N ° 14/2002
Buenos Aires, noviembre 04 de 2002.-
Durante los últimos tres meses el Banco Central, mediante compras diarias en el mercado cambiario, ha logrado incrementar el stock de reservas en unos U$S 800 millones. La estrategia del equipo económico, manifestada públicamente por el Ministro de Economía, es que la divisa no "perfore" el piso de los $3,60/3,65.
La argumentación estaría sustentada en los efectos negativos que tendría sobre la economía una mayor volatilidad cambiaria si el Banco Central no mantuviera en ese rango el precio del dólar. Debemos suponer, entonces, que el ministro estima que esa tendencia a la baja de la divisa (generada por el retiro en el mercado de cambios del Banco Central) sólo sería un fenómeno temporal. ¿Por qué sucedería esto? Evidentemente por muchos factores que podrían darse de manera aislada o simultáneamente: un aumento inesperado del déficit fiscal en los próximos meses y/o un incremento de los retiros de depósitos por la vía de los amparos judiciales que obligaran a emitir pesos por parte del BCRA generando un desequilibrio monetario que llevara a la gente a demandar más dólares.
Tampoco habría que descartar algunos sucesos políticos (suspensión de elecciones internas o de las elecciones generales, dilatación de la firma del acuerdo con el FMI) que produjeran un aumento de la incertidumbre en los agentes económicos y estos se vieran obligados a cubrirse mediante la compra de divisas. Es decir, el equipo económico supone que la situación de estabilidad cambiaria, monetaria y financiera es sumamente frágil y temporal. La compra de dólares y el incremento del stock de reservas estaría siendo utilizada, entonces, como "escudo protector" frente a posibles "tormentas" en el horizonte. Por supuesto que el gobierno no puede decir públicamente esto; necesita utilizar políticamente el "veranito" actual como un escenario permanente que daría el sustento necesario como para iniciar la siempre ansiada y anunciada reactivación.
Pero analicemos, desde otra perspectiva, esta estrategia del gobierno de acumular reservas y consecuentemente no permitir que el tipo de cambio nominal caiga, por lo menos levemente hacia niveles más cercanos a $3. Gracias a la devaluación y de la inconvertibilidad monetaria del peso, el gobierno nacional ha permitido financiar gran parte del desequilibrio fiscal del año emitiendo dinero. Esto tuvo sus efectos: el impuestazo inflacionario que aumentó la Canasta Básica Alimentaria en un 73% respecto de diciembre de 2001 y que generó un récord en el porcentaje de pobres (más del 50%) e indigentes (25%). Este aumento de los precios ha tenido sus efectos "positivos" para el gobierno: la recaudación se incrementó en el último trimestre un 23% promedio respecto de igual período del año 2001, permitiendo arrimar a la Tesorería unos $2600 millones más (aumento explicado en un 70% por el aumento de $1.900 millones provenientes de las retenciones a las exportaciones). También incrementó el negocio "clientelar" de los políticos ya que hoy son más de 1,5 millón de personas las que dependen de la dádiva estatal a través del Plan de Jefes y Jefas de Hogar.
Pero toda decisión de política económica tiene sus costos: muchas de las empresas endeudadas en el exterior han tenido que defaultear sus pasivos por la imposibilidad de hacer frente a los pagos en dólares cuando sus ingresos están pesificados; las empresas de servicios públicos (con muchos de sus insumos en dólares) se perjudicaron por el congelamiento de las tarifas a pesar de la devaluación del 75% de la moneda local y del incremento de los precios al consumidor del 40%; el sistema financiero ha sido "saqueado" por la pesificación asimétrica que obliga a devolver los depósitos indexados por el CER (a una relación de $1,40 por dólar) pero cobrar sus acreencias al tipo de cambio anterior ($1 por dólar + CVS). Como si esto fuera poco, la deuda pública (mayoritariamente en dólares) se ha incrementado desde un 50% con relación al PIB a fines de diciembre hasta el 130% actual. Este costo superior deberá ser financiado por los contribuyentes actuales y futuros de la Argentina.
Si el Banco Central se retirara del mercado cambiario y permitiera que el precio del dólar disminuyera hacia niveles cercanos a $3 tendríamos varios efectos positivos sobre la economía: los salarios reales aumentarían por efecto de la disminución de los precios, con lo cual tendríamos que ver una disminución en los índices de pobreza e indigencia y un incremento del consumo; la negociación con las empresas de servicios públicos sería más "amigable", ya que los reclamos tarifarios serían menores a los actuales, con lo cual la desinversión y falta de mantenimiento en el sector no sería tan grave y los costos fiscales de los Planes de empleos y de ayuda social se verían reducidos por el mejoramiento de la situación (menores índices de pobreza e indigencia debido a la mencionada baja de precios).
Pero nuevamente el gobierno vuelve a privilegiar al sector público por encima del resto de la comunidad: una reducción del precio del dólar significaría una merma en los recursos tributarios por efectos de la disminución del monto recaudado mediante las retenciones a las exportaciones y los tributos que están atados al incremento de precios (IVA, Créditos y Débitos y Combustibles). Esta reducción en los ingresos fiscales, dado el nivel de gasto primario actual y futuro, generaría un aumento del desequilibrio fiscal. Sin financiamiento genuino en el horizonte de corto y mediano plazo, la única vía para no incrementar el déficit fiscal sería la disminución del gasto público. Pero como esto supone una profunda reestructuración del Estado y menores "negocios" para la dirigencia política, el gobierno prefiere sustituir esta estrategia castigando a la mayoría de la población a través de la reducción del salario real y de un menor nivel de bienestar económico.
Es esta la causa por la cual no existen las condiciones para que el tipo de cambio nominal se reduzca; porque lo más importante para el gobierno es el mantenimiento de los privilegios que supieron conseguir en los últimos 70 años. Es la lucha por el "botín" que todos los días los argentinos le transfieren a esta organización llamada Estado.
Pablo Guido es Economista Jefe de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre