N ° 2/2003
Buenos Aires, febrero 28 de 2003.-
Desde el año 1996 la Alianza UCR-FREPASO ha gobernado la ciudad de Buenos Aires, en sucesión Fernando de la Rúa, Enrique Olivera y Aníbal Ibarra se turnaron para destruir la puerta de Argentina al mundo. Es un caso testigo del “progresismo” ya que no solo son gobierno desde hace 7 años, sino que hasta son quienes impusieron la Constitución de la ciudad, multiplicando organismos, aumentando la burocracia, etc.
Un solo dato bastaría para explicar el desastre, la Ciudad de Buenos Aires tiene más empleados públicos por habitante que las criticadas provincias de la Rioja, Catamarca, Santiago del Estero. Pero hay mucho más.
Solo van quedando los restos de las gestiones de Jorge Domínguez. Cada lluvia una nueva excusa, una nueva promesa, pero siempre el mismo resultado, inundaciones en barrios, asfalto en deterioro, etc.
La ciudad de Buenos Aires en términos comparativos podría ser rica de acuerdo al ingreso promedio por habitante, a los impuestos que pagan empresas solo por tener su administración central en ella, como el caso de los bancos. Sin embargo los resultados de su administración son pobres, muy pobres.
Las excusas habituales acerca que los ciudadanos del conurbano mandan a sus hijos a escuelas en la ciudad, que se hacen atender en los hospitales públicos es solo una excusa y una prueba de ese desastre llamado duhaldismo, que en su provincia administro todo mal, echo los problemas para adelante y solo se gasto el dinero en aumentar el clientelismo político mediante lo que ellos con total hipocresía llaman “planes sociales”. Su nombre verdadero debería ser “plan esclavizar”, pero en fin así de mentiroso es el uso del idioma moderno.
Es una excusa para la ciudad porque bastaría con privatizar los servicios para que solo pudieran acceder los ciudadanos que pagan. A los ciudadanos porteños con certificarles su domicilio se les podría establecer en materia educativa el “vale educativo” para quienes no pudieran pagarse la escuela y en materia de salud se podría pagar la cobertura a los prestadores. Cuando la prestación fuera realizada a un bonaerense el prestador, aún siendo hospital municipal deberían hacerlo, deberán cobrarla en La Plata o en la obra social que cubra a ese ciudadano.
Esto es importante porque las obras sociales ya reciben un aporte y afiliación compulsiva para además no prestar el servicio, ello sin perjuicio de las eternas refinanciaciones y jugosos créditos que reciben de bancos oficiales, estar “asociadas” al robo que preparan con el fondo de auxilio junto a las empresas “culturales”. Por cierto; linda foto sería la de Magnetto, Ernestina de Noble, el matrimonio usurpador (los Duhalde) y los gordos sindicalistas, los invitados al curro del fondo mencionado en el número anterior.
Como muestra del desastre en materia hospitalaria de la ciudad baste el siguiente testimonio de una ciudadana en Radio La Red hoy 28 de febrero en la mañana “HAIDÉ ANTONINI,: Relató un incidente que tuvo en el Hospital Ferrer de Constitución. "Como consecuencia de una intoxicación que tuve a fin de año tuve que ir al instituto y me encontré con un lugar totalmente desmantelado. Yo necesitaba un equipo respirador urgente y no había pulmotores porque no existen porque están debajo del sol y el agua en un patio. Tuvieron que buscar un equipo de mi casa y esas dos horas fueron realmente espantosas. Esto no puede seguir así. El otro día escuché que el intendente decía que los hospitales nuestros están bárbaros pero están horrorosamente mal”
Del asfalto cuyos baches tragan autos, camionetas y medio camión no hace falta hablar mucho. Tal es el desastre que solo podría pensarse que tuvieran un “acuerdo” con fabricantes de autopartes, amortiguadores y cubiertas en especial, y talleristas para fomentar sus ventas, pero sabemos que es de inútiles.
Aníbal Ibarra continua el modelo de gestión de sus amigos radicales, la contratación directa, las prórrogas sine die mientras estudian pliegos de licitación, y debe recordarse que Ibarra como presidente del Concejo deliberante era el viceintendente de hecho por lo cual no puede alegar falta de preparación, de conocimiento. La única y exclusiva razón para tanta prórroga y contratación directa es administrar al margen de la ley, cuando no enriquecerse.
La “contratación directa o largas prórrogas” eran el centro de las denuncias permanentes que el ex fiscal realizaba cuando quería ganar fama. Resulta extraño que no Punto.doc, ni Lanata, ni Televisión Registrada, ni Telenoche Difama, ni Clarín, ni Página 12, etc. jamás hayan mostrado algunas de las tantas grabaciones que guardan del ex fiscal explicando como contrataciones directas y prórrogas contractuales eran delito y que por eso las denunciaba contrastándolas con la gestión como intendente. Es parte del fuero “progresista” o zurdo, que protege a cualquiera que adhiera a la izquierda.
En marzo de 2001 venció la concesión de cepos y grúas del centro de la ciudad. Desde entonces funciona por prórroga directa. Parece que Ibarra y Fatala no han tenido tiempo para hacer los pliegos en dos años, ni los legisladores de reclamarlo. Dos años ganando plata, reemplazando parquímetros por tickeadoras que permiten ganar más dinero ya que los “tiempos pagados” si no se usan todo, se venden dos veces.
