N ° 02/2004
Buenos Aires, febrero 16 de 2004.-
Previo a todo hay que señalar que las tasas de interés en general de los bonos del gobierno argentino no son tan elevadas como muchos políticos, economistas y periodistas repiten. Ellos confunden a la gente tomando la relación del valor de mercado, más la tasa de interés y el 100% del capital que debe ser pagado de donde si resulta una tasa de retorno muy alta.
Para ilustrar a nuestros lectores baste decir que Kirchner ha expresado que el invirtió en el Banco de la Reserva Federal al 1% anual. Lo cual es falso porque el banco de la reserva federal no toma depósitos y los bonos del Tesoro norteamericano en los años de dichas inversiones estaban bastante por arriba del 5% anual. Y en épocas de Paul Volcker se llego a emitir bonos norteamericanos al 16 y 21% anual de interés.
Y si hubiera invertido al 1% anual debería ser calificado del peor administrador. Seguramente como esas inversiones siguen sin “rendición de cuentas y movimientos” (¿tanto tiempo llevará dibujar comisiones y algún otro gasto?) esa tasa justificará el saldo actual, pero cualquier banco de primera línea le habría pagado no menos del 4 o 5% anual con riesgo cero.
Piense el lector en esa cifra de la diferencia cada año y entenderá de que hablamos.
Nuestro diktador declaró que los acreedores del Estado Argentino eran apostadores que habían ido al casino y les había tocado perder. Una voz de apoyo se alzo mediante una carta de lectores en el diario La Nación donde se calificaba de “vivos” que habían perdido en el casino, la firmo Carlos Pedro Blaquier y sostiene en sucesivas cartas que las AFJP no “fueron obligadas a comprar los bonos del Estado Argentino”.
Aunque Blaquier quiera sostener que las AFJP podrían no haber comprados los “bonos timba”, la verdad es que el sistema de jubilación privada, igual que el sistema financiero argentino, tiene la debilidad de ser una actividad regulada y controlada por el Estado, que como siempre bajo la excusa de controlar a los empresarios y proteger a los ciudadanos de ellos siempre termina regulando un financiamiento oculto del gasto estatal.
El sistema de AFJP en Argentina nació mal. Su enfermedad congénita es la subsistencia del sistema de reparto y la regulación “protectora” de sus inversiones por el Estado. Lo que sucedió es una consecuencia natural de su creación renga.
Para poder defenderse de las “órdenes estatales” las AFJP necesitarían de una justicia independiente, pero Blaquier que quiere que los aportantes demanden a las AFJP por administración ruinosa nada dice de la creación de una Korte adikta justamente que evite la incomodidad de someter a sus amigos al derecho.
Las AFJP han sido víctimas al igual que sus aportantes, pero en una actitud de hipocresía total don Blaquier quiere hacerlas pagar el costo de haber cumplido las leyes. Leyes que si hubieran incumplido les hacían perder su autorización para funcionar.
Eso sí don Blaquier no reclama en ningún momento que exista la libertad de elegir ni siquiera aportar a un sistema de AFJP por parte de trabajadores y demás personas. Porque eso sí que podría ser enojoso para sus amigos del poder.
El señor Blaquier es uno de los tantos enriquecidos mediante privilegios y proteccionismo aduaneros. En su caso un “industrial azucarero” cuya fortuna personal debe a privilegios y barreras arancelarias que encarecen los alimentos de los demás argentinos, y los insumos de los industriales de la alimentación.
¡Él sí que es un vivo!
Quisiera pensar que este apoyo al diktador tampoco tiene relación con la renovación de la protección aduanera al azúcar que tanto empujo la senadora Kristina Fernández de Kirchner motivando represalias comerciales de Brasil contra la Argentina.
Pero aunque quisiera pensar en eso tengo en claro que existen muchos avivados y enriquecidos mediante subsidios y privilegios como Carlos Pedro Blaquier que se permiten llamar “vivos” a los argentinos que pagan sus aportes jubilatorios, a quienes recibieron bonos del Estado Argentino porque no tenía otra forma de pagar la deuda que nos dejo Alfonsín. Dicho de otra forma, los que como Carlos Pedro Blaquier además nos tratan a los demás argentinos que queremos salirnos del casino de nuestros políticos y sus amigos industriales a quienes no se puede llamar empresarios porque viven del proteccionismo mafioso del Estado como vivos mientras siguen explotándonos mediante sus pistoleyes*.
Personas que ya no solo viven de expoliarnos a nosotros sino que hasta hacen alarde de su impunidad, como si fueran una suerte de custodios de la moral argentina. Digamos que cuidan sus privilegios y su asociación feudal con algunos políticos, que lo que cuidan es la inmoralidad vestida de virtud, lo que no logra convertir sus privilegios en morales.
Tanto al señor avivado y enriquecido a costa de todos nosotros, me refiero a Blaquier, como a su cómplice diktador que renovó su forma de enriquecimiento les vendría bien saber que el 38% de la deuda argentina es de argentinos que no elegimos ni ir al casino, ni prestarle al gobierno sino que fuimos obligados a prestárselas a punta de pistoley (nuestro estado y sus gobernantes usan la ley no para limitar al gobierno sino para expoliarnos a punta de ley como si fuera una pistola).
