N ° 12/2002
Buenos Aires, septiembre 20 de 2002.-
La razón aducida para establecer el inconstitucional “corralito” era evitar el retiro masivo de depósitos de los bancos y así se evitaría la quiebra del sistema financiero. Como ya sostuvimos entonces y se ha demostrado el corralito ha sido la forma de destruir la confianza de los depositantes, de destruir el sistema que se pretendía salvar igualando a buenos y malos bancos.
Sin embargo como demostración de que el corralito fue un negociado escandaloso junto al control de cambios impuesto por el usurpador Duhalde y sus cómplices es que a los exportadores no solamente se los obliga a liquidar sus ventas a través del Banco Central que se apropia de sus dólares y les entrega pesos devaluados y no convertibles, sino que el dinero de ellas queda en el corralito.
Es un dinero que no existía, no estaba depositado por lo tanto no existe excusa para obligar a depositarlo en bancos quebrados según reconocen, las “tecnocráticas y políticas” aducidas carecen de consistencia. La verdad es que el dinero de una exportación es tan propio como la venta de servicios profesionales de un abogado, de un ingeniero, o la venta de un caramelo, el Estado no tiene ningún derecho a robarse una parte, aunque le ponga el nombre de retenciones, ni a sacarle a nadie la moneda en que ha sido pagado para sustituirla por otra que él mismo emite, sin respaldo, devaluada.
Pero el colmo de la defraudación es “obligar” a cada exportador a depositar el dinero en bancos y que no pueda tocarlo. La defraudación se define como el delito por el cual mediante un ardid se genera un perjuicio a alguien y un beneficio a sí mismo o a un tercero. Acá el ardid es sostener la paridad cambiaria, sostener el sistema financiero causando un daño a cada exportador y un beneficio indebido a los bancos.
No hay dudas de ello, pero encima como todo sistema autoritario genera la inmediata corrupción por la cual los bancos pueden desde cuevas satélites cambiarle el dinero acorralado por dólares cobrando por ello un 5 a 6 %. Dinero que encima no ayuda a la solvencia del banco porque lo ganan en la “cueva” y se lo quedan los funcionarios involucrados en la operatoria.
Desde el punto de vista de las exportaciones impone mayores restricciones y riesgos que contra la declamada política de promover exportaciones solo disuade de hacerlas. Obviamente además el sistema sigue generando corrupción y destrucción de la moral de los ciudadanos y empresarios.
Una defraudación escandalosa que solo tiene por finalidad hacer ganar plata a los bancos a costa de los exportadores y cuya inmoralidad resulta evidente, debe cesar y los funcionarios que la han establecido deberían ser juzgados penalmente por defraudación.