N ° 13/2003
Buenos Aires, septiembre 11 de 2003.-
“El camino de enfrentamientos ya está siendo transitado
y esta guerra sucia es ya una realidad”
Revista Militancia del 08 de noviembre de 1973.
Ante la demencial investigación que conduce el Juez Federal Claudio Bonadio por la defensa contra el terrorismo en la llamada “segunda contraofensiva estratégica de los Montoneros” es hora de reflexionar sobre las cuestiones de fondo de la causa penal. Y no entraré en las técnicas del derecho porque es algo que en Argentina parece haber quedado de lado para jueces y fiscales, legisladores (especialmente quienes son abogados) y el mismo presidente de la Nación tanto por esta causa, como por aquellas donde se violan todas las garantías constitucionales y principios del derecho. Hoy la cúpula Montonera es tan víctima de esa situación de totalitarismo pseudo legal como los militares.
En primer lugar si los Montoneros intentaron una contraofensiva estratégica resulta claro que Argentina fue víctima de una guerra, porque de ninguna otra forma se puede explicar el término.
Luego debemos ver la hipocresía de los montoneros como Verbitsky y Bonasso, Gelman y Galimberti, etc, quienes rechazaron el envío de los militantes a combatir pero no que fueran enviados al Libano y Libia a entrenarse como terroristas urbanos.
Viendo la violencia aplicada por los movimientos terroristas del fundamentalismo musulmán está claro que la victoria de las Fuerzas Armadas y de seguridad argentinas significaron un importante salvamento de vidas de cientos de argentinos y que esos no eran “unos jóvenes idealistas” que repartían panfletos, pensaban distinto. Eran terroristas de alta peligrosidad, entrenados por otros terroristas aun más despiadados y peligrosos, por lo tanto contenerlos antes que pudieran desarrollar sus “habilidades” terroristas significa más que un hecho condenable algo que debería ser condecorado.
Si dentro de la dirigencia montonera alguno de sus miembros colaboro en la captura y eliminación de esos peligrosos terroristas debería también serle reconocido el importante servicio realizado en salvar las vidas de cientos o miles de argentinos.
Como se sabe el entrenamiento de esos terroristas por grupos fundamentalistas islámicos habría sido “pagado” por la conducción montonera con la transferencia de tecnología en explosivos de alto poder, al entregar la fórmula de “exógeno”. Dicho explosivo fue el empleado en marzo de 1992 para atentar y volar la Embajada de Israel en Argentina, lo que demuestra la peligrosidad de esos terroristas y la importancia de haber impedido que desarrollarán sus acciones dentro de la Argentina.
Por lo tanto sin entrar en los detalles “técnico legales” por lo cual las detenciones ordenadas por el juez Bonadío contra la cúpula montonera que son bien graves y violatorias de toda racionalidad del proceso penal y las garantías de esos terroristas, resulta una tragedia que quienes en toda Nación serían considerados héroes nacionales acá se los pretenda juzgar.
Me encantaría que un solo periodista se anime a preguntarle a los querellantes, al fiscal y al juez cuantas vidas perdidas debían esperar las FF.AA. antes de combatir y eliminar a esos terroristas. No hace falta preguntarles como querrían haberlos combatido porque seguramente alegarán que mejor que desembarcar en Normandía y Okinawa las democracias deberían haber enviado a Chamberlain y Daladier a convencer a los nazis y militares japoneses que ellos estaban haciendo una guerra injusta. Así de ridículos resultan.
Luego vienen los camaristas federales como Martín Irurzun y otras delicias de la justicia penal federal alfonsinista que en lugar de fulminar las “demencial e inconstitucional” anulación legislativa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ordenan reabrir las causas. O fiscales como Freiler que sostienen en reportajes que pueden ser declarados inconstitucionales los “indultos” presidenciales. La verdad es que estos sujetos parecen no haber estudiado derecho constitucional, ni penal, o peor aun son unos hipócritas que bien podrían ser funcionarios “pseudo judiciales“ del nazismo, del estalinismo, del castrismo y del Khmer Rouge.
No hay casi palabras para describir la “barbarie jurídica” que sus conceptos expresan, por eso mejor sería pensar en nuestro sistema constitucional y porque los funcionarios judiciales gozan de estabilidad.
Su estabilidad tiene justamente por única y excluyente razón evitar que una mayoría electoral viole los derechos de los ciudadanos, que el poder político los presione para organizar persecuciones contrarias a las garantías constitucionales.
Ahora si frente al atropello de esas garantías constitucionales y de la división de poderes los funcionarios judiciales en lugar de hacer respetar la Constitución y esos derechos se hacen eco de la presión política y la sinrazón, de la presión de un periodismo sectario y con ello nos dejan sin república lo que en realidad están haciendo es “convalidando” un estado revolucionario y totalitario, ajeno al derecho y la constitución, y por lo tanto están consagrando la destrucción de la república y la democracia.
Y aunque parezca una cosa pequeña, todos los funcionarios políticos –es decir legisladores, presidente, ministros-, judiciales y administrativos que siguen con esta aberración pensando que alguien –la Corte Suprema- al final anulará o declarará inconstitucional todo este embrollo pseudo legal, debemos señalar que están también malversando en forma dolosa el dinero público.
No otra cosa puede decirse de hacer expedientes para quedar bien a sabiendas de su ilegalidad. Porque cada expediente cuesta dinero, porque abrir el congreso para que voten proyectos con forma de ley pero manifiestamente ilegales e inconstitucionales es una malversación del dinero público, salvo que aceptemos que la Constitución no vale nada y el gobierno es revolucionario y puede manejarse como le venga bien al representante de menos de 16% del padrón electoral.