N ° 03/2002
Buenos Aires, mayo 13 de 2002.-
El actual desgobierno impulso una reforma de la ley de quiebras, que debería ser llamada la protección de los insolventes y al asesinato del crédito. La ley en cuanto a su retroactividad es inconstitucional por afectar derechos de propiedad adquiridos. Debemos recordar que nuestra Constitución Nacional prohíbe la confiscación aun en tiempos de guerra desde 1853.
Un crédito es un derecho de propiedad, y por supuesto las acciones judiciales para recuperarlo, los alcances de ellas son parte de ese derecho que ni los legisladores, ni el poder ejecutivo, ni los jueces pueden violar, ni restringir. Quitarle a un acreedor sus derechos en un procedimiento concursal o de quiebras es una confiscación.
Esta ley solo podría ser constitucionalmente aceptable para los créditos otorgados con posterioridad a su sanción, no a los anteriores. Esto deberá ser considerado por los jueces que intervengan en tales casos, porque de otra forma serían partícipes de una confiscación y estarían violando los derechos de propiedad garantizados por nuestra constitución.
Caso contrario estaríamos ante una confiscación de los derechos de los acreedores, situación que siendo efectuada a favor de terceros, generando un daño y efectuada mediante el ardid de proteger “la nacionalidad accionaria” hasta puede constituir el delito de estafa y/o desbaratamiento de derechos.
Para quienes han impulsado esta ley para privar a sus acreedores de un eventual cram down es una clara estafa y desbaratamiento de los derechos de ellos, ya que ellos tomaron el crédito, el dinero, lo han usado y disfrutado, pero sus acreedores se los dieron sabiendo que en caso de concurso o quiebra podrían hacerse cargo de la empresa y sanearla como forma de preservación del préstamo efectuado.
Impulsar, presionar, cuando no extorsionar según algunas versiones periodísticas nunca desmentidas, para privar de esos derechos a sus acreedores es claramente un delito, quienes así actuaron han estafado a sus acreedores, les privaron de derechos que ellos tuvieron en cuenta a la hora de darles el dinero.
Los grandes grupos que emitieron bonos, tomaron préstamos para comprarse a otras compañías más pequeñas, algo que sucedió especialmente con los multimedios, fueron otorgados porque los acreedores tienen el derecho de ejercer el cram down, probablemente jamás los hubieran otorgado si no hubieran tendido ese derecho. Por el contrario en Argentina se pretende violar la Constitución y los derechos de los acreedores a favor de algunos grupos de empresarios prebendarios.
La mala noticia para esos estafadores es que si los jueces no se convierten en sus cómplices esos derechos tienen garantía constitucional y deberá pagarlos en los términos pactados y soportar inclusive los posibles ejercicios de derechos legítimos de cram down. Los jueces deben respetar los derechos adquiridos de los acreedores.
Todos tenemos claro que además al privar de derechos a los acreedores lo que se está haciendo es matar al crédito. No se trata del FMI, ni de los empresarios prebendarios cuyos intereses hoy parece se discuten en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, sino que la privación de derechos a los acreedores deja a toda la sociedad sin crédito.
En otros tiempos al menos los políticos sancionaban leyes que destruían la economía, el progreso, el empleo pero al menos las disfrazaban con demagogia, esta vez sin ninguna vergüenza a través del vocero oficial de la patria devaluacionista e insolvente, el ex ministro de la Recesión, Ignacio de Mendiguren hasta reconocieron que el objetivo era salvar a algunos empresarios, para llamarlos de algún modo.
Para quienes siendo deudores impulsaron esta reforma legal, para los funcionarios que les hicieron caso y la sancionaron está abierto que deben ser investigados y castigados por defraudación y desbaratamiento de derechos, lo cual está previsto por nuestro Código Penal. Inclusive si algún juez en lo comercial aplicara esta ley podría estar participando al menos de una confiscación.
Quienes siendo susceptibles de ser objeto de un cram down impulsaron esta reforma legal para evitarlo claramente tienen el dolo (la intención) de privar a sus acreedores de sus derechos mediante un saqueo legal.
Ahora en ratificación de la maniobra defraudatoria se habla de excluir a las “empresas culturales”. Si Clarín es cultural mejor terminemos este fracaso. ¿Tanto miedo tienen nuestros dirigentes a Clarín? Entonces renuncien, porque Clarín y cualquier otro deudor son iguales ante la ley, que digan que su objeto es la cultura es mentira, su objeto es ganar dinero y mucho. Ganan dinero con la cultura pero no son empresas culturales ni nada que valga le pena ser defendido, de hecho en sus radios y canales de TV pasan mas productos extranjeros que nacionales.
Por otro lado no existe ninguna razón para salvar a los accionistas, si de lo que se trata justamente con el cram down es de salvar las empresas por parte de quienes aportarán capital y deben sanearla, sacando de ellas a quienes la han quebrado.
