N ° 10/2002
Buenos Aires, agosto 26 de 2002.-
Concluida la administración Menem, el gobierno de la Alianza inició una tarea de reducción de los patrimonios argentinos, que culminó con la imposición del «corralito», a principios de diciembre de 2001. El intolerable desmanejo y la licuación de riqueza precipitaron los disturbios del 19 y 20 de diciembre, y la renuncia del gobierno. Lejos de reconocer que la finalidad del Estado es proteger los patrimonios y la vida, los sucesivos gobiernos de Rodríguez Saá, que declaró el default de la deuda, y de Duhalde, que devaluó la moneda y expropió a los depositantes y acreedores, prosiguieron con la tarea de demolición de la propiedad. A esta fecha, la suma de deuda pública y privada no atendida, depósitos bancarios incautados y otros acreedores confiscados alcanza a unos 300.000 millones de dólares, y el Estado argentino deberá responder por ello. En el ínterin, la riqueza de la Argentina ha caído de más de un billón a unos 250.000 millones de dólares. Estas cifras aterradoras no incorporan debidamente las pérdidas de vidas humanas, que la crisis está causando todos los días, ni la mayor inseguridad que experimentamos diariamente.
La Constitución establece claramente la protección de la propiedad y la necesidad de previa indemnización a cualquier expropiación (Art. 17). Ahora, las autoridades, economistas y muchos comentaristas parecen haber encontrado la solución en la eutanasia del depositante y del acreedor. Determinan que el control monetario se lograría burlando a los depositantes y se oponen a que la Justicia haga valer los derechos individuales. Quieren que los jueces acepten que el Estado puede expropiar sin compensar y violen la Constitución. Que un Estado, cuyos dirigentes festejan abjurar sus obligaciones, entregue bonos sin valor a quienes depositaron dólares o pesos. Delincuentes son los que no cumplen la ley. Nuestra Constitución es la norma suprema, y nuestros políticos no la cumplen e intentan que los jueces se aparten de ella. Curiosamente, un Congreso, que desconoce la Constitución, intenta enjuiciar a la Corte Suprema por respetarla. Un Poder Ejecutivo, alzado contra la ley suprema, procura decretar el desapoderamiento de los jueces que defienden los derechos individuales.
• Ficción
No existe democracia ni república cuando la Constitución no es respetada. Nuestras autoridades han fallado, no en la técnica de gobierno, sino en el más elemental reconocimiento de la ley que juraron cumplir y hacer cumplir. Por ello, la Argentina es una ficción de república, y todos los que toleran este flagrante totalitarismo enfrentarán su responsabilidad, ante la Justicia, las urnas y la historia. Nos han traído demasiadas pérdidas de vidas y de patrimonios, sumiéndonos en la mayor pobreza de nuestra historia. Mientras se vanaglorian y afirman que se mantendrán en sus puestos, «sacrificándose» por nosotros. Ya nos han costado demasiado. Los gobiernos contra el pueblo suelen terminar bruscamente. La mejor salida es una muy inmediata convocatoria electoral y entrega del poder.