N ° 43/2000
Buenos Aires, diciembre 11 de 2000.-
Cuando Fernando de la Rua expuso su programa de gobierno ante el Congreso de la Nación al asumir su cargo declaró que cumpliría con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que su gobierno tenía como meta la reducción y pulverización del déficit fiscal. Así reducirían el riesgo país y lograrían bajar la tasa de interés.
Bajo tales objetivos intentaron justificar las sucesivas apropiaciones del dinero ajeno. Primero fue el impuestazo, luego la reducción de salarios, y dejar de pagar a proveedores del estado para ahora prometerles bonos por la ley de Emergencia Económica.
Durante meses lograron con sus discursos espantar inversores, atemorizar consumidores y así fue cayendo la actividad económica que entre octubre y noviembre de 1999 había comenzado a salir de la recesión. De la Ruina y su plan golpearon tan fuerte a todos que lograron hundirnos aún más en el ciclo recesivo.
Pero todo fuera por bajar el riesgo país y con ellos las tasas de interés. Pero la verdad es que el gasto público continuaba subiendo, los impuestazos no alcanzaron y confiscaciones tampoco alcanzaron y con ello creció el riesgo país y las tasas de interés.
Un estado que nos asfixia con altos impuestos, que además se endeuda y obliga a los fondos de pensión (AFJP) a prestarle dinero además sube artificialmente las tasas de interés para el sector privado. Por eso más déficit es gravísimo.
Con el anunció del proyecto de presupuesto nacional para el año 2001 produjeron un viraje de 180°. Ahora resulta que es bueno aumentar el déficit fiscal y seguir endeudándonos. El proyecto prevé un aumento del déficit de un 58% del previsto por la Ley de Convertibilidad Fiscal.
Un cambio de rumbo que no tiene justificación salvo reconocer que su política para el año 2000 es la culpable de la situación actual. Pero es demasiado pedirle a este gobierno que asuma sus culpas y responsabilidades.
Pero dicho aumento además de demostrar el engaño del discurso de todo un año y del robo que significaron las metidas de mano en nuestros bolsillos, demuestra que el gobierno de la Alianza cree que las leyes no deben ser cumplidas, salvo que a ellos les venga bien.
¿De qué ética se puede hablar cuando las leyes se cambian cada vez que a un gobierno le conviene para sus necesidades políticas? ¿Porqué nosotros debemos cumplir las leyes impositivas si el gobierno no cumple sus obligaciones?
El gobierno no está fuera de la ley, salvo que vivamos en una democracia social o en el zarismo, el comunismo, etc. El gobierno en una república constitucional está obligado a cumplir con las leyes.
El gobierno de la Alianza ha incumplido la ley de responsabilidad o solvencia fiscal. El déficit del año 2000 y el proyectado para el año 2001 son íntegramente de su absoluta y total culpa. Basta de mirar al pasado, para atrás o echarle la culpa a otros.
Cuando Carlos Saúl Menem, Roque Fernández y Pablo Guidotti dejaron sus cargos además le dejaron un colchón financiero de más de U$ 3.500 millones, reservas del Banco Central por más de U$ 36.000 millones. Además la Alianza dejo de pagar a proveedores, redujo salarios y aumento brutalmente los impuestos.
La recaudación de los primeros 11 meses del año 200º comparada con los mismos de 1999 arroja un crecimiento del 3,2%, es decir U$ 1.474 millones más. Bastante modesto para semejante impuestazo, pero veamos la composición. U$ 1.074 millones vienen del impuestazo a las Ganancias (suba de alícuotas, retroactivos de altas rentas, etc.) y U$ 426 millones vienen de Bienes Personales. Es decir que los impuestos vinculados a la producción cayeron.
Todo demuestra el éxito del plan impuestazo, reducción de salarios, etc.
Si sumamos todo ello la urgencia financiera de estos meses, el blindaje solo resultan explicables por la incapacidad y la irresponsabilidad del gobierno de la Alianza.
Puede decirse sin lugar a dudas que fue un año de engaños salvo cuando el Presidente expresó al inaugurar las sesiones legislativas ordinarias; ‘quiero la plata’ (sic), refiriéndose a la nuestra. La tuvo y la malgasto.
El desastre ha llegado a tal punto que ahora se quieren robar los aportes previsionales de casi todos y fueron a pedir un blindaje, que es solo una asistencia financiera de emergencia, la cual no han recibido por mérito propio.
Fernando Navajas, economista de FIEL, expreso claramente “el blindaje se lo deben a la administración de los 10 años anteriores”. También creo que se la deben al temor de muchos gerentes bancarios que temen que un default de Argentina sumerja todos los créditos a mercados emergentes y la consecuencia directa pueda ser perder sus bonus de fin de año y ser despedidos. Pero no existe mérito del propio gobierno en haber recibido este salvataje.
Pero este blindaje es una postergación más de la resolución de los verdaderos problemas de nuestra economía. Nuestro país tiene un problema moral e institucional, no financiero, por lo tanto el “blindaje” solo posterga la resolución de los verdaderos problemas.
En nuestro país todos quieren repartir al riqueza ajena, pero a nadie le preocupa producirla, ni cuales son las reglas de juego bajo las cuales se crea la riqueza. Entonces reparten pobreza y dominación del pueblo.
La solución pasa por respetar el derecho de propiedad y la libertad individual, no por las llamadas conquistas sociales que no son más que el aumento del gasto público en cuestiones innecesarias y ajenas las funciones esenciales del estado.
Si nuestra dirigencia no entiende no debemos claudicar, debemos insistir para que al menos reflexionen y piensen porque hace 147 años Argentina comenzó a atraer capitales e inmigrantes y hoy expulsa a sus ciudadanos y los capitales.
No es una cuestión menor, pero el camino del crecimiento, de la riqueza, la prosperidad pasa por el pleno ejercicio de la libertad individual, de empresa, del derecho de propiedad. Solo entonces habrá una sociedad responsable que exija de su dirigencia políticas honestas. Mientras tanto hemos pasado un nuevo año de engaños.
Mientras tanto la bodega sigue al cuidado de los alcohólicos.