N ° 11/2003
Buenos Aires, agosto 15 de 2003.-
En los últimos años la izquierda ha sostenido con respecto a la desaparición forzada de personas que no hay prescripción ya que el delito es continuado y por lo tanto mientras no aparezcan las personas el delito continua sucediendo.
Si esto fuera así la denuncia del Presidente Alfonsín contra las Juntas Militares del Proceso, la actuación de los Jueces de la Cámara, y los Fiscales, como todos los demás jueces federales y fiscales serían los cómplices de la continuación de la desaparición forzada de las personas. Serían los continuadores del sistema, del terrorismo de estado al “no aparecerlos”. Al no cerrar los centros clandestinos de detención.
Como resulta obvio no creo que existan “desapariciones forzosas de personas, ni centros de detención clandestinos” luego de 1983, en rigor ni mucho antes, pero para el caso lo relevante sería la llegada de los gobiernos “democráticos”.
Para sostener la falta de prescripción que la izquierda alega debería someterse a juicio a todas las autoridades de las “cúpulas democráticas, del poder judicial y del Congreso” por haber permitido que el Estado continué cometiendo esos delitos.
Aún más grave es la situación especialmente de quienes fueron miembros del gobierno de María Estela Martínez de Perón, ya que las desapariciones forzadas de personas comenzaron en ese tiempo. Para que el lector no se llame a engaño solo entre el 1° de enero y el 23 de marzo de 1976 sucedieron 935 desapariciones de terroristas.
También la situación alcanza al ex presidente Alfonsín, a sus ministros, a los Jueces de la Cámara Federal y sus fiscales ya que por decisión de la acusación de Alfonsín solo se investigó y juzgo a las Juntas Militares.
Por supuesto alcanza a Juan Gasparini, Horacio Bonasso y Horacio Verbitsky quienes fueron partícipes primarios de muchas desapariciones, muertes y torturas que denuncian. En especial Gasparini –hoy corresponsal de Clarín en Suiza y denunciante ante Garzón- que es de público y notorio que delato a decenas de terroristas. O Verbitsky que debe haber colaborado tanto que logró ser escritor en las sombras de un brigadier. Y ellos sabían muy bien que cada delación era casi una muerte segura de sus camaradas terroristas.
Por supuesto el Juez Bonadío alentado por su amistad con el terrorista Bonasso solo investiga la supuesta “delación de los terroristas llamados Tropas Especiales de Infantería” (TEI) que ingresaron al país para realizar la segunda contraofensiva estratégica en 1979.
¿Porqué Bonadío no investiga las delaciones anteriores? ¿por qué unas fueron buenas y otras malas? La respuesta es que Bonadío sirve a una de las fracciones del Ejército Montonero que decidió no apoyar la ofensiva terrorista de 1979.
Hay que destacar en este caso la arbitrariedad de Bonadío, ya que al reconocer los hechos, que las TEI estaban entrenadas por otros terroristas en el Líbano y pretende “culpar y condenar” a los militares que defendieron a los argentinos todos de esa “ofensiva terrorista”.
Hay que destacar la hipocresía de Bonasso, Verbitsky y otros terroristas Montoneros, que no se opusieron a mandar al Líbano a entrenar a sus militantes en terrorismo urbano. Porque no fueron enviados a estudiar “acción social”, ni ninguna otra cosa que convertirse en eficientes máquinas de matar al servicio de un proyecto mesiánico como siempre ha sido el socialismo.
No criticaron, ni abandonaron a los Montoneros cuando se los envío al Líbano, cuya conclusión lógica era que más tarde o temprano se los mandaría a combatir como terroristas profesionales. Dejaron la conducción por disensos tácticos de la ofensiva. Por lo tanto fueron tan partícipes en le terrorismo Montonero como los hoy perseguidos por Bonadío.
Distinto era la situación del Consejo de Justicia Militar ya que este no tenía “jurisdicción” para investigar los delitos eventualmente sucedidos durante el gobierno de Isabel Perón, o por los terroristas.
¿Porqué Alfonsín y los demás funcionarios, incluyendo los judiciales no investigaron las desapariciones anteriores al 24 de marzo de 1976 y las de 1975?
Alguno podrá pensar que fue por un falso espíritu de cuerpo de los políticos, otros pensamos que se habría tratado de un encubrimiento cuyo objetivo era falsear la historia y convertir a los terroristas pro comunistas en jóvenes idealistas, a la guerra contra el terrorismo en un “genocidio”.
