N ° 02/2002
Buenos Aires, abril 30 de 2002.-
Estamos como antes de la batalla de Caseros en 1852, aún no se ve quien será Justo José de Urquiza, ni donde está el Juan Bautista Alberdi con las ideas. Pero lo cierto es que la mazorca bonaerense está hundiendo al país en una dictadura.
La solución es claramente la elección ya de todos, todos los cargos nacionales, provinciales y municipales, reducidos en un 50%. Para algunos estos sonará a golpismo, saldrán los “pulcros” institucionalistas que defenderán la estabilidad de los cargos, del congreso, etc.
Basta de mentiras, la Constitución Nacional establece aún antes que la estabilidad y duración de los cargos la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio de todas los demás derechos individuales garantizados por ella.
Vemos los intentos de la banda usurpadora de remover la Corte Suprema y ponerla en jaque al punto de forzarla a aceptar los nuevos bandos dictados bajo forma de ley.
Si los derechos individuales cuya garantía de inviolabilidad puede ser violada por razones de emergencia, ¿cual es la justificación para no tocar los mandatos de los cargos electivos?
No existe, ellos han confiscado en forma inconstitucional nuestra propiedad luego nosotros queremos sus cargos, no para nosotros sino porque ellos han violado el pacto constitucional, se han convertido en “traidores a la patria con fuero”.
No puede haber solución a los problemas institucionales y políticos del país por sus mismos causantes. Esta dirigencia alzada contra los ciudadanos bajo la mascarada de la democracia electiva forzada, direccionada, monopolizada y bastardeada por ellos mismos nos ha traído hasta acá es hora que dejen el espacio para que otros solucionen sus horrores.
Dejarlos con sus cargos sería como darle la custodia del tesoro bancario al ladrón de bancos.
La salida son elecciones en el más corto plazo posible pero de todos los cargos electivos y solo un 50% de ellos. La prohibición de designar asesores para todos los legisladores provinciales y municipales. Solo podrán ser remunerados en provincia y municipios con un viático equivalente a una jornada laboral cada semana y los gastos de viajar al recinto.
Los ediles municipales no necesitan asesores, ni oficinas, ni secretarias, su función es ordenar la higiene, el tránsito, los códigos de edificación, no discutir la defensa nacional, las relaciones exteriores, ni los códigos de procedimiento judicial, etc. No necesitan nada de lo que se han dado a sí mismos.
Más aún, deberán acreditar la existencia de un trabajo que de sustento a su vida personal y mantenerlo, a ese u otro, durante su gestión. Nadie que dejara de trabajar salvo que acredite fortuna personal podrá ocupar esos cargos.
Los ediles municipales y los legisladores provinciales no deben trabajar de ello. Justamente que trabajen de político hace que se la pasen haciendo normas inútiles, contrarias a la productividad, a la libertad y al derecho de propiedad. El día que trabajen en la actividad privada y dejen de trabajar de políticos tendremos oportunidad de un cambio.
Es más el “trabajo de político profesional” permite la mayor corrupción del estado por la presión de lobbies empresarios y sindicales, para no hablar de la mega corrupción del Grupo Pravda (Clarín y sus satélites), es decir de algunos medios de comunicación, que en lugar de informar, defender ideas corrompen las instituciones, condenan sin juicio a quienes se le oponen y encubren a sus cómplices políticos mientras le son útiles.
La solución es un gran cambio. Una nueva fundación de la república, un regreso pleno y completo a los fundamentos del modelo constitucional de 1853. No alcanza una nueva elección, es necesaria pero no suficiente, hay que recomenzar y refundar nuestra Nación, no puedo eso quedar en manos de quienes la refundieron.