N ° 14/2003
Buenos Aires, septiembre 25 de 2003.-
En estos días en que el Juez Claudio Bonadío insiste en procesar a tres dirigentes terroristas de Montoneros porque habrían enviado a morir a unas decenas de terroristas a nuestro país, y otros jueces y fiscales quieren violar las garantías judiciales de ciudadanos argentinos que cumpliendo órdenes combatieron al terrorismo comunista pro castrista por un supuesto genocidio viene a bien reflexionar sobre ciertos hechos y actos de los años setenta que parecen querer obviarse. Tarea importante si consideramos que la gran mayoría de los argentinos no vivieron aquellos años.
Por lo tanto resulta difícil para muchos poder reflexionar sobre nuestra historia. Aquellos terroristas que iniciaron la guerra revolucionaria, que desmantelaron con la complicidad de mayorías transitorias en el Congreso todo el sistema de represión legal del terrorismo, que lanzaban ataques bélicos a sus “objetivos tácticos y estratégicos”, que hasta se ufanaban mediante partes de guerra hoy se presentan como “jóvenes que solo pensaban distinto” y a los cuales un grupo de militares supuestamente enloquecidos persiguieron y torturaron.
Pero si hubiera habido genocidio, que en términos del diccionario, como de las convenciones internacionales y las leyes penales no corresponde calificar como tal, debemos recordar que la conducción Montonera dispuso la distribución de píldoras de cianuro a todos sus oficiales y milicianos, combatientes y militantes de “organizaciones de frente” (fachadas que permitían la difusión de sus ideas y reclutar adeptos) para que se suicidaran y no se entregaran con vida en caso de ser detenidos.
En otras palabras la conducción terrorista siguiendo la lógica genocida de su ideología comunista ordenó y condenó a muerte a todos sus integrantes. Solo les dejo la decisión de si morir combatiendo o por suicidio en caso de verse superados militarmente.
Entonces si hubiera habido genocidio los primeros culpables son quienes repartieron la pastilla de cianuro. Que dicho sea de paso el verdadero objetivo de tal reparto de veneno fue salvarse ellos mismos y permitirse dorados exilios disfrutando el dinero de los secuestros extorsivos.
Pero resulta que algunos de quienes tomaron esa decisión son importantes miembros del gobierno transversal del Pingüino Kirchner. Miguel Bonasso que estaba en la estructura de propaganda e inteligencia de Montoneros pasa por periodista en “Página K” y ha sido electo diputado nacional. Horacio Verbitsky jefe de inteligencia de los terroristas es consejero íntimo del presidente. Eduardo Luis Duhalde ex abogado saca terroristas es hoy Secretario de Izquierdos Humanos bajo el hipócrita ministro de Injusticia y Abusos Humanos Gustavo Beliz.
Muchos de los desaparecidos, sino la gran mayoría fueron víctimas de su propia lógica terrorista tomando la pastilla de cianuro o combatiendo hasta el fin de sus balas y de su vida, hasta usando como escudos a sus hijos y padres, hermanos y amigos.
Los otros, los que no cumplieron las órdenes de su conducción tomaron dos caminos, partieron al exilio o se convirtieron en colaboradores de las fuerzas legales. Estos últimos han inventado su propia fábula, la han repetido y la repiten hasta el cansancio sobre torturas que nadie prueba, salvo sus dichos, muertes que solo se prueban por sus dichos, pero que su propia existencia con vida parecería desmentir. ¿Cuántos de estos ex combatientes del terrorismo internacionalista están encubriendo con sus denuncias y testimonios haber entregado a sus camaradas que sí tomaron la pastilla de cianuro? ¿Cuántas de esas muertes solo pudieron suceder por su colaboración con las fuerzas legales? ¿Cuándo los jueces si quieren hacer justicia van a juzgar a todos y no a algunos?
Ciertamente ninguna guerra se ha ganado, ni peleado con leyes penales, ni con jueces, sino con balas, armas y hombres que debieron empuñarlas, seguramente por eso nadie debería ser juzgado por haber combatido en aquella guerra, pero si nuestro sistema judicial está dispuesto a ser parte de esta barbarie jurídica y constitucional es hora que los primeros y más directos culpables de las muertes y desapariciones sean también juzgados. Políticos y ex funcionarios judiciales inclusive.