N ° 8/2003
Buenos Aires, junio 19 de 2003.-
El Presidente Kirchner arremetió contra la Corte Suprema, en especial su Presidente Julio Nazareno. A diferencia de Duhalde, que quería un recambio total, Kirchner sólo pretendería algunas renuncias o remociones, supuestamente para ubicar allí a personas afines a su pensamiento. Duhalde procuró lograr su propósito por medio de grupos organizados, que llevaron a cabo cacerolazos frente a la Corte y también frente a los domicilios privados de sus integrantes.
Cuando ese método incivilizado de intimidación no tuvo éxito, mandó iniciar un juicio político, que concluyó sin pena ni gloria, ya que no se pudieron encontrar causales válidas para la remoción. Porque el contenido de los fallos no puede ser invocado; y en cuanto a que el Gobierno o los legisladores no están de acuerdo con alguno, ello sólo indica que hay independencia del Poder Judicial.
LA ESTRATEGIA OFICIAL
El procedimiento elegido por Kirchner tampoco es muy ortodoxo, ya que por su forma espectacular (nada menos que un ataque en un mensaje especial por TV) implica una clara politización del caso.
Se han invertido los términos institucionales que conducen a la destitución: en lugar de que primero haya un motivo concreto, ahora se ha comenzado con una intención política, instruyendo a la Cámara de Diputados para que busque los motivos para iniciar un juicio político.
Hubo una clara ingerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes, que afecta el principio de división e independencia. Esta Corte Suprema ha sido demonizada por políticos y también por ciertos periodistas. La acción fue exitosa: desde hace tiempo la Corte Suprema tiene mala imagen, según lo revelan las encuestas.
Pero la amplia mayoría de quienes se expresan en contra de los actuales miembros del supremo tribunal nacional, no son capaces de expresar motivos concretos. Si los encuestadores indagaran sobre esto, se encontrarían con respuestas harto absurdas, que desvirtúan la opinión primaria de los encuestados.
LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Los periodistas tienen una deuda de gratitud con esta Corte y también con quienes las integraron en los últimos años. Tuvo una definida actitud de defensa de la libertad de prensa y de expresión, con algunos fallos (redactados por Carlos Fayt) que sentaron doctrina. Estableció el principio de la "real malicia"*, o sea, que un periodista puede equivocarse, pero que si es advertido del error y publica la corrección, no cabe un juicio por calumnias e injurias. Para el periodismo, que trabaja habitualmente bajo presión, esto es fundamental.
En otro fallo la Corte estableció que no se podía invocar la defensa de la privacidad cuando se trataba de casos de trascendencia pública y/o que involucran a altos funcionarios o políticos. También esto es importante para quienes tienen la difícil tarea de informar.
En un plano más amplio, esta Corte defendió el derecho de propiedad, al establecer que depósitos en dólares deben ser devueltos en tal moneda o en pesos al cambio del día. Pero al mismo tiempo, la Corte asumió su papel de poder político (y no sólo de mera tercera instancia judicial) y actuó en función de la "razón de Estado", o sea de los intereses superiores de la sociedad.
Al demorar la sentencia por casi un año, el monto de los depósitos a redolarizar había disminuido tanto, que el costo fiscal de la medida se redujo a un nivel soportable.
GOBIERNO Y ESTADO
La acusación de que se trata de una Corte "menemista" y aquello de la "mayoría automática" parte de una confusión entre Gobierno y Estado. Esta Corte asumió su carácter de ser uno de los tres poderes que constituyen el Estado, y comprendió plenamente "la razón de Estado", o sea la subordinación de sus fallos a los intereses superiores de la sociedad. Que la Corte, a través de algunos de sus miembros, tenga un contacto fluido con el Presidente de Nación o sus ministros es normal y hace a la esencia del manejo de un Estado moderno. Esta misma Corte también apoyó a Fernando De la Rua por razones de Estado, cuando falló sobre la legalidad del descuento a las remuneraciones de los funcionarios.
La Corte no le creó problemas a Duhalde, a pesar del feroz ataque que sufrió por parte del mismo. No se los crearía tampoco a Kirchner, a menos que este tenga en mente un giro de fondo en la concepción jurídica tradicional.
Por los nombres que han circulado como candidatos a integrar la Corte, se puede inferir que se pretende darle un sentido más laxo al derecho de propiedad, en el sentido del derecho socialista, que condiciona tanto a la propiedad privada, que le cambia la esencia.
Este es el temor que existe en esta cuestión, ya que se apuntaría hacia un Estado de derecho distinto, que para empresarios e inversores ciertamente no es confiable.
N. de la R. Si bien comparto parte de la nota hay que dejar en claro que el “principio de real malicia” que la Corte Suprema estableció para juzgar las calumnias e injurias de periodistas se ha convertido en la impunidad absoluta de casi todo el periodismo, lo cual ha causado un daño inconmensurable a la moral de nuestra sociedad.