N ° 8/2003
Buenos Aires, junio 19 de 2003.-
Van pasando los días y las señales del gobierno de Kirchner son cada vez más autoritarias. El más grave de los actos de realizados en su primera semana fue la violación de las leyes que organizan a nuestra fuerzas armadas, designando al frente de la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército Argentino dos oficiales cuya antigüedad era menor a la requerida por la ley 19.101 texto vigente.
Aunque el Presidente Kirchner y sus voceros, incluyendo periodismo alquilado, se han encargado de sostener que el “gesto de autoridad” fue hecho dentro de las atribuciones constitucionales resulta claro que la necesidad de modificar la ley 19.101 para “convalidar” el acto ya realizado demuestra que el Presidente Kirchner violo las leyes. En otras palabras ha incumplido sus deberes de funcionario publico al violar las leyes que debía cumplir.
Porque el Presidente de la Nación, como los legisladores y jueces no son una casta de nobles que pueden aplicar las leyes como les plazca en nuestro sistema republicano y constitucional sino que por el contrario son los primeros obligados a cumplirlas. Aquello de cumplir la ley para ser libres es justamente porque la ley fue concebida como limitación del poder estatal frente a los derechos de los ciudadanos y habitantes. La ley no es un sistema de sometimiento por parte del gobierno, el estado contra los ciudadanos.
Lo cierto es que Kirchner designo funcionarios que no reunían los requisitos legales y ello no puede ser subsanado por una ley posterior, en términos penales, máxime cuando como Presidente es colegislador es decir que al impulsar la modificación y luego promulgar la ley 25.774 para convalidar su acto abusivo e ilegal ha actuado en beneficio propio.
Igualmente grave ha sido que desperdicie años de formación de otros oficiales, recursos invertidos por todo el pueblo argentino solo para mostrar un gesto de autoridad.
Luego siguió la “purga” de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería y Prefectura Naval.
Luego comenzó una discreta barrida y pedidos de renuncia bajo la “amenaza off the record” a muchos directivos de entes regulatorios de ser perseguidos, ellos, algunos familiares, cónyuges con la AFIP, la OA, tendiente a ocupar todos los espacios de poder, especialmente aquellos que tienen “caja” o con sus actividades de control y regulación pueden hacer caja. Me refiero por supuesto a directivos que ganaron sus cargos por concurso, que tienen un mandato legal justamente para evitar la politización total de cuestiones técnicas.
El paso más grave de Presidente Kirchner ha sido presionar a un poder independiente, el Congreso, para que le haga la tarea sucia de conseguirle algunas vacantes en la Corte Suprema y así comenzar el camino final hacia una dictadura. Y la supuesta “auto limitación” que anuncia es una mentira más, porque constitucionalmente eso no existe. Es más consultar a todas esas ONG de militantes izquierdistas es una violación más del sistema republicano y federal de gobierno.
Y si es por los antecedentes de Kirchner en Santa Cruz la autolimitación suena a “espejitos de colores”.
Al mejor estilo hitleriano o castrista utilizó la cadena nacional para promover el ataque contra otro poder constitucional, amenazo con una consulta popular. Debemos recordar que esta comparación no es caprichosa porque ellos tomaron el poder siendo minorías, prometiendo participación abierta, honestidad, respeto a las instituciones y a poco de ello eligieron alguna cuestión para hacer un referéndum y “legitimar” el desborde de autoritarismo.
Lo que está en juego es el sistema republicano mismo, la personalización del ataque en el Dr. Nazareno es la metodología usual para esconderse en el “caballo de Troya”. La inmediata reacción favorable de la Cámara de Diputados ante la presión de Kirchner no es más que el resultado de “a ustedes también les puede pasar”, ya que el argumento del desprestigio es común a todos.
Pero hay una diferencia que no es menor, los jueces no están para ser populares, ni para ser elegidos por el voto de la gente, es decir la popularidad no es esencial al ejercicio de su cargo. De hecho en la mayoría de los juicios siempre hay alguien que estará disgustado con el juez y su sentencia, porque en pocos casos todas las partes salen conformes.
Son los funcionarios políticos, presidente y legisladores, quienes dependen del favor popular, no los jueces.
En La Nación de hoy Adrián Ventura deja al descubierto la maniobra de “relegitimación” del Congreso, “el Senado, echando a uno de los jueces del tribunal, ganaría legitimidad frente a una opinión pública que considera a la Corte como uno de los organismos sociales más cuestionables”. Es decir el Senado que hace pocas semanas era criticado por no expulsar a Barrionuevo hoy es “levantado” para echar a Nazareno de la Corte.
Eso sí Claudio Escribano desde su editorial en La Nación criticando a Kirchner, luego del allanamiento no ha vuelto a escribir sobre el gobierno, no se sabe si se ha tomado vacaciones o simplemente esta dedicado a noticias del corazón.
