N ° 05/2004
Buenos Aires, marzo 24 de 2004.-
El inkorruptible juez federal Rodolfo Canicoba Corral ha dado un nuevo paso en la destrucción de las instituciones argentinas y la seguridad jurídica al “fallar” decretando la inconstitucionalidad parcial de indultos presidenciales a militares argentinos.
Todo el palabrerío empleado no disimula el abuso de poder del juez al querer modificar y anular una medida política que la Constitución Nacional reserva al Poder Ejecutivo Nacional, es decir al Presidente de la Nación sin que pueda ser revisada ni por jueces, ni por el Congreso. Es una medida de perdón no revisable por ninguno de los otros dos poderes del Estado
Canicoba Corral es como muchos otros un pequeño miserable con poder, capaz de hacer cualquier cosa para salvar su pellejo. Inclusive violar la Constitución que debería hacer cumplir.
Su fallo de “anulación de los indultos” que por supuesto no alcanza a los terroristas comunistas, cuyo declarado propósito era establecer una dictadura castro-comunista, que tenían el apoyo militar, financiero y logístico de estados extranjeros es solo una muestra de su infame condición por la cual debería ser removido de inmediato.
Solo falta que Martín Irurzun que justifico las detenciones por decreto sin estado de sitios ordenadas por Alfonsín en 1985 bajo el “falaz argumento que quien puede lo más puede lo menos” ahora niegue a un presidente la facultad constitucional de indultar, olvidando que justamente el indulto a un procesado sí es constitucional justamente por esa razón. Claro que en aquel caso se encarcelaba a militares y periodistas de derecha y los indultos de Menem en cuanto se pretenden inconstitucionales es porque perdonan a militares.
Son verdaderos no jueces que compran su impunidad con persecuciones ordenadas sin que nadie mueva un dedo. Basta mirar sus trajes, corbatas, autos para saber que no viven del sueldo. El diktador los utiliza mediante el miedo de aplicarles lo que ellos conocen mejor que nadie, una denuncia penal. Es un círculo corrupto cuyas víctimas son los demás argentinos que no tenemos ni un poder judicial que nos de garantías de juicios justos, ni menos aún sabemos si tenemos jueces o meros agentes de un servicio represivo.
Síntesis de toda esta barbarie es el comentario en el diario La Nación del domingo 21 de marzo, donde se publica un off the record de un funcionario judicial que dice “la orden que tenemos del gobierno es péguenle a Menem, que avancemos todo lo que podamos para investigarlo y voltearlo”.
No se trata de Menem sino de cada uno de nosotros. Del silencio de todos los medios de comunicación, de diputados, senadores, jueces y fiscales que han leído semejante confesión y no han hecho ni harán nada. Se trata de la peor dictadura que se pueda imaginar, la que se reviste de justicia cuando es solo persecución a cualquier costo y con desprecio absoluto del pacto de paz de nuestra Nación.