N ° 40/2000
Buenos Aires, noviembre 20 de 2000.-
La negociación del gobierno aliancista con los concesionarios de las rutas con sistema de peaje determina que no habrá prórroga cumpliéndose, en este aspecto, la concesión original que concluye el 30 de Noviembre de 2003. Porque la resolución del Ministro de Deseconomía José Luis Macanea contiene otras cuestiones sospechosas.
Los concesionarios reclaman una vieja deuda originada en el compromiso del Estado de indexación de la tarifa del servicio, en un 80 % de la tasa Libor, la cual les ha sido reconocida. La legitimidad de esa deuda parece muy discutible ya que los concesionarios debían una multa cercana a los $28.000.000, existen aún a siete años de las concesiones obras no ejecutadas estimadas en un valor aproximado a los $ 118.000.000. Si la actualización de peajes correspondía a las obras no ejecutadas, no existe la deuda que el transparente e incorruptible gobierno a reconocido a los concesionarios de esas rutas. Quienes cabe destacar han logrado impulsar como constructores y proveedores del estado algunos proyectos de ley para evitar la competencia de nuevas empresas, o de las extranjeras.
A cambio de esos sacrificios los negociadores del gobierno han reconocido la deuda por no actualizar los peajes y se obligan a que la paguemos los argentinos con bonos del Tesoro (más deuda) y una pequeña parte del 15 %) en efectivo. La cifra que se reconoce y pagará son alrededor de U$ 250.000.000.
Una obligación muy importante de los concesionarios es la repavimentación integral de los 9.200 kilómetros concesionados, su costo llega a U$ 600.000.000. En la renegociación los obligados solo se comprometieron a repavimentar antes del 2003. Pero existe la enorme posibilidad que no cumplan y nadie los sancione, ya que en el año 2003 debería ser el recambio presidencial y existen algunas triquiñuelas para que los actuales concesionarios sean sus propios continuadores.
La idea de Nicolás Gallo que llamamos “Caminos al 2003” se mantiene. Se llamará a una licitación por 25 años, y quienes resulten ganadores serían los mismos que hoy tienen el negocio. Aun cuando a esa fecha sigan siendo incumplidores. Ya que el mecanismo dispone que quien quiera participar deberá pagar todo lo que se deba a los actuales concesionarios y con las modificaciones de leyes en trámite no se admitirían empresas del exterior.
En especial se deberá pagar a los actuales concesionarios los “adelantamiento de inversiones” que son al costo que estos fijen, sin que exista ningún mecanismo de competencia y transparencia para controlar la “inflación de costos”. No parece menos curioso que adelanten inversiones quienes se hallan en mora con las pactadas.
En otras palabras una demostración de previsibilidad y seguridad jurídica para los actuales concesionarios propia de los socios de cualquier dictadura.
Salvo que alguien decida ejecutar el Plan Laura que impulsaba Carlos Saúl Menem, o alguno similar la renegociación aliancista implica que en términos prácticos que por más de 25 años no habrá sistema de autopistas real en la Argentina.
Las empresas concesionarias actuales no pagarían ningún canon luego del año 2003 argumentando que ello compensa las acreencias reclamadas. Con lo cual gracias a la transparencia y eficiencia de la Alianza todo seguirá en una renegociación permanente, interminable... pero jugosa para los funcionarios de turno y los empresarios en cuestión.
Un sistema racional de autopistas debería tener concesiones sujetas a metas, calidad de servicios y obras, y al peaje que pagaran los usuarios. Mientras la comunidad estuviera satisfecha, no existe ninguna razón para cortar una concesión, además el hecho que pudiera ser revocada en cualquier momento por deficiencias obliga a la empresa concesionaria a mantenerse siempre prestando buenos servicios para satisfacer la demanda, pero si los presta mantiene el negocio con lo cual tendría seguridad y previsibilidad jurídica.