N ° 30/2000
Buenos Aires, septiembre 11 de 2000.-
Cuando el pasado martes 5 de septiembre La Nación informó que la Policía Federal estaba espiando al Juez Federal Carlos Liporaci a cargo de investigar si existieron sobornos en el Senado me quede pensando cual es el respeto por la independencia de la Justicia del que tanto habla el gobierno de la Alianza. La Nación no uso condicionales, expresó “espió”.
Espiar jueces no es una tarea habitual y de prevención de la Policía Federal solo puede explicarse en una orden política, que obviamente debe partir del Ministerio de Interior. Allí donde Federico Storani ha quedado encargado de “agilizar” la relación del gobierno con los senadores y colaborar con el Chacho Álvarez. Allí de donde se ordenan y giran los mentados ATN.
Si esto lo hubiera hecho Carlos Corach, José Luis Manzano, Gustavo Beliz o Carlos Ruckauf el escándalo hubiera sido incendiario. Pero será que para nuestro periodismo todo ataque a la libertad si viene de la Alianza está permitido.
¿Porqué tanto interés del gobierno sobre lo que se habla en el despacho de un juez?
¿Qué sabe Antonio Cafiero sobre la escucha y vigilancia ilegal? Por alguna extraña razón el Senador Antonio Cafiero le escribió los nombres al Juez Liporaci y no los expresó oralmente. Este detalle solo es explicable a luz de la ilegítima e ilegal vigilancia que están realizando desde el gobierno.
¿Qué impide que estén vigilando a muchos otros ciudadanos y dirigentes?
Seguramente las ilegales grabaciones de conversaciones privadas del ex presidente Carlos Menem y su distribución son parte de estas actividades de espionaje.
Estamos indefensos y encima se pretenden los campeones de la democracia, del respeto de nuestros derechos y garantías constitucionales.
También el posible pago de los sobornos desde organismos oficiales permite una conclusión mucho más peligrosa que todos están callando. Si pueden tomar el dinero público y darle ese uso ¿qué impide que se lleven millonarias sumas de “dineros (públicos) reservados” (por ellos) a sus casas?
La conclusión anterior es relevante toda vez que si se abrió una investigación es porque existe un camino para usar fondos públicos que ellos (la Alianza) reservaron.
Una de las más inmorales formas de cobertura al escándalo está dada por la campaña que el gobierno y el periodismo progresista impulsan, que es aquella que “siempre paso lo mismo o antes seguro que también pasaba”.
Fue con esa política de sospecha que se justificaron las desapariciones forzadas, “en algo andaría”, era entonces la frase.
De esa forma se permite sospechar a los inocentes, manchar a otros y encubrir la propia inmoralidad y los delitos que se cometen.
No es cierto que antes pasaran estas cosas. Ahora lo dicen porque les conviene. No se puede echar culpas de esta forma tan liviana. Porque si antes pasaba recordemos que ni De la Rua, ni Rosa Graciela Castagnuola de Fernández Meijide como Senadores jamás denunciaron algo similar. Y como ellos son transparentes no puedo imaginarme siquiera que hayan aceptado sobornos. ¿O sí?
Por eso cuanto más se mueven, cuanto más se ponen las pequeñas noticias que escapan a la censura de las direcciones del gran Pravda, y la agencia Tass, más sospechas llevan apuntan a la Alianza.