N ° 40/2000
Buenos Aires, noviembre 20 de 2000.-
Un principio básico del derecho de quiebras o concursal es la igualdad de trato entre los acreedores. No cabe duda que una vez más el estado argentino está en quiebra. Frente a esta situación producida por la irresponsabilidad de muchos políticos y los banqueros que les financiaron la fiesta el gobierno de la Alianza que encabeza Fernando Devalúa se propone realizar una de las estafas más grandes que pueda recordar la historia argentina.
Se trata de confiscar el dinero y los derechos de propiedad de quienes aportamos por años al sistema jubilatorio para poder pagarle a los banqueros. Mientras tanto los banqueros se comprometen a prestarle 20.000 millones de dólares para pagarse a si mismos los créditos que irresponsablemente dieron al estado argentino (nacional, algunos provinciales y municipales).
Los aportantes también somos acreedores. No pagarnos es la cesación de pagos o default. Parece que el único default grave fuera no pagar las deudas financieras.
¿Porque se creen los gobernantes de nuestro país y los banqueros que los aconsejan y aprietan, que los demás argentinos vamos a seguir pagando cuando vuelven a robarnos?
¿Qué aportan los banqueros? ¿Menos comisiones por colocarnos deudas? ¿Menos intereses sobre la deuda? Nada, aportan prestarnos más dinero para pagarse a ellos mismos y salvar sus empleos.
Si Argentina fuera a la cesación de pagos financiera hoy a los banqueros se les caen todos sus usurarios préstamos al resto del Tercer Mundo, y no podrían levantar esa pérdida antes del 31 de diciembre que es cuando deben cerrar sus balances. Por eso están desesperados por prestarnos el blindaje que no es otra cosa que un salvataje transitorio hasta que ellos puedan endosarle sus carteras a otros.
Salvando distancias.............
Cerrar las cuentas incumpliendo con los aportantes, sean trabajadores o profesionales es como no haber pagado los intereses de los bonos o la deuda bancaria. Solo que la medida propuesta se basa en la inmoralidad de apretar y confiscar a los vasallos, a los presos del campo de concentración. Es como sacarnos el dinero y las joyas antes de mandarnos a la ducha de la cámara de gas. Total, ellos tienen la fuerza, los perros, los jueces, y hasta algo que llaman ley.
Claro que el argumento de que era legal fue usado sin mucho éxito en Nüremberg.
Este nuevo incumplimiento anunciado del estado es una demostración más de la inseguridad jurídica que tiene todo ciudadano o empresario en Argentina. Ahora que el estado tiene dificultades financieras vienen y se roban el dinero que todos aportaron bajo la fuerza de la ley. Ya no se contentan con violar los contratos, sino que ahora explican como se van robar por nuestro bien el dinero que nos obligaron a sacar de nuestros ingresos. Es una confiscación o impuesto retroactivo, algo inadmisible.
Esto que algunos llaman ortodoxia, o modelo neoliberal en realidad es solo un fiscalismo. Y como todos sabemos el fisco casi es por naturaleza antiliberal. Es salvar las cuentas del estado a costa del derecho de propiedad de los ciudadanos.
No les dimos sus cargos, ni los votamos para que nos roben sino justamente para que protejan nuestra vida, libertad y derecho de propiedad. Y solo porque esa protección requiere jueces y policías estamos dispuestos a pagar impuestos, pero resulta que los políticos se hacen los democráticos y entonces se dedican a satisfacer las demandas de sus votantes con el dinero ajeno, el nuestro.
Hoy en Argentina nuestra vida no vale nada, salvo que seamos terroristas comunistas. Nuestra libertad está amenazada porque los jueces solo creen en las “garantías” de los delincuentes y nuestra propiedad es robada todos los días por el congreso y la administración.
Como bien señalo Dardo Gasparré si los directivos de una AFJP hicieran lo que se propone hacer el gobierno en menos de 48 horas están presos y condenados penalmente por defraudación, acá el gobierno encima quiere que lo aplaudan.
En este país te pueden confiscar tus aportes por decreto, cambiar la naturaleza del aporte en impuesto por decreto, pero jamás nadie pudo tocar las jubilaciones de privilegio (no corresponde con las especiales como son FFAA, etc), ni por ley. Porque son derechos adquiridos de políticos. Siempre joden al pueblo?
El Embajador en París Pérez Llana mientras tanto, tiene contrato de investigación con dedicación exclusiva del Conicet, es asesor de Angeloz y además jubilado de privilegio, ¿perderá su PBU? y la lista puede seguir al infinito...............
Viva la equidad eliminan la PBU y mantienen las jubilaciones de privilegio. ¡Esto es solidaridad y progresismo!
Si no van a pagar la PBU el aporte Patronal que no eliminaron se transforma en un impuesto al ingreso, igual que la parte que sacan como autónomo. Por lo tanto ¿para qué alguien pagará la moratoria? ¿Para qué pagar autónomos? Mejor hacer aportes voluntarios a la AFJP que son libres de comisión. Se ahorra mucho mas. Deberían haber hecho como Pinochet en Chile pagar a las AFJP algún bono para cubrir los aportes anteriores.
Los impuestos son iniciativa exclusiva de la Cámara de Diputados y deben ser establecidos por ley, por lo tanto esta modificación del tema PBU por decreto es otra barbaridad.
¿Qué es esta medida? Más inseguridad jurídica y violación del derecho de propiedad con el agravante que las AFJP por normas estatales también deben invertir en bonos del estado con lo cual en la próxima crisis vendrá un iluminado y dirá no paguemos los bonos de las AFJP y volvamos al reparto, o mejor aun blanqueamos el robo del sistema por décadas y harán un pagadios de los bonos que tengan las AFJP.
No contentos con semejante robo, el gobierno de Fernando Devalúa veto la gratuidad del cheque que la ley “anti evasión” hizo obligatorio. Esto es un verdadero y multimillonario negociado. Por la ley nos quieren obligar a que todo pago mayor de $ 10.000 se haga mediante cheque y los que no tengan cuenta corriente deberán pagar 0,25% de comisión bancaria.
La ley ya era contraria a la Constitución Nacional por establecer esa obligatoriedad, pero hacerla onerosa es armarle un negocio multimillonario a los mismos bancos que le prestan nuestro dinero al 15/16% anual al Estado.
El veto parcial de la ley es mucho más grave de cuanto parece, es una transferencia de dinero de unos a otros en forma ilegítima. ¡Y eso que estos decían que estaban contra la patria financiera!
A esta altura no se entiende porque no ha hecho erupción el volcán de la bronca social.