N ° 11/2002
Buenos Aires, septiembre 09 de 2002.-
Ana María Mosso, 05-09-02, Ámbito Financiero
Después del golpe de 1955 era muy común escuchar, aun en las casas antiperonistas, que el primer gobierno de Perón había sido bueno y el segundo muy malo, sin advertir las circunstancias históricas que cambiaron mucho después de la guerra, que provocaron un giro hacia políticas más abiertas al capital privado, las inversiones externas, en fin, hacia un capitalismo de mayor acumulación, con menos intervención estatal, que avizoraba los tiempos económicos que se venían en el mundo y que muchos argentinos no entendieron. Lo mismo se dice hoy del segundo gobierno de Menem, con igual incomprensión.
Durante el primer gobierno de Carlos Menem el país recuperó la estabilidad, bajó el déficit a cifras manejables, recuperó el crédito nacional e internacional, se reinsertó en el mundo con un posicionamiento claro, creció a altas tasas y obtuvo una enorme mejoría en el índice de pobreza (bajó de 47,5% a 16,5%). Durante el segundo, debió soportar cuatro crisis internacionales: la del tequila en 1995, la del sudeste asiático en 1997, la rusa en 1998 y la brasileña en 1999, lo que aumentó sustancialmente los servicios de la deuda pública. Casi una crisis por año, a pesar de lo cual crecimos a altísimas tasas durante tres de los cuatro años del período, y lo más importante: se generó 1.200.000 puestos de trabajo en menos de dos años, lo que permitió bajar la desocupación 6% desde el récord de 18,5% de la época del tequila a 12,8% en octubre de 1998, manteniendo el mejor índice de desarrollo humano de la región, con la pobreza en 26%. Fue un gran avance la reforma del sistema financiero, que logró depósitos en los bancos por casi u$s 100.000 millones y reservas por u$s 34.000 millones en el BCRA que el gobierno de la Alianza dilapidó en gran parte. Lo mismo ocurrió con la solvencia de los bancos después de la devaluación de Duhalde.
En realidad, fue un muy buen gobierno el del segundo período de Menem; en relación con las dificultades externas, mejor que el primero. Quedaron, sin embargo, varios objetivos pendientes: lograr equilibrio fiscal, una buena reforma laboral para bajar más el desempleo y el trabajo en negro, un nuevo régimen de coparticipación federal juntamente con las reformas en el Estado llamadas de «segunda generación», esto es, de gestión, para mejorar los servicios y la calidad del gasto.
• Reforma monetaria
Lamentablemente, los desaciertos de la Alianza y del Club Bonaerense (Duhalde plus Alfonsín), en lugar de avanzar a partir de lo hecho han provocado un retroceso inexplicable en dos años y medio, cuya peor consecuencia es el pavoroso índice de pobreza, que llega a 53% superando el 47,50% que nos dejó Alfonsín y con un crecimiento de 18% con respecto al 35%, ya muy aumentado, de De la Rúa.
Otra vez hay que comenzar por recuperar la estabilidad, un objetivo que el pueblo argentino pensó que después de 10 años no perdería más, pues es la base para las inversiones, el crecimiento y el combate contra la pobreza. Después de la irresponsable y fracasada devaluación de 260%, con pesificación asimétrica incluida y ruptura de todas las reglas de juego, el país necesita una nueva moneda confiable que esta vez debería ser directamente el dólar para lograr la credibilidad de los argentinos y del mundo.
La dolarización es el camino, porque, como en 1990, es la decisión que ya tomó el pueblo argentino, harto de que lo estafen y lo abaraten con las devaluaciones. Por eso somos el país más dolarizado del mundo y la existencia de dólares billete asciende a u$s 30.000 millones, cinco veces más que la de pesos, incluidos los bonos. Con un gobierno confiable y con el dólar como moneda corriente, esta masa de dinero seguramente se incorporará bastante rápido a la economía, dándole impulso.