No investigaron esas desapariciones porque de hacerlo no hubieran podido falsear la historia, engañar a los jóvenes y a quienes prefieren hacerse los desentendidos con nuestra historia de los años 70. Porque necesitaban demonizar a los militares y policías que enfrentaron el terrorismo apoyado por Fidel Castro y otros movimientos comunistas internacionales, muchos de ellos también terroristas.
También de esa forma se diluyeron las responsabilidades políticas por el fracaso de los políticos, por sus órdenes, por su aliento a la violencia, al “aniquilamiento del terrorismo”. Aniquilamiento que asimilaban a matar ratas, órdenes que hoy quieren olvidar de los tiempos en que sin ambages denunciaban la agresión terrorista y su apoyo extranjero, por el comunismo castro-soviético.
Cualquiera sea el caso resulta claro que ningún juez de la democracia ha investigado aquellas desapariciones forzadas, ni las órdenes y si las desapariciones forzadas de personas en el marco de una guerra quisieran considerarse a posteriori un delito imprescriptible, todas deben ser juzgadas, y quienes las ocultaron y encubrieron luego de 1983 también. Y si para ello se considera que el delito es terrorismo de estado, que ha continuado, como el delito lo ha cometido el estado llegaríamos al absurdo de tener que someter a juicio a todos los gobiernos democráticos por haber continuado el delito.
Por el contrario es hora de recordar que en los años 70 lo que parecía indetenible era la llegada del comunismo y sus revoluciones armadas, que en todos los países donde ello sucedió las élites universitarias, periodísticas, políticas, sindicales, empresariales, profesionales, militares, policiales fueron sistemáticamente sometidas a un genocidio o fusilamiento masivo si se prefiere omitir calificar a los terroristas comunistas como genocidas, algo que está bien documentado en todo el mundo.
Argentina no necesita perseguir con el Código Penal una guerra civil, no necesita juzgar a los contendientes de ambos bandos, solo necesita saber la verdad para que nunca más suceda otra vez. Para que la sangre no haya sido derramada en vano. Aprendamos de una vez, no se trata de canjear cuantos van presos de cada bando.
Y debemos destacar algo en Argentina se está persiguiendo a los policías y militares que siguiendo órdenes del gobierno constitucional enfrentaron las actividades ilegales, criminales y terroristas del PRT-ERP, FAR, Montoneros, FAP, etc., mientras muchos de estos que alentaron ese desquicio, esa violencia, declararon la guerra al gobierno constitucional elegido en 1973, al pueblo argentino y a sus Fuerzas Armadas fungen demócratas, como periodistas, candidatos, funcionarios sin que nadie les reclame que fueron los principales culpables del baño de sangre desatado.
La izquierda quiere también "anular leyes ya derogadas" lo nos convierte como Nación en el colmo de la inseguridad jurídica. Por otro lado es pública la extorsión mediática y de sus violentos que amenazan movilizarse al Congreso para “forzar” esta anulación. La extorsión de los nuevos dictadores se informa como si fuera un parte meteorológico, mientras se miente acerca de la falsa “extorsión política” de los militares para que Alfonsín impulsara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
Ya en el año 1973 la izquierda alentó desmontar todo el sistema de protección institucional y represión del terrorismo para lanzarse luego nuevamente a la guerra terrorista. Una vez más alientan el suicidio legal de la república sin medir las terribles consecuencias que todos hemos de sufrir.
Por último es importante establecer que el debido proceso es una garantía constitucional, que no puede ser violada de ninguna forma, porque hacerlo implica convertir al estado en un terrorista jurídico. Por lo tanto ninguna ley penal que agrave la situación de una persona puede ser posterior al acto imputado, salvo que se acepte violar nuestra Constitución, los derechos que ella garantiza e imponer un orden normativo comunista estalinista.
El debido proceso es justamente un medio para determinar una situación legal desconocida al iniciarlo, si el final ya es conocido –en otras palabras si se considera a los militares genocidas ex ante- cada juicio pasa a ser una farsa estalinista/castrista, donde lo que se está haciendo es imponer una voluntad política en violación de los derechos humanos de los militares.
Si admitimos esta barbarie contra los militares no nos extrañemos cuando la Checa golpee a nuestra puerta y nos venga a buscar por algún delito recién inventado.
Cuando no defendemos las garantías constitucionales de los otros lo que estamos haciendo es poniéndonos en la fila de ejecución también. Solo es cuestión de tiempo.