N ° 05/2001
Buenos Aires, febrero 05 de 2001.-
Por mi propia experiencia sé que ya hace años en nuestro país se ha instaurado una forma de hacer política y justicia, que ha llevado a que en lugar de Poder Judicial tengamos Poder Mediático Condenatorio.
La Justiprensa se basa en políticos que denuncian ante los medios de prensa cualquier cosa. Luego los mismos políticos formulan las denuncias penales por lo que leyeron en los diarios. Jueces y fiscales impulsan esas denuncias sobre cuestiones no justiciables, como son las decisiones políticas, o apelaciones solo por lo que dijo, dice y dirá la prensa.
Cuando en 1994 llenaron primeras planas del Pravda Clarín acerca de supuestos U$ 200 millones que el Banco Hipotecario habría depositado en paraísos fiscales, inmediatamente se hizo una denuncia penal que termino en que los títulos Brady argentinos en que se habían invertido los excedentes transitorios de liquidez eran de alto riesgo y por lo tanto violaban la carta orgánica del BHN.
Claramente ningún fiscal o juez debió abrir una investigación así ya que la calificación como “títulos de alto riesgo” no es una decisión de jueces, y mucho menos calificar así a títulos del propio Tesoro Nacional argentino que era el propietario del BHN. Pero ante el temor a que la prensa los atacara los jueces y fiscales estuvieron 52 meses investigando si haber comprado tales bonos era delito, o no.
Jamás a ningún medio en noviembre de 1998 le ocupo una línea dar a conocer que se había cerrado la causa y que además en lugar de pérdidas esas operaciones habían dado al BHN una utilidad de más de U$ 126 millones en 9 meses.
El gobierno de la Alianza renegocio en forma directa las concesiones de los ferrocarriles que vencían en el año 2004 y las extendió por 20 años. La Oficina de Persecuciones y Encubrimientos denunció a Víctor Alderete como jefe de una asociación ilícita porque hacía contrataciones directas y tercerizó servicios del Pami. ¿Cuál es la diferencia?
Que el Pami es una obra social no estatal y puede darse sus propias formas de contratación, aún directas, que los contratos de Alderete tenían un plazo máximo de 5 años y cláusula de rescisión con 30 días de notificación previa sin indemnización.
Los contratos de concesión ferroviarios vencen dentro de 4 años y fueron renovados por 20 años sin ninguna forma de concurso público, ni siquiera de renegociación pública. Pero claro estos decretazos del Presidente Fernando de la Rua son interpretados como un nuevo dinamismo de la gestión.
Pero sucedió lo inesperado, dos fiscales de la Justiprensa acusaron a algunos senadores y obviamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que habrían pagado las coimas denunciadas y no probadas.
¿Porqué semejante reacción? Porque si hubo coimas a algunos senadores el culpable de pagarlas ha sido el propio Presidente Fernando de la Rua. Al pan, pan y al vino, vino. Si existieron las coimas no se trató de una aventura de Alberto Flamarique y Fernando de Santibáñez, sino de una decisión del propio Presidente de la Nación, que fue senador y tendría una vasta experiencia en estas lides.
Ciertamente la reacción del propio Presidente de la Nación es inadecuada y abusiva, porque de alguna forma con ella se intimida a los fiscales que por la Constitución Nacional tienen independencia funcional.
Pero no por ello los fiscales Freiler y Delgado actuaron bien, por el contrario su apelación es vergonzosa, se fundamenta en la opinión publicada y elucubraciones políticas, de justicia, de pruebas y evidencias nada.
La Justiprensa quiere poner en pié de igualdad la resolución del Juez Liporaci con la de los fiscales, pero esto es un grave error. Si no hay pruebas, no hay delito, ni imputados, ni nada, entonces el juez está obligado a declarar la falta de mérito o el sobreseimiento. Los fiscales son quienes deben aportar pruebas.
La garantía de no tener una justicia castrista, estalinista o hitlerista es que nadie puede ser condenado sin pruebas, por lo tanto si los fiscales, Cafiero y Chacho no aportaron pruebas el Juez "debe" decretar la falta de merito y aun muchas veces debería ser el sobreseimiento. Cosa que los jueces no hacen por temor a presión del gobierno, o a la repercusión de los medios, o a que como se dice en la política de los EEUU tienen un cadáver en el closet y entonces podrían ser atacados por ello.
Lo de Liporaci es lo que correspondía más allá que guste, o no, así sucedió con OJ Simpson el jurado lo declaro no culpable porque la fiscalía no probo que él fuera el asesino de su esposa y el novio. La prueba como habrás visto en las películas la llaman evidencia. Si los fiscales, Chacho y Tonty Cafiero no aportaron pruebas el juez no tiene la culpa, el juez debería ser quien imparte justicia y actúa conforme a las pruebas y al derecho.
La irresponsabilidad de los fiscales que acusan, o hacen apelaciones por los diarios y por política es condenable. El Presidente y el ministro del Interior, junto a los demás dirigentes de la Alianza son los culpables de la “justicia popular” por los medios. Fueron ellos quienes crearon víctimas emblemáticas. Hace pocos meses y desde su cargo el propio Federico Storani reclamo que María Julia Alsogaray debía ir “presa porque la opinión pública la había condenado”.
Ellos se han dedicado a hacer acusaciones y querellas por los diarios. Lo hacían en la oposición y ahora desde la Oficina Anticorrupción que se limita a perseguir y encubrir.
Lo mismo que hicieron estos dos fiscales, hizo la OA con Víctor Alderete. El juez Martín Irurzun que siempre es garantista confirmo su ilegitima y política detención por lo que decían los diarios y “porque tiene muchas denuncias”. El juez Adolfo Bagnasco que ordeno la prisión para evitar el escándalo público.
Esta ha sido la atroz y antirrepublicana política de la Alianza, solo que ahora los escandaliza porque ahora temen terminar como Robespierre siendo condenados de la misma forma que ellos han falsamente acusado y condenado a otros.
Si realmente creen lo que dijeron sobre la apelación de los fiscales Freiler y Delgado deberían el Presidente De la Rua y sus Ministros revisar sus persecuciones judiciales de funcionarios que mediante la práctica del denuncismo por los medios fueron convertidos en emblemáticas víctimas.
El gobierno pretende que los jueces condenen y encarcelen a ex funcionarios sin pruebas. Ahora es víctima de una idea de justicia que ellos equivocaron en establecer, y los fiscales la siguen. Los fiscales y jueces que se manejan por la opinión publicada, por las opiniones políticas preponderantes y no por las pruebas y la ley crean un sistema de no justicia que hace inviable al país. Una justicia popular parecida a la que el nazismo y el comunismo crearon, la de un grupo de "culpables sin pruebas" a quienes cargarles todos los males del país.
Indigna que de la Rua, Storani y el radicalismo, que son los instigadores de la condena por los diarios, ahora se enojen porque los fiscales los tocan a ellos.
Ni puede haber república si hay una justicia para unos y otra para los “otros”.