N ° 02/2001
Buenos Aires, enero 15 de 2001.-
Cuando se asume el cargo de Presidente de la Nación, o de legislador nacional se jura cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, y hasta en forma pomposa se agrega “Si así no lo hiciere Dios y la Patria me lo demanden”.
Diariamente con sus actos y violaciones del derecho de propiedad a través de normas los funcionarios violan nuestros derechos de propiedad y libertad, eso bastaría para demandarlos. La semana que paso el Presidente Fernando de la Ruina y los Diputados Beatriz Nofal y Domingo Cavallo ya ni les importo violar la letra de sus obligaciones.
Para comenzar hay que explicar que Educ.ar es una sociedad del estado nacional, ya que los fondos donados por Martín Varsavsky fueron aceptado en forma expresa por un Decreto presidencial. Ergo el 100% del capital social es del Estado Nacional, lo cual ha constituido un éxito total ya que se ha creado un canal de presión vía solicitud de dinero a empresas para contribuir al “proyecto educativo del gobierno”.
La Constitución Nacional en el artículo 72 prohíbe a los legisladores nacionales aceptar designaciones del Poder Ejecutivo “sin autorización previa de la Cámara respectiva”. Tampoco puede el Poder Ejecutivo convalidar su designación y hacerla efectiva sin esa autorización previa.
¿Pero a que detenerse en formalidades? Un presidente como De la Ruina que se pretende legalista mientras se roba salarios y jubilaciones por decreto, que interviene contratos privados por decreto, etc. poco debe importarle una nimiedad tal como la prohibición constitucional de estas designaciones. De Beatriz Nofal es comprensible su aceptación ya que es Diputada por la UCR, partido cuyo respeto por la Constitución es solo declamativo, además de su disciplina partidaria en la esperanza de obtener alguna designación en la Chancillería o el sector de comercio.
En cuanto al Diputado Cavallo lo primero que se puede destacar es que debería cambiarle el nombre a su partido porque su accionar es contrario a la república. Lo segundo es aceptar que sus justificativos son una demostración de hipocresía pocas veces vista.
Ya no debemos recordar que la noche del 7 de mayo del 2000 al verse derrotado en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires en forma totalmente descontrolada y exhibiendo su verdadero carácter llamo “tramposos” a los dirigentes de la Alianza, debemos volver al año 1994 y 1995 cuando denunció las supuestas mafias “postales” vinculadas a Yabrán.
La ley de correos que Cavallo denunciaba como favorable al narcotráfico y el lavado de dinero había sido aprobada por el Senado por unanimidad, es decir con el voto del entonces senador Fernando de la Rua, quien además había sido orador y defensor del proyecto en el recinto y en las comisiones. El senador de la Rua también era apoderado de la empresa postal OCA S.A. que Cavallo atribuía a Alfredo Yabrán.
Ahora Caballo al ex Senador Fernando de la Rua, defensor de aquella ley mafiosa lo compara con Sarmiento, olvidando oportunamente que sus hijos arreglaban sus exámenes por teléfono y que el propio de la Rua como titular de cátedra no asistía a dar clases.
Porque Sarmiento equivocado, o no, compartido o atacado fue un autor de importantes obras literarias y políticas y su objetivo no era adoctrinar en el socialismo a los niños de Argentina. Y jamás ocupo cargo alguno en violación de la Constitución, ni como Presidente se dedico a la violación sistemática de la letra y espíritu de la Constitución Nacional.
Hoy un juramento, mañana una traición dice un tango. Nuestros dirigentes podrían decir hoy un juramento y siempre traición.