Existen otras razones para elegir hoy la dolarización en lugar de una nueva convertibilidad:
a) Eliminar el riesgo de una nueva devaluación bajará drásticamente el riesgo país, y con ello, las tasas de interés de la deuda pública y las tasas internas de la economía real. Aunque los promotores del default parecen haberlo olvidado, esas tasas se siguen devengando y después habrá que reconocerlas como ya ocurrió con Alfonsín, que dejó deuda oculta por más de u$s 30.000 millones. ¿Cuánta será la deuda sin consolidar después de la devaluación?
b) Acelerará la recuperación de la confianza, indispensable para que vuelvan las inversiones de argentinos y extranjeros, y el crecimiento. La devaluación generó incentivos negativos: se castigó a los que creyeron e invirtieron en el país y se premió a los que no lo hicieron, que ahora pueden venir y comprar barato.
c) Asegurará a los trabajadores y jubilados que no se les puedan seguir bajando los ingresos por nuevas devaluaciones. Es equivocada la afirmación de que se congelan los sueldos en los bajos niveles actuales; los sueldos ya están bajos en dólares, los bajó la devaluación, pero pueden estarlo más. En cambio, si se dolariza no seguirán bajando por efecto de la inflación y, en cambio, tenderán a subir con la recuperación de la economía, como ya ocurrió con la convertibilidad.
d) Es consistente con la tendencia mundial a la eliminación de monedas nacionales (Ej. euro) y con el proceso de integración del ALCA. Está demostrado que las uniones monetarias triplican el intercambio comercial entre países y probablemente toda América avanzará en esa dirección en el mediano plazo en búsqueda de mayor estabilidad y negocios.
• Reforma del Estado
Si bien hubo un gran avance con las privatizaciones que permitieron eliminar las pérdidas de las empresas públicas y tener servicios eficientes que, además, pagan impuestos, están pendientes las reformas de gestión que son las más difíciles de lograr porque generan mucha resistencia, ya que en general en el Estado nadie quiere ser evaluado. Es necesario poner en marcha el programa de evaluación de la calidad del gasto instituido por la Ley de Solvencia Fiscal, que nunca se aplicó, para avanzar luego en las políticas que logren que el Estado gaste bien. A esta altura resulta inadmisible que buena parte del llamado gasto social, que representa 60% del presupuesto nacional, se pierda por ineficiencia o corrupción. Además, una buena reforma del Estado será la base para obtener equilibrio fiscal, una condición indispensable para estos tiempos de descrédito público y de nulo financiamiento.
Esta tarea será predominantemente de las provincias, a raíz de la fuerte federalización de servicios y funciones que se produjo en la década del '90, aunque también en la Nación queda mucha tela por cortar, sin que esto signifique necesariamente despedir gente.
• Reforma laboral
Vamos a necesitar de la inteligencia y la comprensión de la dirigencia gremial para afrontar un problema que se ha vuelto insostenible: la desocupación de 23,5%, con 50% de empleo en negro. Sobre una PEA de 14.000.000 de personas sólo 5.000.000 hacen aportes y de esos, 2.000.000 son estatales. Esto ha destruido el sistema de obras sociales y está incubando un enorme problema futuro para la seguridad social y una deuda pública no consolidada que pagarán las futuras generaciones, porque cuando toda esa gente no se pueda jubilar, alguna solución habrá que darle desde el Estado.