La mentiras de Gustavo Beliz sobre las garantías de transparencia a la hora de ser designados los nuevos jueces muestra ante todo la hipocresía de la maniobra. No habían empezado el juicio y ya se repartían los cargos. Las promesas tienden además a obtener el voto de los legisladores. Los que aún sin conocer los cargos, ni los fundamentos, y por lo tanto no existir siquiera una defensa ya “adelantan” la fecha del linchamiento político.
Es bueno recordar que zapatitos blancos como garantía de transparencia ya fue Ministro del Interior cuando se “coimeo a un elector” radical para que viajara, rompiendo el empate y así permitió elegir al gobernador que estaba aliado al gobierno. Que Beliz tiene como secretario de Derechos Humanos al abogado defensor de los terroristas montoneros y del Erp. Que Néstor Kirchner siendo gobernador de Santa Cruz ya usó el plebiscito para modificar la composición de la Corte Suprema provincial y designar adictos políticos.
Beliz presenta el fanatismo del converso, de forma tal que la mayoría olvide que formaba parte del gobierno de Carlos Menem cuando se aumentó el número de jueces de la Corte Suprema a nueve. Cuando se designó y propuso a los jueces que hoy quiere remover en forma ilegítima. Claro que por aquellos tiempos era escriba de Carlos Menem, repartía asesorías en el INAP a sus militantes y amigos, y aumentaba el giro de divisas al exterior para autopromocionarse invitando a algún que otro nov de moda que diera cátedra en los EEUU.
En demostración de la barbarie a cometer en el programa Punto Límite de Marcelo Longobardi el diputado Falú que preside la comisión de juicio político expreso que si bien es cierto que las sentencias por las cuales quieren remover a Nazareno de la Corte Suprema han sido firmados por otros cinco jueces, es decir que hasta se demuestra la mentira del mayoría automática, es una “decisión política y de oportunidad juzgar solo a uno de los jueces, con los otros se verá luego pero así no fracasamos como hace un año”.
En otras palabras o es malo solo para Nazareno y están encubriendo a los demás jueces cofirmantes de las sentencias, o es mentira el cargo para acusarlo, y por último ahora van por Nazareno y luego la destitución de los demás jueces será casi un trámite de forma. Ya que una vez establecida la causal para uno, a los demás nadie podría votar distinto.
La otra herramienta para esmerilar al Presidente de la Corte Suprema fue una carta de otro juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, ex senador, presidente provisional por algunas horas, y pocos meses después juez de la corte suprema. La carta es en sí un abuso y una inmoralidad porque ningún juez tiene la facultad de pedir la renuncia de un par, eso solo alcanzaría para enjuiciar sí a Maqueda. Quien debemos recordar voto la emergencia económica con la cual el usurpador Duhalde licuo la deuda de grandes grupos empresariales, estafo a los acreedores del Estado y de los bancos, intervino contratos privados, se confiscaron los depósitos del BCRA que eran propiedad de los tenedores de pesos físicos, bajo la fraudulenta de “reservas del BCRA”.
En otras palabras solo están utilizando el método de apoderarse del Poder Judicial por bocados, pero ciertamente buscan crear un poder judicial adicto. Cambiar una Corte Suprema independiente por una Corte Suprema Pro Montonera, o una corte socialista. En otras palabras en nombre de las instituciones se quiere crear un poder judicial adicto, que de impunidad a las violaciones de los derechos y libertades garantizados por la Constitución.
El PAMI es una obra social, cuyos fondos son provienen de obligaciones legales, pero no son del Estado Nacional. En rigor sino fuera para muchos una caja política o una herramienta de política partidista nadie podría explicar porque el Estado debe tener directores, auditores, etc. Ni tampoco el sindicalismo.
Si de mala gestión se tratara, si de corrupción fuera el caso resulta inexplicable que Kirchner mantenga como Ministro de Salud al Dr. Gines González García que fue quien superviso la normalización legal hace poco menos de 6 meses. Tampoco se explica que porque ningún fiscal, ni mucho menos el denunciero profesional de Moner Sanz no han realizado ni una denuncia contra el directorio.
Podrá no gustarme Luis Barrionuevo, como tampoco me gusta Kirchner, pero eso no justifica este interés en “intervenir el Pami” o someter a su directorio a las decisiones del nuevo Presidente de la Nación.
Cuando se analizan las designaciones también está claro que las “cajas” las ha puesto en manos de personas muy íntimas. También que ha concentrado todo el reparto del clientelismo político en su hermana especialmente, aunque ellos lo llamen planes sociales, ya todos sabemos de que se habla con ellos.
En materia tributaria los argentinos y demás habitantes vivimos una suerte de “libertad condicional”, donde la AFIP puede hacer con nosotros lo que se le antoje, desde embargar cuentas bancarias y otros activos sin orden de un juez, ni siquiera de un proceso judicial y el funcionario actuante cobra por levantarla previo pago del reclamo, aunque pueda estar mal realizado. Pero ni aun bien reclamado se puede justificar este atropello del derecho de defensa en juicio. Ahora pretende poder embargar y revisar cajas de seguridad. El infierno de normas y obligaciones es no solo totalitario sino de un altísimo costo.
