N ° 8/2003
Buenos Aires, junio 19 de 2003.-
En un nuevo capítulo de la corrupción política y mediática de nuestra Argentina el Senado de la Nación aprobó la defraudatoria ley de “medios culturales”. Finalmente el Grupo Clarín obtiene un mecanismo pseudo legal para estafar a sus acreedores, y el precio lo hemos de pagar todos los argentinos.
Los argentinos que tendremos menos crédito y menos inversiones, porque nadie prestará dinero a empresas argentinas que luego con “ardides” políticos de protección nacional de cosas tan intangibles como la cultura nacional en un país de inmigrantes pueden ser estafados protegiendo al deudor. O los préstamos serán a tasas tan elevadas para cubrir el riesgo que impedirán toda inversión competitiva.
Desde el punto de vista económico la ley en cuestión es una nueva estafa del Estado Argentino interviniendo en contratos privados, modificando los derechos de propiedad, un nuevo pésimo ejemplo sobre la inmoralidad legal de nuestro país. Esto alimenta el círculo vicioso de menos crédito, menos inversión más pobreza, menos competitividad y por lo tanto mayores reclamos de proteccionismo a las empresas y sus dueños.
En el diario La Nación la sanción fue anunciada en forma elogiosa el día anterior a su aprobación como prueba evidente de la presión ejercida por los medios endeudados para crear monopolios de prensa, en complicidad con los gobiernos de turno.
No creo que las sociedades off shore que controlan el diario La Nación laven dinero sucio del narcotráfico, sino que esconden la monopolización de medios del grupo Clarín.
En términos legales una vez más debemos decir que esta ley sería un acto delictivo por cuanto mediante el ardid de proteger “cierto patrimonio ajeno” se quita los derechos económicos de los acreedores y se otorga un beneficio a los dueños de esas empresas.
El ridículo y la hipocresía de la ley, demostrativos del ardid defraudatorio se reflejan en las empresas protegidas como ser “proveedoras de acceso a internet, empresas de difusión de la vía pública –pantallas de publicidad comercial-, medios comunicación –la TV por cale-.
Por ejemplo una de las empresas más importantes de “difusión en la vía pública” es del nuevo Secretario de Medios, que de ahora en más no podrá tener competencia de empresas extranjeras sin que nadie pueda explicarnos que “cultura” es tener una concesión de “pantallas de avisos comerciales”. Salvo por supuesto la connivencia entre gobernantes y concesionarios, que ayuda en las campañas electorales para poner carteles gratis.
Bueno, gratis no, mejor dicho gratis para los candidatos oficialistas, porque los ciudadanos pagamos con la pérdida de cánones no cobrados por cada municipio.
O la televisión por cable que pasa en su enorme mayoría –por suerte- canales emitidos desde el extranjero.
O el acceso a internet, que simplemente es como proteger como patrimonio cultural a los teléfonos porque a través de ellos podemos “transmitir” ideas.
Las demás categorías de empresas, como editoriales, radios, etc. son igualmente beneficiarias de un privilegio inexcusable. En la Argentina Forbes podría ser “columnista” o empleado de Göebbels –Héctor Magnetto- pero no dueño de su revista.
Encima a los inversores extranjeros ya establecidos también se los devalúa al “restringir” el mercado en caso querer vender, es como sacarles gran parte del valor de sus empresas, ya que según esta inconstitucional ley solo podrían vender el control a otros argentinos.