N ° 11/2002
Buenos Aires, septiembre 09 de 2002.-
“Violaciones a los derechos humanos han sido cometidas en la Argentina – generalmente como parte de la campaña anti terrorista del gobierno argentino contra aquellos sospechosos de ser guerrilleros o sus partidarios…”
El párrafo, que da inicio a uno de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación a la llamada “guerra sucia” de la década del 70, podría ser una validación más de la historia tal cual se la ha estado contando desde el gobierno de Raúl Alfonsín, si no fuera por el detalle de que está fechado 12 de febrero de 1975, es decir, un año y un mes antes de la llegada del llamado Proceso de Reorganización Nacional al poder.
El documento fue confeccionado por un agente que firma “Bill” y fue enviado desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, por intermedio de la embajada en Montevideo, dirigido al Departamento de Estado.
El Decreto 158 de 1983 del entonces presidente Alfonsín ordenó de manera irregular el procesamiento de las primeras dos juntas del gobierno militar por sus responsabilidades en esa contienda y circunscribió de manera arbitraria el período a investigar a lo ocurrido con posterioridad a marzo de 1976. Así dio inicio a un pacto de silencio que ahora cae por su propio peso porque lo que el documento revela es que lo peor de la metodología utilizada para reprimir el terrorismo (hoy llamado idealismo) había sido decidido mucho antes del golpe de estado de 1976. El 12 de febrero de 1975 esta operatoria cuestionada dentro y fuera del país llevaba varios meses y era suficientemente extendida para ser conocida y confirmada por los funcionarios de la embajada estadounidense en la Argentina.
Lo curioso es que el único reproche que para el alfonsinismo merecía el terrorismo que sufrió la Argentina (que era una extensión de los terrorismos de estado de Cuba y la Unión Soviética), era haber provocado la llegada de los militares al poder. Al ex presidente, por aquellos años de su gobierno en que se inauguró una nueva historia oficial, no parecían conmoverlo por sí solos los asesinatos, los secuestros y las bombas en lugares públicos de los terroristas sino solo el golpe militar que se suponía habían provocado. Sin embargo, a la luz de este documento y otros en la misma línea, el desencadenante de la irrupción militar en el gobierno no fue el inicio de una guerra ni la inauguración de una metodología represiva sino tal vez la inoperancia de María Estela Martínez de Perón y la negativa de los militares a seguir actuando bajo su comando. Al Proceso en todo caso le cabe la responsabilidad de haber continuado un sistema represivo ya decidido y puesto en marcha con anterioridad.
“Las violaciones a los derechos humanos son a veces difíciles de probar, pero continúa el mismo documento.
De forma inesperada para quienes promovieron la desclasificación de los documentos, incluso para la izquierda pro terrorista que intenta construir la historia de un Plan Cóndor internacional como inicio de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, la principal conclusión a la que lleva este material histórico es la de la falsedad del “Punto Inicial” impuesto por Alfonsín al disponer él (y no los jueces) desde cuando se debía investigar.
Estos límites a las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina (que nadie discutió) son producto de un gigantesco pacto de silencio entre la corporación política de los 70 (mucha de la cual está en carrera todavía) que inició y sentó las bases de la llamada “guerra sucia” y los partidarios y sobrevivientes de las organizaciones subversivas, pergeñado para utilizar a las fuerzas armadas como chivos expiatorios de los crímenes de ambos bandos.
Ese pacto no puede ya sostenerse y a la luz de las nuevas doctrinas procesales y penales, los tratados internacionales, la reforma a la Constitución Nacional y las modernas concepciones sobre jurisdicción internacional, buena parte de la clase política argentina que las impulsó, las promovió y las aplaudió (incluido Alfonsín al impedir una investigación exhaustiva) podría empezar a desfilar por los mismos tribunales que muchos militares, tanto los del país como los del exterior en una nueva y más profunda revisión de la tragedia argentina de la década del 70. El propio canciller Ruckauf, suscriptor del decreto 261/75 (siendo ministro de Trabajo de Isabel Perón) que ordenó “aniquilar” a la subversión (lo que siempre se quiso interpretar de una manera convenientemente limitada), tendrá que explicar ahora a los jueces (tal vez al propio Garzón) la verdad de lo ocurrido y de su propia participación, teniendo en cuenta este y otros documentos que surjan a medida que sean revisados.
Para no dejar dudas sobre que el Proceso fue solo el reemplazo en el comando de la guerra, el documento de febrero de 1975 señala que “mientras el gobierno argentino va a condenar públicamente la tortura y el asesinato dado el momento político que vive la Argentina, sin embargo, parece que esas prácticas serán toleradas por el momento por el gobierno argentino (y muchos argentinos) como un expediente en la lucha contra el terrorismo”.