Otro ejemplo de abuso es que hace pocos días la AFIP ordenó que las empresas de telefonía deben informarles los consumos semestrales por encima de $ 3.000, esto que requiere un enorme trabajo para las compañías el Estado ordena entregarlo en forma gratuita, sin reconocerles aumento de tarifa y más tarde se harán los Robin Hood cuando digan que el aumento pedido no tiene justificación. Los costos los causa el estado mismo.
Pero ante todo este tipo de normas son una violación de la intimidad de todos y cada uno. La AFIP no tiene ninguna autoridad apara exigir esa información y las empresas son muy débiles a la hora de oponerse a tal medida, máxime cuando están prácticamente bajo un sistema extorsivo para fijar sus tarifas.
No hay una ONG, un político de quienes tanto les preocupan los derechos humanos que le preocupe una cuestión así, total la justificación que es mejorar la recaudación para que el gobierno haga más clientelismo electoral parece buena.
A nadie se le ocurre que lo mejor sería una reforma tributaria que simplifique el pago de impuestos, que no viole derechos y garantías constitucionales, porque eso les haría perder poder de someternos.
El nuevo plan “anti evasión” es un paso más en el sentido del autoritarismo. Ahora el estado quiere concentrar en la AFIP los aportes patronales que resulta no son fondos “estatales” por lo tanto no tiene ninguna justificación. Como tampoco esta nueva cuestión de solo computar el “crédito fiscal” si es un contribuyente confiable porque con ellos nos quieren obligarnos a convertirnos en “agentes del estado”, hoy por los contribuyentes, mañana si el vecino habla mal del gobierno. El castigo “solidario” a quien resulte víctima de una factura falsa es otra barbaridad más.
La extensión de la figura de asociación ilícita destinada a castigar a la mafia al caso de la evasión es la forma de extender un tipo penal abierto con grave riesgo para todos. Solo basta pensar que alcanzara con una denuncia para que algún juez decida meternos presos primero y que después nos defendamos. Una cuestión tan compleja como el pago de impuestos en un país de semejante abuso normativo de la AFIP servirá para perseguir a cualquiera que simplemente moleste al gobierno.
Establecer listas de “contribuyentes confiables” según lo anunciado implica que se publicarán cosas íntimas de los ciudadanos y que la AFIP se transforma en una suerte de GESTAPO que investiga nos investiga y hace listas “negras”. Con el agravante que esas listas podrán ser usadas extorsivamente, dañara a muchos con sus relaciones, el periodismo podrá impunemente saber la vida de todos, los secuestradores elegir sus víctimas, etc.
Una violación completa de la intimidad de las personas realizada en nombre de “cuidarnos” de no mezclarnos con malos contribuyentes.
Dicho esto cabe preguntarse como se calificará a los legisladores y funcionarios que defaultean al Estado, que no pagan las cuentas, que se roban reservas, que aprueban leyes inconstitucionales como la defraudatoria que se encubre bajo el “ardid de proteger empresas culturales”, etc.
¿Si el primer incumplidor es el Estado Nacional y sus funcionarios porque ellos podrán vigilarnos, violar nuestra intimidad, difundirla, hacer listas negras y hacernos aún más daño?
La AFIP antes que un organismo de recaudación se convierte así en una suerte de policía política y todos quedamos en libertad condicional.
Las medidas de “autoridad” tomadas por Kirchner no han resuelto ni uno de los problemas argentinos, no aumento la seguridad, no se atraen inversiones y por lo tanto tampoco se reduce la pobreza. Ninguna de las decisiones y políticas realizadas hasta hoy por Kirchner nos devuelven a la “seguridad jurídica”y por lo tanto a la senda del crecimiento.
Ni los oficiales que retiro en las fuerzas armadas, en las de seguridad, ni los jueces de la Corte Suprema, ni el directorio del Pami, ni repartir alegremente dinero de nueva deuda estatal para poder decir que solucionó problemas de alguna provincia nos acercan a siquiera comenzar un camino de soluciones a los problemas, más bien nos acercan a agravarlos.
Cuando uno analiza las remociones, los ataques mediáticos y las presiones para modificar leyes al antojo del nuevo presidente está claro que no se está en busca de una mejor institucionalidad. Lo que se está haciendo es someter al poder de una minoría legalmente elegida pero minoría al fin a todas las instituciones. La única diferencia que veremos entre Chávez y Kirchner por este camino será que al menos el primero arribo al poder por el voto de una mayoría mientras el nuestro con el voto de menos de uno cada cinco votantes habilitados.
Esté llegando la hora de arrojar el té por la borda e iniciar el camino de construir una república de verdad.