Durante la gestión del transparente siestero Fernando de la Rua ya su secretario de salud Héctor Lombardo “perdió 359.475 vacunas por un valor de U$ 6.931.140” según la auditoria de la ciudad. Ahora se sabe que Aníbal Ibarra y sus fieles miembros de la Auditoria General retrasaron el dictamen, no realizaron ni sumario, ni denuncia alguna. Según la revista Urgente además faltarían otras 12,5 millones de dosis del Programa Ampliado de Inmunización. Sí, leyó bien, doce millones y medio de dosis.
Una pista que podríamos darle al contribuyente, al ciudadano y a cualquiera que quiera investigar es que tal vez no falten las vacunas, sino que simplemente se compraron más de las que se entregarían. Por eso la Dirección de Salud Comunitaria no tiene formularios para registrar las dosis recibidas por los distintos hospitales.
Esta semana Aníbal Ibarra ante la evolución de la investigación penal del contrato de la ciudad con Covimet por la prórroga, autorización aumento de peaje por mejoras a efectuar, y el pago de U$ 28 millones por inversiones no realizadas decidió anular la concesión de la autopista y estatizarla. Con demagogia el decreto también dispone reducir el costo del peaje a la mitad, es decir de $ 1 a $ 0,50 para los automóviles.
Ante la repentina decisión cabe preguntarse porque tardo tanto Ibarra en hacerlo si la prórroga realizada por el binomio Fernando de la Rua - Nicolás Gallo. ¿No sabía que sucedía? Si además el directorio del banco de la Ciudad de Buenos Aires controlado por Ibarra y la legislatura le prestó a Covimet U$ 70 millones contra la promesa de pago de la ciudad de los U$ 28 millones la propia administración de Ibarra resultaría parte del fraude que sufrimos los contribuyentes.
¿Porque permitían cobrar el 100% más? ¿De burros, de ineptos o recibían algo a cambio?
¿Cómo explican entonces Ibarra y su desgobierno cobrar el 300% más en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno? Estas dos fueron construidas en la gestión del intendente Cacciatore, es decir tienen más de 25 años, ergo están más que amortizadas. Entonces Ibarra en una sociedad anónima del estado porteño, donde no hay que cumplir leyes de contabilidad se permite darse ese ingreso injustificable.
Lo cierto es que de la Rua, Gallo y Olivera no son los únicos que deberían desfilar por los tribunales y ser juzgados, sino los titulares de Covimet y el mismo Ibarra.
Mientras tanto todos los impuestos siguen aumentando en forma injustificable, en especial patentes automotores, inmobiliario, e ingresos brutos. Claro que los servicios están caca vez peor.
Lo más grave de la gestión de Ibarra es el acuerdo con SIGLA (sociedad de integración gay lésbico argentina) para que den “educación sexual a los alumnos de las escuelas municipales”. Es decir que desde ahora los alumnos de las escuelas porteñas serán educados sexualmente por maricones y lesbianas.
Ya está mal que el Estado de educación sexual, que es algo totalmente reservado al ámbito familiar. Uno puede tolerar que enseñen el aparato digestivo, los alimentos, su higiene, pero que come cada familia no debe ser una cuestión del estado. Igualmente sucede con el sistema de reproducción, los hábitos sexuales personales, la enseñanza de su funcionamiento puede quedar en manos de docentes pero los hábitos son una cuestión de cada familia.
No solo se trata de un abuso estatal, sino que además están difundiendo prácticas antinaturales. El hombre y la mujer son distintos, lo normal es la heterosexualidad, no la homosexualidad, entregar a quienes son una minoría antinatural la “educación sexual” de los alumnos. El objetivo del convenio se encubre con eufemismos tales como “enseñar el desarrollo de una sexualidad plena, la orientación y asistencia a las diversas problemáticas en sexualidad….”
No se trata de discriminar la conducta sexual de las minorías homosexuales, pero resulta inaceptable que Ibarra imponga educar a nuestros hijos en la cultura homosexual.
Para mayor gravedad el convenio es suscripto por el “Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes” (muchos ignoran su existencia inclusive) de la ciudad, es decir que su titular María Elena Naddeo más que proteger los derechos de los niños está violando su intimidad, la de sus familias y orientándolos a la homosexualidad.
Si algún argumento faltaba para que se empiece a ver el desastre que significa dejar la educación en manos del estado, o ajenas, este debería bastar.
La verdad es que se pueden escribir tratados de pésima administración sobre la gestión de Ibarra, los tribunales penales deberían investigar las injustificables prórrogas y contrataciones directas, los faltantes de medicamentos, los servicios de comedor que cuestan más del doble de los privados, etc. Ibarra y su gabinete deberían responder con su patrimonio tanto daño.
Y la legislatura se ha convertido en algo peor que el ex Concejo Deliberante, porque en silencio es el cómplice de la horrorosa gestión de Fernando de la Rua, Enrique Olivera y Aníbal Ibarra, que lleva ya 7 años, tiempo suficiente para que los echemos a votos en las urnas.