N ° 19/2004 - Año 5º
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.-
La conducta de los funcionarios públicos y de los políticos en tanto cumplir las obligaciones del estado y cuando pretenden obligar a los ciudadanos a cumplir con el pago de los impuestos es reveladora del doble estándar moral que viven.
Primero veamos los casos donde el estado debe pagar deudas y el origen de ellas. Se trata de proveedores que le entregaron algún bien, producto o servicio que el Estado les compró, o se trata de incumplimientos del estado que algún juez ordeno luego de un juicio que el Estado debe pagar, y finalmente están los que han prestado dinero al Estado para sus gastos políticos. Entre los que le han prestado están los que lo hicieron voluntariamente y los otros forzadamente.
Por ejemplo forzadamente le han prestado todos los que habiendo ganado juicios contra el estado recibieron bonos, o quienes trabajan y aportan a las AFJP que fueron y siguen siendo obligadas a comprar bonos del estado.
Pero en definitiva le prestaron al Estado lo que este pidió. No lo obligaron a endeudarse.
Fue una decisión de los políticos, legisladores en especial votar leyes que necesitaban de ese dinero.
En el caso de las deudas que el estado quiere cobrar compulsivamente son “impuestas”, no se trata de algo que le pedimos y nos prestaron, sino que el mismo estado nos fija el “impuesto o tributo” y luego pone intereses usurarios para cobrarlos.
Muchos de esos impuestos fueron recomendaciones del odiado FMI, pero ni siquiera estos gobiernos que tanto denuestan sus propuestas los derogan, más bien solo quieren cobrarlos.
Cuando de pagar se trata el estado, y en especial este gobierno, propone una quita del 75% del monto, desconocer los intereses devengados, reducir los pactados en un 75% también, y además pagar en cómodas cuotas a 42 años con varios de gracia según el caso. Como los jueces además reconocieron los derechos de propiedad, primero se aseguran un sistema de intimidación del poder judicial removiendo jueces de la Corte Suprema misma por el contenido de sus sentencias y establecen una nueva Korte adikta. Y aun en los casos que los jueces ordenen pagar luego de largos juicios que duran años en lugar de cumplirla usan la emergencia económica para pagar en bonos que valen mucho menos.
Pero si se trata de cobrar, en ese caso todas las medidas usurarias, arbitrarias y autoritarias son válidas, al menos mientras no haya jueces que cumplan con sus funciones y declaren la ilegalidad e inconstitucionalidad de las leyes que permiten a la AFIP embargar cuentas sin necesidad de una orden judicial.
En estos días el gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, quien aun no rinde cuentas de la depredación pesquera durante su gestión al frente de la Secretaría de Agricultura y Pesca, ahora pretende igualar deudores con evasores, y con esa excusa abrir cajas de seguridad privadas. Lo que es una violación de garantías constitucionales aun en el caso de los evasores. Ni hablar en el caso de deudores que deben lo que los obligan a pagar.
Como siempre se recurre al concepto socialista y anticapitalista de perseguir a los que más tienen de forma tal de lograr la simpatía de los muchos otros que esos mismos políticos han empobrecido mediante la asociación falaz que si esos ciudadanos hubieran pagado sus impuestos los demás no serían pobres.
Juntan apoyo de quienes no pueden comprender, gracias al fracaso de educación pública, que estas violaciones de derechos empiezan hoy con esos “ricos” para mañana llevarse los bonos de las AFJP y lo que quieran.
La pregunta es porque no empezamos a pagar nuestros impuestos en las mismas condiciones que Kirchner, Lavagna y Solá quieren pagarnos la deuda que el Estado tiene con nosotros. Porque ellos pueden sacarse de encima el 75% de la deuda, los intereses, pagar a 42 años y nosotros debemos pagar todo lo que ellos nos imponen, con intereses usurarios, y encima de recomendaciones del FMI.
Todos los discursos de Kirchner, Solá y otros que apoyan estas medidas violatorias de los derechos de los ciudadanos, como abrir cajas de seguridad, intimidarnos por teléfono o en aeropuertos son parte de una lógica totalitaria, donde los impuestos financian al régimen y son una herramienta de opresión.
Y la inmoralidad del sistema queda expuesta por la mera comparación de cómo actúan cuando deben pagar y cuando quieren cobrar.
El sistema legal y el discurso político del gobierno son de una firme creencia marxista, por la cual los que tienen algo son presentados como si se lo hubieran quitado a los demás por la fuerza, mientras el único que quita todo por la fuerza, el Estado, se presenta como el justiciero.
Y esto viene de hace mucho, no es un patrimonio K, estas leyes comenzaron a ser sancionadas por el impulso de Domingo Cavallo y Carlos Tacchi, en los años 90. Pocas voces se alzaron entonces para señalar la barbaridad de que implicaban las facultades extraordinarias que se le daban a la entonces DGI, hoy AFIP.
Todo este sistema impositivo y legal es una faceta más de un estado sobredimensionado, que necesita dinero para hacer clientelismo político, subsidiar a los empresarios “amigos”, o que tienen alguien que abra una puerta, a ONG, etc. que creen tener derecho al dinero ajeno. Un sistema antirrepublicano y anticapitalista que solo ha traído pobreza y desempleo, que se sirve de una cultura popular abonada con el odio y el resentimiento a los únicos que podrían cambiar esa situación, los empresarios.
Mientras eso no cambie, mientras Solá y Kirchner puedan creerse héroes cuando actúan como matones, mientras muchos crean que es justo sacarle a otros mediante leyes arbitrarias, privándolos de su derecho de defenderse ante un juez imparcial el destino latinoamericano en el peor sentido de pobreza, miseria y opresión nos está garantizado.