N ° 09/2004 - Año 5º
Buenos Aires, junio 22 de 2004.-
La cuestión de la coparticipación federal que mencionamos en los Blogs es ante todo una de las más importantes pendientes de resolución desde la reforma constitucional de 1994. Tema que no es menor ya que el régimen vigente que se pretende maquillar fue sancionado en 1987 cuando el estado federal era quien recibía las regalías gasíferas y petrolíferas que por la provincialización constitucional en 1994 pasaron a ser un derecho e ingreso de dinero para cada provincia, porque en 1987 también el estado federal tenía escuelas y hospitales en todo el país lo que fue transferido a las provincias.
Bajo el régimen de 1987 Santa Cruz es una provincia pobre y debe ser subsidiada por el resto de la Nación, en especial por los contribuyentes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Pero Santa Cruz puede cubrir el 70% de su presupuesto con los ingresos que provienen de regalías petrolíferas y gasíferas. Y Buenos Aires que no tiene ningún ingreso por regalías pierde el 100% del robo que se llama retenciones a las exportaciones, y está lleno de pobres. Igual Santa Fe.
La prueba de la riqueza santacruceña son los cientos de millones de dólares depositados en exterior y de los cuales Kirchner se niega a rendir cuentas.
Hay más provincias que ya no son pobres por haberle sido transferidas esos derechos sobre el subsuelo y las regalías de su explotación. Y ellas como Santa Cruz son subsidiadas por los más pobres del país, los habitantes del gran Buenos Aires, del gran Rosario.
¿Porque esta situación no se revisa? Porque Kirchner quiere asegurarse un fondo de redistribución social que le permita ser el “dictador bueno” que atiende a los pobres. La verdad es que ellos seguirán siendo pobres y estado/dictador dependientes porque se están robando el dinero de sus provincias para ayudar a quienes de pobras ya no tienen mucho. Salvo claro está que Santa Cruz ha sido gobernada como una dictadura árabe. Las regalías son para el sultán, el gobernador K, y él reparte algunas migajas como si fueran simples siervos de algún país petrolífero del golfo Pérsico.
La Nación tiene pocas funciones esenciales que son la defensa nacional, un sistema de justicia federal (que debería ser bastante más reducido que el actual), y la seguridad. Ninguna de estas tres funciones son bien prestadas. Tiene muchos otros gastos que se han dispuesto por leyes inconstitucionales como son las universidades, jubilaciones y pensiones, etc.
Esta claro que el estado federal no puede dejar de pagar ciertas deudas contraídas por esas leyes, aunque debería tener un programa de reducción de ellas. En el caso de las jubilaciones el sistema de AFJP (sin ser el sistema ideal) tendría que haber reemplazado al despilfarro del ANSES, pero hoy debe pagar el viejo sistema de reparto.
La nación no tiene territorios que atender, no tiene escuelas, no tiene responsabilidades, ni siquiera tiene población, en una república federal todos esos elementos son provinciales y municipales por lo tanto la coparticipación de impuestos debería ser justamente inversa. Es decir las provincias deberían recaudar los impuestos y ceder una cuota a la Nación. Esos recursos son de las provincias, no de la Nación. La Nación tiene la renta de las aduanas y de los impuestos que la Constitución le asigna.
Lo que debe terminarse es el gigantismo y centralismo federal que ha arruinado a las provincias y traicionado el sistema constitucional.
No se trata de repartir el botín sino de cumplir con la constitución y el sentido del sistema federal.
El FMI está interesado en que el sistema siga siendo centralizado y que el Estado Federal mediante la proyectada ley de responsabilidad fiscal se convierta en el gerente y apretador de cada gobernador. Y Kirchner como buen diktador latinoamericano cumple con ese pedido mientras a él le dejen las manos libres para apoderase del país.
El Estado Federal no tienen ningún derecho, ni facultad de entrometerse en la administración de las provincias y no debe hacerlo. El centralismo ha demostrado ser ineficiente y corrupto.
Kirchner se ha aprovechado de la torpeza del FMI y sus funcionarios para promover una ley que le asegure la sumisión de todos los gobernadores y dirigentes políticos porque será el Estado Federal quien se permitirá decidir cuanto paga y cuando a cada provincia.
¿Para que hemos de votar en provincias y municipios si tenemos un dictador? Para tener una ficción de república y democracia, algo que permita que vayamos cantando de felicidad a la ducha de gas, o los campos de reeducación democrática.
Un sistema muy caro, ineficiente administrativa y políticamente pero que asegura a dictadores como Adolf Hitler, Fidel Castro, Chávez decir que ellos son el pueblo, que representan la mayoría del pueblo y todas esas mentiras en cuyo nombre se han cometido los crímenes más atroces de la historia humana.
El debate de la ley de coparticipación federal tiene una importancia mucho mayor que el reparto de un botín económico, del reparto de una caja del dinero de los impuestos para ver quien se hace dueño y señor de los aparatos políticos que le permitan hacer una dictadura popular. Lo que tenemos ahora es eso, y es lo que el FMI prefiere.
Lo que Argentina necesita es descentralizar, acercar a los ciudadanos con sus gobernantes, lo que el FMI y Kirchner pretenden imponer con la excusa de controlar el déficit fiscal es una suerte de dictadura centralista. Un sistema donde un conductor (un führer) sea el jefe de una banda de gauleutiers (delgados provinciales) quienes mediante el manejo del dinero público armaran todas las listas de delegados del partido al congreso.
Esas ONG que están entretenidas junto a Marta Oyhanarte discutiendo una reforma política, hablando de eliminar las listas sabanas, están soñando mientras Kirchner avanza bajo el paraguas del FMI –a quien le paga el total de la deuda no como a los ahorristas y trabajadores argentinos a quienes solo quiere pagarles el 17% de la misma- con un sistema de recaudación de impuestos y redistribución que le asegure el monopolio del poder sin importar cual sea el sistema de elecciones.
De establecer un sistema de recaudación de impuestos y su coparticipación federal constitucionalmente republicano y federal depende el futuro de nuestra libertad y del progreso de nuestras provincias y sus pueblos.
No se trata ni de Felipe Solá, ni de Eduardo Alberto Duhalde y su aparato bonaerense, que son un problema igualmente, sino de asegurar la distribución del poder para evitarnos los abusos que hagan que los próximos falsos komplots sirvan para enviarnos a quienes pensamos distinto a un campo de trabajos forzados, de concentración. Y que los depósitos de centenares de millones de dólares en el exterior de Santa Cruz pasen a ser de miles de millones y Kirchner se evite dar alguna incómoda explicación del manejo de ellos.