N ° 42/2000
Buenos Aires, diciembre 04 de 2000.-
Cuando en enero de 1989 los guerrilleros del MTP intentaron copar el Regimiento General Belgrano de La Tablada tenían por objetivo crear las condiciones que permitieran una toma de poder popular, o según otros que el gobierno acusara a los “carapintadas” y bajo dicha excusa se estableciera un “estado de sitio duro” para justificar medidas socializantes y autoritarias.
Pero esa mañana para justificar cualquiera de sus acciones y objetivos asesinaron a sangre fría a muchos inocentes. Cada militar, conscripto u oficial, cada policía que murieron ese día eran totalmente inocentes. No habían cometido acto alguno que justificara la muerte que le dieron los terroristas.
A nadie escapa tal circunstancia, salvo a un grupo de camaradas guerrilleros militantes aun cuando se vistan de políticos democráticos y hasta ocupen cargos constitucionales. Han llegado hasta ellos escondidos en la listas sabana de la Alianza.
Desde hace meses intentan poner en libertad a sus camaradas asesinos bajo la excusa de otorgarle una segunda instancia al juicio oral y público que ya tuvieron.
Fueron juzgados bajo el imperio de la “ley de defensa de la democracia” que ellos habían soñado sancionar para aplicar a militares y gente de “derecha”, imaginando que “ellos”, progres, jamás podrían ser alcanzados por las penas y formalidades judiciales de dicha ley.
Entonces se agarran falsamente de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para reabrir el juicio y lograr su libertad por aplicación del dos por uno.
Pero como no logran aprobar esa nueva ley de beneficios y privilegios para camaradas comunistas, el Presidente de la Ruina ha ordenado estudiar la posibilidad de sancionar algún “decreto de necesidad y urgencia” para cumplir los compromisos “internacionales”.
Obviamente pocos recuerdan que uno de los principios del leninismo era el internacionalismo, en otras palabras que con excusa de una solidaridad de clase combativa a nivel internacional se puede cometer cualquier crimen contra los connacionales. Por eso hablan de compromisos internacionales y ocultan los compromisos y promesas privadas que les hicieron a sus camaradas terroristas, porque con el pueblo argentino no hay compromiso ninguno de largarlos, ni beneficiarlos.
La sola actitud de ordenar estudiar la posibilidad de sancionar un decreto de “indecencia y urgencia” revela el desprecio absoluto que este gobierno, y los partidos de la Alianza, tienen por la Constitución Nacional.
A diario se llenan la boca expresando que ellos son “republicanos” y no violentan las instituciones. Burdas mentiras. En forma clara y terminante la Constitución Nacional prohíbe en su artículo 99, inciso 3° que el Poder Ejecutivo emita disposiciones de carácter legislativo en materias penal, tributaria, electoral o de partidos políticos.
No existe posibilidad alguna de hacerlo, sin embargo el Presidente de la Nación Fernando de la Ruina, su hermano y Ministro de Injusticias y Abusos Humanos, Jorge de la Rua, y el Ministro de Seguridad Interior, Freddy Storani, todos abogados que además juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional se han puesto a estudiar como violarla.
No tienen ninguna excusa siquiera para iniciar el análisis de un decreto de indecencia y urgencia para liberar o dar nuevas oportunidades a los asesinos de La Tablada. Los guerrilleros del MTP deben cumplir su condena.
Si Carlos Menem hubiera intentado sancionar algún decreto de necesidad y urgencia sobre materia penal, los cuestionamientos hubieran ido desde la crítica feroz a la burla por su ignorancia constitucional. Para estos funcionarios “progres”, violadores conscientes de la Constitución casi no hay voces que los condenen en su ignorancia o en su mala fe.
Se trata de una cuestión a favor de camaradas internacionalistas y paree que ello exculpa toda crítica.
Si Fernando de la Ruina pudo ser titular de cátedra de Derecho Procesal Penal en la UBA y a la vez Senador Nacional, dándoselas de republico y ahora impulsa este estudio debemos concluir que sus alumnos han sido enseñados en el error o su intención de abusar del poder es cuando menos igual a la de Chávez.
No son los discursos, las palabras con las cuales se construye una democracia republicana, sino los hechos, los actos, y en ellos se ve con claridad a un presidente al margen de la Constitución Nacional, de la ley.