voluntad de uno y así o prevé el artículo 149 bis del Código Penal. Como también y con mayor precisión el artículo 144 bis, inciso 2º considera delito que un funcionario público emplee procedimientos que mortifican a la víctima atacando su libertad cuando desempeñando un acto de servicio “cometiera cualquier vejación” contra las personas.
Cualquier vejación. Está bien claro, ningún funcionario, ni aun con la excusa de perseguir deudores (ni siquiera evasores) tiene derecho a hacer una campaña vejatoria para los ciudadanos.
Pero no existe ni un fiscal, ni un juez que disponga ya no la imputación penal de semejante abuso, sino al menos que la misma cese. Porque los derechos humanos son una farsa más de la declamación izquierdista, en especial si se trata de impedir que sigamos financiando y legitimando la autocracia disfrazada de democracia constitucional.
¿O es que la gran mayoría de los argentinos somos inmorales y por eso ni nos importa, ni nos lastima que se pueda querer ser un héroe por no pagar las deudas del estado, que nadie les obligo a tomar, ni a hacer mientras se trata como delincuentes a quienes no han pagado una deuda que les impusieron contra su voluntad?
Porque seamos claros, el Estado no estuvo obligado a gastar demás, ni a endeudarse, lo hicieron muchos sancionando leyes “bondadosas que alguien alguna vez tendría que pagar”. El dinero que se debe por la deuda es porque lo pedimos y los gastamos, no porque algún maldito extranjero e imperialista los creo.
Mientras que los impuestos no son una deuda voluntaria del contribuyente sino una imposición del poder estatal. Imposición que goza de privilegios antirrepublicanos e inconstitucionales como los embargos sin juicio, como limitaciones en la defensa del ciudadano, la obligación de pagar y luego “repetir” (reclamar el reintegro de lo ya pagado).
Y además un deudor no es un evasor, es sencillamente un deudor.
Y si alguien debe dinero al estado hay leyes con privilegios propios de las monarquías que le permiten a los funcionarios hacer embargos sin sentencia judicial, hacer juicios de ejecución, todo lo que los acreedores del Estado no podemos hacer para que nos paguen la deuda pública, de la cual una buena parte también ha sido forzada a prestarla mediante la obligación de aportar a las AFJP y que estas fueran obligadas a comprar bonos del estado, o al sistema de reparto que pagar jubilaciones miserables.
¿Hasta cuando vamos a tolerar impuestos abusivos e impagables para que ellos se hagan los bondadosos, pero llenen sus bolsillos?
¿Hasta cuando vamos a creernos que cuando ellos, los gobernantes, no pagan la deuda son héroes, que cuando persiguen a un deudor tributario son héroes?
¿Hasta cuando nos repetirán que el FMI es culpable de todo y sus recetas nos llenaron de desgracias pero se seguirá aplicándolas sin miramiento alguno. Porque los embargos preventivos de la AFIP sin necesidad de notificar el reclamo, sin posibilidad de defenderse, sin necesidad de una orden judicial fueron una recomendación del FMI que trajo su enviado Carlos Silvani y de la que convencieron a Carlos Menem de legalizar.
Hoy Silvani ha vuelto a vivir en Washington con un buen salario en dólares trabajando para el FMI, mientras en nuestra Argentina sigue vigente una ley que viola todas las garantías constitucionales del derecho de propiedad, de defensa en juicio y no hay un solo juez que se atreva a dejarlas sin efecto. Más bien al contrario los jueces de los fueros especiales creados también por recomendación del FMI se sienten “cobradores de impuestos” no garantes de la imitación del Estado que manda la Constitución Argentina.
Sí, la verdad que el FMI es en muchos sentidos una basura intelectual, sus recetas de una arbitrariedad cuasi soviética pero los autócratas locales hacen buen uso de ellas.
Hay veces en que no pagar impuestos es un acto de supervivencia, de protección del patrimonio personal, porque encima el Estado no nos da ninguno de los servicios que sí debería darnos, seguridad y justicia. Peor aun nos los da de una calidad africana o zarista, es decir pésimos y arbitrarios.
Otras veces no pagar impuestos es un acto de liberación de las personas, de terminar con dictaduras o monarquías como cuando los colonos ingleses en Norteamérica echaron el té al mar y se inició la guerra para sacudirse el yugo explotador de los impuestos abusivos de la corona británica.
Y buen resultado les dio.
Va siendo hora que comprendamos que por la vía de los abusos tributarios también se establece la dictadura, se violan nuestros derechos y que sino tenemos jueces que nos protejan frente al abuso estatal, de nuestros empleados, entonces no tenemos ni república, ni democracia.