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N ° 12/2002

Buenos Aires, septiembre 20 de 2002.-

REFORMA PARA LA POLICÍA BONAERENSE

      No caben dudas que seguir haciendo lo mismo que se ha realizado desde hace 19 años en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires solo conducirá a más inseguridad. Las últimas declaraciones de Saín, funcionario de Inseguridad que acompaña a Juan Pablo Cafiero, en la dirección política del área acusando “a la policía de emplear métodos de la época de la dictadura” son un caso claro de incapacidad e irresponsabilidad.

Empecemos por señalar que si luego de 19 años alguna fuerza policial de la Argentina utiliza métodos de dictaduras los principales culpables de ello son los dirigentes políticos, ya que desde 1983 a hoy han sido quienes han dirigido dichas fuerzas, han realizado cambios, ascensos, manejado las escuelas de formación, los códigos, leyes, etc.

No pueden hoy venir a querer echar culpa de todo esto a los militares también. La culpa es de los Alfonsín, Duhalde, Cafiero, De la Rua, Carrió, Zaffaroni, Verbitsky, etc. Tampoco a los policías deberían ser culpados de ello, ya que la injusta doctrina por ellos mismos es que la culpa es de los gobernantes, es objetiva. Ese es el principio que han aplicado para denunciar y perseguir a militares, y personas como Carlos Menem (caso armas), Domingo Cavallo (aduana), María Julia Alsogaray, Víctor Alderete, Rubén Santos, etc.

Si hay culpables de la corrupción policial, de que dentro de esas fuerzas pueda haber delincuentes son los políticos que ocuparon los gobiernos de las provincias donde ello sucede. Luego de 19 años echar culpas a otros es una afrenta a nuestra inteligencia, un acto más de escapismo. Han manejado los códigos, leyes, decretos, nombrado ministros, jueces, fiscales y policías, fijado las doctrinas de acción y preparación. Entonces no hay otros responsables al menos políticamente, ya que no les aplicaría la misma injusticia que ellos intentan se use con sus adversarios políticos.

La provincia de Buenos Aires es demasiado extensa para que una fuerza policial única sea eficiente. La realidades de ciudades del conurbano mismo son diferentes, San Isidro, Avellaneda, Morón, Lanas, Caseros no tienen relación entre sí, como tampoco otras ciudades grandes como Bahía Blanca, Mar del Plata, Zárate, Tandil, ni los distritos rurales con las ciudades y el conurbano, ni entre sí, Navarro con Balcarce, Trenque Lauquen, Lincoln, Mercedes, Baradero, Azul, etc. En fin 125 municipios con distintas realidades y todas atendidas por funcionarios de La Plata que sueñan con ocupar el gobierno de la Nación en Buenos Aires.

La única razón para mantener una policía provincial de 45.000 efectivos es el ejercicio del poder. Algo que alcanza a los niveles de decisión política como a la conducción de la propia Policía provincial.

La realidad es que el jefe de la policía en La Plata está demasiado lejos de toda la provincia, muchos de los delitos, e inclusive de la irregularidades cometidas por agentes de la misma fuerza no pueden ser resueltos con eficiencia.

También conspira la diferente relación electoral de cada municipio, hay que decir la verdad de esta cuestión, los distritos rurales tienen poca densidad poblacional por lo tanto en términos electorales son poco importantes para muchos partidos políticos y gobernantes, por lo tanto los males que allí sucedan tienen menor atención. Y ello aunque sea una región altamente productiva.

Por lo tanto la provincia de Buenos Aires debería encarar una profunda reforma institucional de su sistema policial, cambiando los paradigmas sobre los cuales funciona y se organiza hoy. No sirve arreglar esta policía, debe ser sustituida por fuerzas más pequeñas, profesionalizadas y sujetas a un efectivo control político y ciudadano.

La Policía Bonaerense debería municipalizarse en su gran mayoría, es decir constituirse en 125 policías municipales, más una fuerza de investigaciones y apoyo provincial, que vendría a ser la fuerza de detectives para realizar las tareas judiciales que excedieran por jurisdicción geográfica a cada policía municipal.

De esta forma cada intendente será el jefe de la policía de su partido y deberá responder por la seguridad y actuación de la policía ante sus votantes y vecinos. Los policías serán más conocidos por sus vecinos, su carrera será dentro de un partido y ciertamente eso establece un control ciudadano mayor al actual.

Además esto posibilitará mejor dotación de equipos a las fuerzas policiales, el pago de mejores salarios para evitar las corruptelas tradicionales de nuestro país. También será más difícil para un policía cualquiera sea su rango meterse con bandas delictivas, la prostitución, la droga como suele suceder hoy, sucede en todo el mundo, pero aquí por el gigantesco tamaño de la policía bonaerense eso se hace incontrolable.

La fuerza provincial sería el apoyo de investigaciones para delitos cometidos por bandas que actuaran en distintos partidos, de apoyo a los jueces.

Corresponde también establecer reformas judiciales importantes que acompañen una reforma así como establecer fiscales y jueces con competencia geográfica estrictamente ajustada a cada partido. Esto mejorará también el funcionamiento de los organismos judiciales y pondrá más cerca de la ciudadanía al poder judicial. Los municipios, partidos del conurbano extensos y densamente poblados podrían en materia judicial ser divididos para acercar también los organismos a los vecinos.

Inclusive los municipios deberían pasar a poder establecer por sí mismos si quieren elegir por votación al jefe de su policía, a los fiscales y jueces. Eso hará que todos los funcionarios involucrados en las cuestiones de seguridad estén más vinculados a sus ciudadanos.

Esta crisis necesita de un cambio que haga más pequeñas y eficientes a las estructuras judiciales y policiales. Que acerque los responsables a los ciudadanos, en definitiva más republicana, más federal, o para quienes confunden todo con la palabra democracia, que creen que eso son leyes “delincuentistas”, que el problema es la pobreza y la perversidad de las policías, debemos poner más democracia en la seguridad.

También deben ser des federalizados ciertos delitos en especial los referidos a la droga. La gran mayoría de ellos recargan juzgados federales escasos en las provincias y no pueden ser resueltos con eficiencia, ni justicia, por lo tanto salvo casos de bandas de actuación interprovincial que requieran actuación de fuerzas policiales federales no existe justificación para que sean delitos federales. Inclusive el acercamiento de las cuestiones a cada ciudad, partido hará que cada comunidad pueda realizar una mejor prevención.

No quieren esto quienes sueñan con acumular poder, pero el poder del estado no es un fin en sí mismo, sino para servir de resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos.

No soy ingenuo, la mayoría de los políticos quiere tener el mayor poder posible, pero esto no es eficiente, ni es bueno, en materia de seguridad y justicia se ha comprobado que promueve la corrupción y el aumento de la delincuencia. Entonces es hora de cambiar. Que la policía deje de ser una caja de recaudación política y personal, que este bien pagada, entrenada y equipada, cerca de los ciudadanos.

¿Quién puede temer esto? Los que lucran con el monopolio gigantesco e ineficiente de la situación actual. ¿Quiénes son ellos? Hay de todo, políticos, funcionarios, delincuentes, inclusive los mismos policías, que han sido formados en una institución de dimensión incontrolable. Una reforma así los hará mejores inclusive a policías, fiscales, jueces, intendentes, y mejor aún a los ciudadanos que deberán hacerse responsables de la seguridad y justicia de su partido.

La seguridad no es una cuestión solo del Estado, más bien es ante todo una cuestión de los ciudadanos y por lo tanto cuanto más cerca de ellos estén los policías mejor funcionarán.

 

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