N ° 11/2003
Buenos Aires, agosto 15 de 2003.-
Los principales funcionarios del país a pesar de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional cada día dedican su trabajo a actuar ya no al margen de ella, sino en contra de la misma.
Nuestros constituyentes, como los norteamericanos, establecieron un sistema republicano, donde la división de las funciones del poder actuara como “contrapesos” a los abusos de cualquiera de los demás poderes.
Ante todo el sistema constitucional republicano y liberal que transformó en pocas décadas a dos de las naciones más pobres y atrasadas en florecientes repúblicas que atraían a los europeos en busca de un mejor destino, establecieron “garantías constitucionales a los derechos de los ciudadanos” como una valla al poder del estado y los gobiernos. No buscaron cambiar una tiranía hereditaria por una tiranía electiva, nada más lejos de ellos.
Nuestra constitución da al gobierno y a la ley una función clara. La de limitar al Estado, al gobierno mismo y a sus funcionarios. Cuando la constitución dice las leyes que la reglamentan se refiere a leyes que reglamentan como el gobierno no pueda violar, restringir los derechos de los ciudadanos, no como ellos, el gobierno regulan nuestra vida.
Si un gobierno actúa basado solo en su voluntad, en su poder sin limitarse al marco constitucional se alza contra la Constitución y se convierte en revolucionario.
Y esto sucede cuando el Poder Legislativo usurpa funciones del Poder Judicial, o presiona jueces por el contenido de sus sentencias dictadas con total ajuste al sistema constitucional. Y hace esto por órdenes, presiones del Poder Ejecutivo Nacional.
Cuando el Poder Legislativo cree que puede controlar la “constitucionalidad de las leyes” o anularlas. Esto último ni siquiera puede hacerlo el Poder Judicial, solo puede declarar su inconstitucionalidad, pero no anularlas salvo que se trate de un caso de violación del procedimiento constitucional para su sanción, es lo único que haría nula una ley.
También cuando el Presidente de la Nación y su Jefe de Gabinete promueven la anulación de “indultos” a sabiendas que son actos cuya anulación o derogación es de nulos efectos jurídicos en cuanto a los beneficiarios, salvo la violación de los derechos garantizados constitucionalmente. O alientan al legislativo a usurpar y desconocer facultades del Ejecutivo, anterior claro.
Y cuando el Presidente remueve los altos oficiales de las Fuerzas Armadas como si fueran los empleados domésticos de su estancia y en violación de las leyes vigentes. Cuando toma la cadena nacional de radio y televisión para denostar a otro de los poderes constitucionales (el Judicial), y presionar al otro (Legislativo) para que remueva al otro.
Los constituyentes al establecer nuestra Constitución no imaginaron que pudiera existir una “colusión” revolucionaria de dos de los tres poderes. Donde los legisladores se hicieran cómplices del presidente para violar derechos y garantías constitucionales, y para someter al poder judicial a su voluntad política y no a la “constitución”.
Nadie imagino que casi todos los legisladores pudieran ponerse al servicio del ejecutivo y no de la Constitución, de los ciudadanos y sus derechos. Sino que serían el poder que controlaría a Presidente. Desde el momento en que el congreso y el ejecutivo se hicieron uno mismo, actúan sobre su poder y no sobre la ley, estamos ante un gobierno que se ha alzado contra la constitución, que ha avasallado la república y nos lleva a una dictadura cuya fachada es el sistema electoral.
Estamos ante un gobierno que ha subvertido el sistema constitucional, un gobierno revolucionario. Y en nuestro sistema republicano el gobierno, el Estado es quien primero debe sujetarse a la constitución, si no lo hace es una dictadura con fachada de democracia, donde solo hay una pseudo libertad electoral y como dijeran los padres fundadores de los EE.UU. con referencia a la creación del sistema republicano no se trató de cambiar una monarquía por una dictadura electiva. Si solo hay reglas de mayoría sin respeto de los derechos y garantías constitucionales, si solo importa la fuerza, no hay democracia, ni república.