N ° 15/2003
Buenos Aires, octubre 23 de 2003.-
Cuando la historia mire los años 2001 a 2003 podrá escribir que perdimos la democracia, y tomamos de ella solo una fachada. Camino que tal vez empezó en lo político con la desafortunada reforma constitucional de 1994, y aún antes en materia fiscal, por la apropiación por el Estado Nacional de las facultades tributarias de las provincias y la renuncia sistemática de los gobernadores a ejercer las responsabilidad de cobrar sus impuestos.
La eliminación del sistema de Colegio Electoral en la Constitución Nacional para la elección de presidente y vicepresidente de la Nación sumada al sistema de listas ya eran un grave ataque al sistema federal y republicano y a la democracia política. Pero cuando a todo ello se sumo la eliminación de las elecciones internas en los partidos solo quedo la voluntad de cada “cacique provincial” como sistema de elección de candidatos. Por lo tanto los legisladores nacionales ya no responden, ni representan al pueblo, ni a su provincia sino a su jefe partidario, usualmente el gobernador en muchos casos, o algún legislador en los partidos de la oposición.
Para ser elegido legislador nacional ante todo hay que ser elegido por el cacique del distrito, el pueblo, los afiliados no cuentan por lo tanto la obediencia y los intereses que han de cuidarse en el Congreso son los del cacique provincial.
Si el legislador es miembro del partido gobernante en la provincia seguramente el cacique sea el gobernador, por lo tanto deberá obedecer las órdenes de este sopena de quedar aislado y perder su carrera política.
Ya el sistema electoral y la falta de transparencia en el sistema de selección de candidatos es grave de por sí, pero de aún mayor gravedad se ha vuelto al ser suprimidas las elecciones internas, y adicionalmente crear un verdadero ejército de clientelismo político al servicio de la NomenKlatura política.
El sistema ha logrado no solo evitar la vida interna partidaria garantizando que se queden casi todos, sino que se gobierne siendo minoría mediante la manipulación más absoluta y corrupta de los dineros públicos.
El sistema tributario argentino ha dado al Gobierno Federal la posibilidad de extorsionar a los gobernadores para conseguir el voto de sus legisladores y su alineamiento con el Dictador de Turno, en este caso Néstor Kirchner. Cuando el gobierno federal cae en manos de personajes autoritarios como Duhalde y Kirchner estos no vacilan en usar los resortes para “apretar” gobernadores y conseguir su adhesión, mejor dicho sumisión.
Hace pocos días sin que juez o fiscal alguno reaccionara se informo que el Ministro de Economía habría informado al gobernador de La Rioja que estaba reteniendo fondos de la provincia por orden presidencial y que para destrabarlo la senadora nacional Mazza, esposa del gobernador se ausentó al votarse la suspensión del Juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor y luego voto afirmativamente la designación de Raúl Zaffaroni a la cual se había opuesto hasta pocas horas antes.
Estos actos prueban varias cosas, primero la absoluta inmoralidad de los periodistas que informan esto sin que merezca una condena la extorsión del gobierno federal, luego la cobardía de jueces, fiscales, gobernadores, senadores y diputados que aceptan la “retención indebida” y a estar por la información, “delictiva” realizada sobre fondos de algunas provincias. Y por supuesto que el sistema tributario y la posibilidad de no entregar los fondos propiedad de una provincia aniquilan el federalismo económico.
En cualquier caso esta a las claras que este gobierno cada día avanza más en sus proyectos autoritarios y de someter a las instituciones a la voluntad personal del Presidente.
Sería mucho más sincero, y por supuesto más barato, no pagar dieta y salarios a legisladores, asesores, gastos de funcionamiento, papelería, etc., a un grupo de personas que juran ser representantes del pueblo y solo son unos “siervos” del presidente, o de un gobernador que as su vez también ser ve sometido a la servidumbre del “dictador de turno”.
Lo que se ha establecido desde el golpe contra de la Rua es una fachada de democracia, de gobierno constitucional, y cada día resulta más evidente para quienes formamos parte del país que trabaja, invierte, produce, paga impuestos. Para los otros, para esa otra parte de la sociedad que vive de los otros, o por tilinga no asume la responsabilidad de pelear por los valores del mundo que quiere disfrutar, la fachada democrática es el instrumento de expoliación.
Una actitud infantil de “querer el chupetín pero no estudiar en el colegio”, porque se quiere vivir como en el primer mundo pero violar la libertad y los derechos de propiedad, los contratos y las reglas sin castigo.
Un paso necesario e inevitable es establecer una corte suprema adicta, para ello el gobierno exhibe sin pudor su doble estándar moral. A unos se los quiere echar por el contenido de sus sentencias, pero a Zaffaroni no se lo podía objetar por igual razón. A unos se los persigue por evasión previsional, a los “comunes” se les promete traje a rayas en caso de evasión tributaria y al evasor confeso de Zaffaroni se lo designa en la Corte Suprema.
Los romanos decían algo muy actual en cuanto a la doble moral de ciertos gobernantes, algo así como “por hacerlo lo mismo algunos hombres son crucificados y otros reciben una corona”.
Es bueno recordar que Hill Clinton no pudo designar a su Fiscal General porque tenía empleada una inmigrante ilegal. Y Bush a su Secretaria de Trabajo, por haber dado asilo una vez a una inmigrante ilegal, aun cuando ella ignoraba tal condición.
Si al cuadro de vaciamiento del sistema federal y republicano, a la manipulación de los programas sociales con fines partidistas y electoralistas, sumamos la arbitrariedad legal y económica ante una justicia que se pretende someter a que sea “legalizadora” de los atropellos de los derechos y garantías de los ciudadanos, y por fin sumamos una prensa alquilada en su gran mayoría, intimidada en muchos otros casos, lo que hoy tenemos es solo una fachada de democracia.