¿Y ellos para que la usaron? Para su gasto social, para sus piqueteros, sus ñoquis, sus residencias, sus autos con chofer, sus custodias que les evitan la incómoda delincuencia a la que nos entregan, sus secretarias, sus amantes, sus parientes asesores, sus parientes funcionarios, sus jubilaciones de privilegio, para sus negociados, para sus “leyes” promoviendo el bienestar general de unos pocos.
Bueno, si hemos llegado a ser considerados apostadores irresponsables porque el Estado tomó nuestros ahorros, depósitos, nuestra producción, nuestras ganancias el diktador tendría que recibir la respuesta que está buscando.
Una rebelión fiscal. Que nadie más pague un impuesto inconstitucional (como la gran mayoría), que nadie haga aportes al sistema provisional, que nadie cumpla sus leyes arbitrarias, abusivas e inconstitucionales.
Lo que Kirchner y la burrocracia se merecen es que dejemos de ir al kasino.
Yo no soy apostador, millones de argentinos no lo somos. Tampoco somos tan vivos como los amigos del diktador, como los Carlos Pedro Blaquier. Solo queremos que no nos obliguen más con sus pistoleyes a ir al casino donde no queremos entrar, y donde además la “banca”está en manos de tahúres de la peor especie, que pretenden hacernos culpables de sus desastres y encima presentarse como nuestros protectores.
Y luego empezaron a llegar los embargos que para Kirchner son solo “fuegos de artificio”. Frase que denota el nulo respeto del diktador por el orden jurídico. Para él un embargo ordenado por un juez no resulta una sanción por habernos querido poner sobre nuestros derechos, desconocer y violar los derechos ajenos sino “fuegos de artificio”. Podría ser una gran frase para un Luis XIV que se permitió decir “el estado soy yo”, para cualquier monarca absoluto, cuya voluntad era la ley y cuyos ciudadanos vivían la inseguridad del abuso estatal.
Países que bajo esa concepción expulsaron lo mejor de sus pueblos hacia una lejana y pobre tierra, donde no había oro, ni plata para explotar, ni riquezas naturales que convertir en bienes económicos. Esos europeos que emigraron hacia los EE.UU. y en menos de 150 años convirtieron una nación subdesarrollada y pobre (tercermundista) en la nación más rica y progresista del mundo. Una nación que se formó creyendo que los contratos son buenos y deben ser cumplidos, que la riqueza no es un bien natural que debe repartirse sino el fruto del propio esfuerzo.
Y claro en semejante nación el presidente y el estado no están por sobre el derecho, sino sometidos a él igual que sus ciudadanos.
Pero Kirchner, como su Dr. Frankenstein (Eduardo Duhalde) se creen por encima de todo, y de todos, creen que el Estado es un fin que puede permitir desconocer el derecho y los contratos. Por eso el Juez Griessa les resulta incómodo, sencillamente porque para ellos un juez debería obedecer las razones del estado y no ponerlo a este en regla.
Los bonos globales argentinos dicen textualmente: "Argentina irrevocablemente dispensa y acuerda no alegar cualquier inmunidad a la que pueda tener derecho, incluyendo la inmunidad soberana y la inmunidad con respecto a los embargos anteriores a la sentencia, embargos posteriores a la sentencia y a la ejecución."
¿Son fuegos de artificio? ¿Quién es el buitre, el que no quiere aceptar las consecuencias de su incumplimiento o quien reclama que se cumpla un contrato?
Y ahora para evitar cumplir lo pactado se nos entretiene con que el Departamento de Estado de los EE.UU. nos evitará los embargos. Nunca se nos ocurre someternos al derecho, al contrato firmado, y lamentablemente una gran porción de los argentinos aplauden esta actitud porque actúan igual en su vida diaria.
Con semejante inconducta e inmoralidad lo extraño sería que nos fuera bien, que hubiera inversiones y que los argentinos no emigren a los países del primer mundo.
Lastima que en el kasino argentino los ciudadanos somos “punto” y ellos la banka.
Pistoleyes: neologismo que invente uniendo las palabras pistola y ley, para representar la desnaturalización moderna de la ley que en lugar de “limitar el poder del rey, del Estado y proteger los derechos de las personas se han convertido en el arma para expoliar a esas personas. El Estado moderno no asalta a sus ciudadanos a punta de pistola sino a punta de leyes, y quienes se resisten otras leyes los convierten en delincuentes para cerrar el círculo de opresión.
Como ejemplo vale pensar en el Estado Argentino que viola todos sus contratos, deja de pagar y encima no quiere aceptar ser sometido a juicio por ello, que cuando una sentencia le es desfavorable paga en bonos insolventes que él mismo decide e impone, mientras si un ciudadano no paga un impuesto lo puede perseguir penalmente, acusarlo de evasor y hasta llevarlo a prisión. Hasta han creado un fuero especial de jueces que persiguen evasores, no de jueces que nos protegen de los abusos que el mismo estado se otorga para perseguirnos.
Recuerden sino la asociación ilícita tributaria con pena agravada o la facultad de la AFIP de trabar embargos sin juicio. ¿Alguien podría pensar que esas leyes protegen al ciudadano? ¿Alguien podría no pensar que el único y exclusivo destino de semejantes atropellos legales no son un mecanismo de opresión y persecución levantado bajo la excusa del “bien común, de las necesidades del Estado”? ¿Y si los ciudadanos no necesitamos a ese Estado, a quienes lo administran?