Esta ley de “no quiebras” es conocida como Ley Clarín, grupo que se ha endeudado para adquirir a sus competidores menores, y así tener una mayor influencia que le permita no pagar impuestos en tiempo, cargas sociales, ni mucho menos multas al Comfer. Pero ahora se habrían pasado de la raya al haber actuado para desbaratar los derechos de sus acreedores y estafarlos. Y no habrían sido los únicos promotores de ella. Inclusive siendo Goldman Sachs accionista de ese grupo dichos delitos podrían caer bajo sanciones de la Foreign Corrupt Act de los EEUU, ya que aun un ex presidente y reconocidos periodistas hablan del pago de sobornos. Si no se puede probar la existencia de un soborno dinerario, ciertamente existe uno mediático en el apoyo dado a un gobierno que ha hecho todo mal, pero claro eran las medidas que beneficiaban a esos prebendarios.
Es de esperar que si los jueces y fiscales argentinos no investigan estos delitos al menos algunos de los administradores de fondos con sede en los EEUU persigan ante la justicia de aquel país a quienes los han estafado, y es de hacer notar que muchos fondos que se pretenden burlar podrían ser de trabajadores y jubilados.
Si nuestra nación pretende encontrar un camino de progreso necesita ante todo que este tipo de estafas, utilizando al Estado y falsas razones de interés nacional, ya que es solo el interés personal de los deudores insolventes, sean castigados con todo el rigor de nuestra justicia. El interés nacional está en construir confianza, para que exista el crédito, que los derechos de propiedad no puedan ser confiscados cada vez que alguna banda se apodera del gobierno o una banda puede lograra favores del gobierno. Esta forma de corrupción es la peor y la más peligrosa, la que desalienta a las personas y a la inversión.
El siguiente es un fragmento del “independiente y ético” Joaquín Morales Sola publicado en La Nación el día de ayer.
“La ley de quiebras ha desnudado otro problema. Hay empresas nacionales que se endeudaron en dólares en el exterior por un monto de entre 30.000 y 40.000 millones de esa moneda. No hay pesificación, el nuevo invento de los argentinos, que las salve.
Esas empresas se endeudaron cuando las tasas de interés en el exterior eran apenas un tercio de las que se pagaban dentro del país, antes de que cuatro gobiernos y seis ministros de Economía no pudieran resolver la recesión económica, y cuando necesitaban modernizar sus plantas fabriles o expandir sus negocios. Ahora deben dólares y cobran pesos exiguos y devaluados. (N. de la R. lo cual instigaron, pidieron y reclamaron, por lo tanto aún en el mejor de los casos “nadie puede alegar su propia torpeza)
Ese es el contexto en el que floreció el debate sobre los medios de comunicación, aquejados por aquellas mismas condiciones. Todas las empresas argentinas -y también importantes medios de comunicación- están a un paso de quedar en manos de sus acreedores externos. ¿Por qué un debate sobre los medios de comunicación? Lo opuesto era lo extraño; esto es, si la desnacionalización de los más importantes medios de comunicación pasaba sin debate por la Argentina embotada.
Debe haber un camino entre la construcción de una legislación acorde con las reglas del mundo y la necesaria ayuda a los medios de comunicación entrampados entre los errores de los gobernantes. Las principales naciones del mundo (Estados Unidos entre ellas) le han dedicado una legislación especial a la propiedad nacional de los medios de comunicación.” Sic.
Veamos cual es la verdad, esas empresas se endeudaron para comprarse a sus competidores y formar monopolios, hicieron acuerdos de repartos geográficos. Con Morales Sola se sacaron la careta, ya no hablan más de "productores de bienes culturales", ahora se refieren directamente como "medios de comunicación".
Cuando los dueños de los grandes medios agrandaron sus empresas adquiriendo a otros que no tenían acceso al mercado de créditos internacional, aprovecharon la ocasión y no solicitaban alguna ley prohibiéndoles tomar crédito en el exterior. Ahora quieren “socializar” su política de expansión empresaria y dejarnos pagarla a los demás argentinos, pero quedándose con las empresas adquiridas.
Son unos inmorales, empujan a los gobiernos a devaluar, a confiscar depósitos y luego se quejan del resultado y quieren “socializar” sus deudas, quedarse con los activos. Los depositantes bancarios están siendo robados por la banda que protege y promueve Clarín y muchas empresas de comunicación, ¿Por qué deberíamos pagar sus deudas? Por el contrario probablemente si alguna vez perseguimos a los culpables del saqueo como los judíos hicieron con los nazis y sus banqueros, esos medios de comunicación, sus empresas accionistas, sus accionistas y sus periodistas estarán en la lista de quienes deban indemnizar al pueblo argentino, junto a los corruptos saqueadores legales que han votado las leyes y sancionado decretos confiscatorios e anticonstitucionales.
Y como final habría que recordarle a los burros que legislan que nuestra Constitución Nacional en su artículo 20 dispone: “los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión……….no están obligados ..ni a pagar contribuciones extraordinarias”. Además en el artículo 16 dispone también que “todos sus habitantes son iguales ante la ley,…….La igualdad es la base del impuesto”.
¿Si acá no hay delitos, si acá no se desbaratan derechos y se estafa a muchos inversores, cuando los encontraremos?
Es hora que algún juez, algún fiscal cumpla con su deber, sino que la Nación y el pueblo se los demande. Ya que juraron es hora de exigir que cumplan.