N ° 08/2002
Buenos Aires, julio 26 de 2002.-
El gobierno y su cómplice Elisa Carrió han puesto a la Corte Suprema, y por carácter transitivo a nosotros los ciudadanos, bajo un sistema de extorsión, tendiente a lograr la complacencia de ella en la violación de nuestros derechos de propiedad.
De no otra cuestión se trata el remanido “juicio político” a la Corte Suprema. Es una extorsión tendiente a asegurar no solo el ejercicio absoluto del poder estatal, sino la impunidad de los políticos.
Cuentan también en esa campaña con “extras” escrachadores empleados de unidades básicas como se vio hace unos meses en Después de Hora, seguramente pagados con cuantiosos fondos “reservados”.
La Diputada Carrió cumple un rol esencial, como antes ejecutó para lograr allanar la ilegal remoción de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central. Ahora encabeza el juicio contra la Corte Suprema, pero en realidad lo que está haciendo es ponernos en manos de un gobierno de transición ilegal e ilegítimo que no contento con haber atropellado el derecho de propiedad de todos los argentinos y extranjeros residentes, ahora pretende negarnos el derecho de tener una defensa judicial.
Mientras acá se discute si los inconstitucionales decretazos tienen validez aceptando que en principio hayan modificado los contratos, es decir los derechos de propiedad de los ciudadanos, se pone a la Corte Suprema bajo la extorsión más descarada que se recuerde, con el objetivo real de negarnos la defensa en juicio contra el gobierno autocrático.
Cuentan también con la inescrupulosidad de muchos directores de bancos (banqueros sería un exceso de calificación para quienes hacen cualquier cosa menos bancar), que siguen pagando opinadores y pseudo periodistas que señalan que el problema son los amparos.
El problema es la causa de los amparos. Es decir las ilegales restricciones al derecho de propiedad, la intromisión en contratos privados, no pagar la deuda pública y aplaudir esa estafa (en esto último existen muchos ciudadanos que son cómplices del gobierno actual y el anterior) No es el derecho de propiedad, ni su reconocimiento por los jueces la causa de la quiebra del sistema financiero sino los ilegales y abusivos decretazos.
Los bancos tomaron depósitos y se lo prestaron al estado nacional, provincial y municipal a tasas exorbitantes, se pagaron sueldos y bonus como si fueran exitosos empresarios. Pero solo estaban sembrando la quiebra del sistema. Encima algunos políticos irresponsables que endeudaron al estado luego vinieron en auxilio de los bancos declarando y practicando el default, estableciendo el corralito, el corralón, pesificando y devaluando.
Ahora quieren atornillar el ataúd de la economía argentina, de los derechos de propiedad con la extorsión a la Corte Suprema, cuyo juicio político solo fue impulsado cuando esta resolvió la ilegalidad de los decretos que crearon el corralito.
Por cierto que más que corralito, existe un campo de concentración. Y quiero recordarles a todos que en los campos de concentración hay pocas alternativas. Languidecer y con suerte estar vivo cuando llegan las tropas de liberación, intentar la fuga o morir soñando que los carceleros cambiarán, terminarán la tortura. Los carceleros además cada tanto le dan alguna esperanza que pronto quiebran para desmoralizar aún más a los prisioneros.
Argentina no tiene un corralito, ni un corralón. Estamos en un campo de concentración, o llegan las tropas de liberación o morimos de inanición como viene sucediendo con nuestra economía.
A diario se nos informa que el gobierno intenta negociar con la Corte Suprema levantar el juicio político a cambio de que ella avale sus ilegales decretazos. Nadie lo desmiente, nadie hace nada, pocos nos alarmamos, pero tengamos por seguro que esas noticias son la prueba que el Juicio Político es una extorsión.
El método de Carrió denunciando, inventando el clima para crear un grupo perverso que luego justifique la remoción con el odio popular ha sido probado con éxito. Es de esperar que la Corte Suprema no ceda y de una buena vez la denuncia de Pedro Pou por su ilegítima remoción sea castigada judicialmente. Solo así empezaremos a tener una esperanza.