Es necesario eliminar los impuestos al trabajo y al mismo tiempo mejorar los controles para incentivar el empleo formal. Otro aspecto central es eliminar los obstáculos para la salida del empleo con el objeto de generar la entrada. Ningún empleador va a tomar nuevos empleados en blanco si tiene obturado el despido; prefieren tomar el riesgo, muy remoto, de ser descubiertos. La verdadera salida consiste en eliminar la indemnización por despido, que muchas veces no se paga y muchas otras se la llevan los abogados, y sustituirla por un seguro de desempleo que se active ante cualquier despido o renuncia. Generaría una verdadera oxigenación de las relaciones laborales y un incremento del empleo, al mismo tiempo que seguridad en los trabajadores que estarían protegidos por un plazo de hasta un año para conseguir un nuevo empleo. Otro beneficio importante de esta propuesta es que da certeza acerca de los costos del trabajo para cualquier inversión y baja drásticamente la litigiosidad (por lo cual seguramente se opondrán los abogados laboralistas), con indiscutibles ventajas para la producción. La Cámara de Diputados de la Nación cuenta con un proyecto en este sentido que presenté el año pasado y que, naturalmente, no ha tratado.
• Reforma fiscal
Con respecto al sistema tributario, más que un problema de diseño que está basado en IVA, Impuesto a las Ganancias e Internos, la reforma debe consistir en eliminar exenciones y prebendas, y en simplificar y replantear totalmente la administración tributaria que resulta complejísima e ineficaz. Hay que dejar en la DGI la determinación, el control y el cobro de los impuestos al día y despojarla de la cobranza de las cuentas viejas que ha demostrado ser incapaz de recaudar y que debería tercerizarse.
La otra cuestión central es avanzar en la correspondencia fiscal. Esto significa que el que gasta sea también el encargado de recaudar. Para eso hay que modificar profundamente el sistema de coparticipación federal de impuestos para lograr que las provincias recauden lo que gastan, lo que rápidamente provocará una mejora en el gasto público provincial con beneficios para el conjunto de la economía y de la población. Las provincias deberían recaudar los impuestos patrimoniales y el Impuesto a las Ganancias de particulares más un IVA provincial o un impuesto a las ventas. La Nación, el IVA (que bajaría) y Ganancias de las empresas, además de Internos y aranceles aduaneros. El nuevo sistema de coparticipación, que deberá subsistir a pesar de avances en la correspondencia por lo menos durante algún tiempo hasta obtener una clara definición de las funciones de cada jurisdicción, debe estar basado en tres principios: devolutivo, redistributivo y de productividad para premiar al que mejor recauda y administra. El control estará a cargo de un órgano constitucional, de carácter predominantemente político y con gran solvencia técnica, el Organismo Fiscal Federal.
Apuntando a establecer equilibrios macroeconómicos duraderos deberían aprobarse normas fiscales con respecto al déficit, las deudas y el aumento del gasto, también para las provincias, además de constituir un fondo anticrisis, muy necesario con sistemas monetarios rígidos como la convertibilidad o la dolarización. Aunque esto último deberá esperar épocas mejores.
Después de la debacle que destruyó un sistema que estaba considerado entre los mejores del mundo por los organismos internacionales vendrá una reestructuración de la banca pública y privada. El proceso de recuperar confianza será lento, pero se acelerará si se dolariza y hay un gobierno creíble. Muchos están pensando en una banca offshore, que asegura a los depositantes, pero aleja en el mediano y largo plazo la posibilidad de recomponer las relaciones entre las entidades y sus clientes y fortalecer un sistema propio, necesario para otorgar créditos. A la vez, permitiría recuperar muchos depósitos que hoy directamente están en el exterior, fuera del circuito, con alto grado de evasión impositiva. Tal vez se podría pensar en una solución intermedia, una banca mixta donde el cliente eligiera si quiere poner sus depósitos dentro o fuera del país y en relación con esto obtuviera su ganancia y su riesgo.
Tanto para avanzar en estas reformas como en la reforma política, que también deberá ser abordada, es necesario elegir un nuevo gobierno, fuerte y democrático, con liderazgo y capacidad política, que logre armonizar los distintos sectores e intereses y fijar un rumbo que le permita al país reinsertarse en el mundo, crecer, crear empleo y derrotar a esta vergonzosa e injustificada pobreza. Ya lo hicimos, podemos repetirlo.