N ° 04/2001
Buenos Aires, enero 29 de 2001.-
Desde hace algunas semanas se ha desatado un debate acerca del costo que tienen las legislaturas provinciales, o el costo de la “política”. Como todos sabemos este debate tiene un especial impulso desde el Poder Ejecutivo Nacional y ha encontrado sustento en un trabajo realizado por Carlos Jackish.
Vía e mail circula una cadena dedicada a recaudar fondos para lograr reducir las legislaturas a la mitad, incluido el Congreso Nacional, y reducir el costo de estos órganos constitucionales.
Fuentes de Acción por la República dicen que Cavallo tendría un plan para fusionar las 24 provincias en 5. Toda esta ingeniería institucional obviamente al margen que las 14 provincias originarias de nuestra Constitución son anteriores al Estado Federal y entonces hasta podrían secesionarse.
Sin embargo a mi entender la discusión está equivocada una vez más. No hay forma de tener una respuesta correcta con una pregunta mal formulada.
La cuestión no es cuanto cuestan las legislaturas, o si el costo es muy alto, sino que recibe la sociedad a cambio de ese costo, y quienes deben hacerse cargo de pagarlo.
O mejor aún, ¿cumplen sus funciones las legislaturas y el Congreso de la Nación a cambio del dinero que gastamos en ellos? ¿Cuáles son esas funciones?
Tomemos el caso extremo de Formosa, o la ciudad de Buenos Aires, que no está tan lejos de aquella provincia. No es asunto de los porteños resolver si la legislatura de Formosa es cara, o no, si los legisladores provinciales ganan mucho o poco dinero, es un asunto exclusivo de los formoseños. Tan exclusivo que ellos deberían ser los únicos responsables de pagar ese costo.
En la Ciudad de Buenos Aires cuando la Alianza tuvo mayoría propia en la “convención estatuyente” pronto olvidaron sus promesas de reducir el Concejo Delirante a la mitad y crearon una legislatura de 60 miembros. Su costo debemos pagarlo los porteños, no otros. Y con dolor debo aceptar que la mayoría de los porteños cree que esa legislatura es adecuada y está dispuesta a aceptar que cueste $52 millones por año.
Porque los porteños han seguido votando por los mentirosos de la Alianza, tolerando el gasto público, etc.
Pero el problema está en la “minusvalía” por oposición a aquella equivocada idea de Carlos Marx sobre la plusvalía. Para Marx la plusvalía era un beneficio en exceso que obtenían los capitalistas por el trabajo que los obreros le daban a aquellos, sostenía que los salarios eran menores al beneficio que recibían los capitalistas.
El mal de los Congresos (empezando por el Nacional) y de la política en general no es su costo sino que su “producción” es mucho menor a lo que cobran.
Los legisladores deberían controlar al poder ejecutivo, evitar su expansión a costa de los derechos y garantías individuales garantizados por la Constitución Nacional, deberían producir pocas leyes generales sin entorpecer la actividad de los ciudadanos y empresas. Sin embargo son solo un “yes man” del Poder Ejecutivo.
Son caros porque están incumpliendo sus funciones esenciales. Peor aún en lo que producen (regulaciones legales) lo hacen mal y por lo tanto crean inseguridad jurídica, violan derechos y libertades, se limitan a aumentar el poder de la burocracia y del estado.
Yo estaría dispuesto a que cobren mucho más para que de una vez por todas detengan el avance descontrolado del poder estatal.
Quienes hoy están haciendo campaña para achicar las legislaturas se equivocan. Congresos más pequeños no aseguran mejores regulaciones, ni evitar la dependencia que estos cuerpos tienen del ejecutivo.
Lo que debe hacerse, es exigir que cumplan sus funciones.
Son una manga de idiotas aquellos que reclaman que se haga por decreto aquello que no puede hacerse ni por ley como son las repetidas confiscaciones de propiedad. Esos que hablan en nombre de los mercados y en realidad representan los intereses de algunos banqueros que creen que lo que hoy se puede robar al pueblo decreto para pagarles sus acreencias no podría ser usado mañana contra ellos.
Si el estado ha quebrado, no se trata de pretender que roben a los otros sus créditos y paguen solo los míos. Mañana esa pseudo legitimidad se vuelve en contra de estos cortoplacistas.
Volviendo a los congresos no es que sean caros por sí mismos, ni que este mal que sean grandes y costosos. Los números sirven si se puede tomar en cuenta el resultado de la gestión. Entonces sí resultan caros, porque no producen casi nada y lo que producen es muy malo. Pero peor aun es lo que no producen, siempre están ocupados en salvar al Estado, jamás en defender los derechos y libertades garantizados constitucionalmente.
Jamás detienen el aumento del gasto público. Es el Congreso quien debería tener un bonus por ahorrar en todo el gasto público, así se terminarían los Secretarios de Cultura, los Secretarios de Deporte, etc. que son mucho más caros que cualquier congreso.
Veamos el caso de la ciudad de Buenos Aires cuya legislatura es nueva. Aprobaron en el presupuesto $ 1.441.000 para promover la práctica rentada de golf, gastarse decenas de millones haciendo recitales “gratis”, lanzando fuegos artificiales por fin de año, pagando radios, campañas publicitarias de ellos mismos, etc.
Todo eso es mucho más caro que un Congreso que impidiera que lo gasten, que establezca impuestos para pagar esos gastos.
Se pueden dar miles de ejemplos para escandalizar a la ciudadanía, por ejemplo el salario mensual de un legislador tejano es de U$ 600. Sí, solo seiscientos dólares por mes.
Pero lo peor que podría pasar es aumentar el arbitrio y descontrol del poder ejecutivo atacando a las legislaturas.
La mejor solución, la verdadera y constitucional es que cada provincia recaude sus impuestos y que sean los ciudadanos de cada una los que fijen y acepten que tamaño de legislatura quieren y cuanto están dispuestos a gastar en ellas.
La solución no es una decisión centralizada, ni de una abusiva mayoría numérica transitoria. Somos una república federal, que cada provincia se haga cargo de sus propios impuestos, regulaciones e instituciones.
La otra cuestión es que los legisladores dejen de ser simples mandaderos del poder ejecutivo de turno, que dejen de decirnos que los mercados nos lo exigen. Porque ninguno de esos banqueros o “economistas que se hacen llamar ortodoxos” podrían abrir la boca otra vez por ejemplo en los EEUU si sostuvieran que un presidente decida por decreto lo que corresponde aprobar por el Congreso, y mucho menos si lo que defienden es confiscar la propiedad de los ciudadanos.
No hay que perder el foco, nuestros congresos son caros por una minusvalía, porque cobran por convertirse en eficientes “servidores” del presidente de turno, cuando justamente deberían frenar la expansión del estado sobre los ciudadanos. Pero si tal vez hicieran lo que deben, resultarían mucho más baratos que los miles de organismos, ministerios y secretarías que gastan dinero en funciones ajenas a las de un estado republicano y federal.